Mal empieza el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz, cuyos primeros directivos rindieron protesta ayer.
Se trata del comité que se encargará de vigilar que las instituciones cumplan con la rendición de cuentas, transparencia y nula corrupción; rindió protesta, pero empieza sin un espacio físico dónde trabajar.
Además de lo anterior, este organismo, que empieza presidiendo Sergio Vázquez Jiménez, arranca sin un presupuesto establecido.
Con Sergio arrancan en esa crítica y lamentable situación los otros cuatro integrantes: José Emilio Cárdenas Escobosa, Alma Delia Hernández Sánchez, José Antonio Muñoz de Cote y Mercedes Santoyo Domínguez.
Como mala señal, la ceremonia de protesta se realizó con la ausencia de los titulares del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla; del IVAI, Yolli García, y de la Contraloría del Estado, Ramón Tomás Alfonso Figuerola.
Ayer mismo el integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, Carlos Arturo Luna Gómez, criticó a los titulares de los organismos mencionados, pues con todo y que formarán parte del Comité Coordinador, brillaron por su ausencia en la ceremonia, lo que interpretó como una falta de compromiso.
Y remató señalando que demuestra también que hay resistencia de todos los organismos y del gobierno para formar el Sistema Anticorrupción.
Nada más para darnos una idea, entre sus funciones el Comité de Participación Ciudadana debe generar el andamiaje para le rendición de cuentas, homologar las prácticas de vigilancia del sistema estatal con el nacional de Anticorrupción y hacer los señalamientos públicos a las instancias que hayan cometido actos de corrupción.
Entre los asistentes se escuchó el comentario de que parecía que aún estaba vigente el sexenio de Duarte.
La crisis en el IPE parece no tener solución: Otro organismo que sigue en el ojo del huracán y al que no le hallan el modo es el IPE, donde su actual director se caracterizó por ser un fuerte crítico del mismo instituto antes de llegar al cargo.
La crisis del Instituto de Pensiones del Estado no es nueva, se ha hecho evidente desde hace varios años y el economista Hilario Barcelata criticó en repetidas ocasiones el manejo erróneo del organismo y llegó a proponer fórmulas para resolver la problemática.
Hoy está como director y parece que sus fórmulas no han funcionado, o simplemente cayó en el juego político del que no pudieron sustraerse sus antecesores.
Ayer, por ejemplo, la integrante de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, Adriana Chávez Tejeda, hizo pública la queja de que a varios jueces jubilados el instituto les adeuda pagos retroactivos de sus salarios.
La Copipev ha denunciado esta situación y ante el incumplimiento decidió acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde presentó una queja en contra del IPE y de la Sefiplan.
También comentó la quejosa que a otros trabajadores también les adeudan retroactivos de sus salarios porque la Secretaría de Finanzas no libera los recursos, de ahí la insistencia de que el IPE se convierta en un instituto autónomo.
Éste es otro de los temas pendientes de la administración estatal que seguramente no va a resolver, pese a lo ofrecido hace dos años.
Hay que recordar que la tendencia general es la privatización de los sistemas de pensión y todo parece indicar que no habrá otro camino en el caso de Veracruz.
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