La aprobación de la Ley de Prevención, Atención y Asistencia de la Violencia Familiar en el Congreso del Estado de Veracruz, es un paso fundamental para proteger a nuestras familias y garantizar un entorno más seguro para todos.
La violencia familiar es una problemática que afecta gravemente a nuestra sociedad. Del 1 de enero al 9 de julio de este año, se registraron cuatro mil 859 delitos de violencia familiar y siete mil 893 llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia familiar en Veracruz, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas cifras nos muestran la urgencia de actuar y poner en marcha medidas efectivas.
Lograr consensos ha sido clave para este avance. Hemos trabajado arduamente para definir conceptos con precisión y adoptar enfoques que aborden las diversas formas de violencia familiar. La colaboración con expertos en derecho constitucional y derechos humanos ha sido esencial para afinar términos fundamentales como "pro persona", "interés superior de la niñez" y "progresividad".
Estoy particularmente satisfecha de que se hayan incluido algunas de mis propuestas en la ley, como la definición de violencia económica y los mecanismos para proteger a las víctimas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Dentro de las modificaciones que presentamos en el dictamen de la iniciativa de Ley de Prevención, Atención y Asistencia de la Violencia Familiar, incluimos la reserva de ley para reconocer la violencia económica en la familia, una violencia que ha sido normalizada y que ha afectado a muchas mujeres.
Visibilizar la violencia económica en la familia es un gran paso. La definimos como cualquier acción que controle o limite los recursos económicos de un miembro de la familia, afectando su bienestar y autonomía. Alzamos la voz para poner fin a cualquier tipo de violencia y erradicar estas conductas.
Además, he propuesto una reserva al artículo 22 para armonizar las facultades de la fiscalía estatal establecidas en esta ley con el artículo 73 constitucional.
Aún enfrentamos grandes retos, pero la implementación y actualización de esta ley requerirán un esfuerzo continuo y la colaboración activa de todas las partes involucradas. Propuse adoptar un enfoque similar al de la Ciudad de México y Oaxaca, con la participación de instancias como el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres, Veracruz.
Debemos sumar voces para desarraigar la cultura de violencia y promover una cultura de paz en favor de nuestras familias. Con la colaboración de todos, continuaremos fortaleciendo nuestros reglamentos y asegurando que nuestras leyes protejan y asistan a las víctimas de violencia familiar.
Con el compromiso de todos, podemos construir un Veracruz más justo y seguro para nuestras familias.
