No cabe duda que los representantes populares que fueron postulados por el partido Morena en las cámaras de Diputados y Senadores, en su mayoría carecen de sensibilidad política y de solidaridad social con el pueblo, incluida la parte que corresponde a los electores apoyadores de un gobierno que cada vez más aspira a convertirse en un régimen dictatorial.
La propuesta aprobada el lunes pasado en la Cámara de Diputados, para el registro obligado de los jóvenes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el único requisito de haber cumplido la mayoría de edad, resulta violatoria de los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad, puesto que aún sin contar con una fuente de ingresos formal, con el solo registro fiscal obligado ya se le considera al sujeto como un obligado a presentar sus declaraciones fiscales en “ceros”, aunque los jóvenes sigan siendo dependientes de apoyos económicos y manutención familiar.
La burocracia exagerada que tiene saturadas las oficinas gubernamentales federales, estatales y municipales de trámites y papelería inconducentes al fin primordial del fisco, seguramente se va a congestionar con un taponamiento que impedirá el funcionamiento ágil a los verdaderos contribuyentes, con las consiguientes molestias y la generación de multas y recargos por la burocracia excesiva a la que nos tendremos que enfrentar.
Nada gana el gobierno federal con registrar anticipadamente a quienes quizá algún día lleguen a ser contribuyentes del gasto público, porque su actividad o situación personal coincida con la que la ley señala como el hecho generador del crédito fiscal. En cambio, el propio gobierno federal sí pierde como destinatario de esta improcedente reforma legislativa, ante la posibilidad de que los cerca de ocho millones de jóvenes mexicanos que registra el INEGI, se presenten a cumplir con la nueva obligación de tramitar su RFC, sin más objeto que el de ocupar un espacio en las listas de “ninis” futuros tributarios.
Con estas incoherentes, improcedentes y temerarias ideas de los nuevos “cerebritos” incorporados al servicio público y al Congreso de la Unión, más valdría reservar sus talentos y mandarlos a tomar cursos de capacitación para el desempeño de funciones públicas, en lugar de seguir dañando al país irremediablemente.
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