El constitucionalismo mexicano, construido sobre los cimientos de la representación democrática, la independencia judicial y la autonomía de los órganos técnicos, enfrenta hoy una amenaza sin precedentes.
Las propuestas de sobrerrepresentación legislativa, la elección popular de jueces, y la eliminación de órganos autónomos representan no solo un retroceso en la evolución democrática del país, sino también una flagrante violación de los principios constitucionales que han garantizado, hasta ahora, la estabilidad y la equidad en el ejercicio del poder.
La sobrerrepresentación legislativa en la Cámara de Diputados es una afrenta directa al principio de representación proporcional establecido en el artículo 54 de la Constitución. Este principio no es un mero tecnicismo legal; es el corazón del sistema democrático mexicano, diseñado para asegurar que todas las voces políticas tengan una representación justa en el Congreso.
La distorsión de este equilibrio, que permite al oficialismo obtener una mayoría desproporcionada, destruye la pluralidad política y da lugar a un gobierno que no refleja la voluntad popular.
El peligro de esta sobrerrepresentación es claro: permite la aprobación de reformas constitucionales y legislativas sin el consenso real de la ciudadanía, debilitando así el sistema de pesos y contrapesos que debe caracterizar a un Poder Legislativo independiente.
Esto abre la puerta a una legislación sesgada que beneficia únicamente al partido mayoritario, consolidando su poder y creando un terreno fértil para el autoritarismo. El daño a la democracia es incalculable, y las consecuencias podrían ser irreversibles.
La propuesta de reformar el Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular es, en esencia, una amenaza a la independencia judicial consagrada en el artículo 94 constitucional.
La justicia debe ser imparcial y basada en el derecho, no en la popularidad de quienes la imparten. La politización de la justicia no solo comprometería la integridad de las decisiones judiciales, sino que también abriría la puerta a un Poder Judicial susceptible a las presiones populistas y electorales.
Elegir a los jueces por popularidad y no por méritos y capacidades es un riesgo intolerable. Las decisiones judiciales podrían ser influenciadas por intereses políticos o criminales, erosionando la confianza pública en el sistema de justicia.
Este escenario es particularmente peligroso en un país donde la imparcialidad judicial es fundamental para la protección de los derechos humanos y la democracia. La independencia del Poder Judicial no es negociable, y cualquier intento de socavarla es un ataque directo al Estado de Derecho.
La eliminación de órganos autónomos es una concentración indebida de poder en el Ejecutivo Federal, contraviniendo los artículos 6º, 25, 26, 27 y 28 constitucionales.
Estos órganos son pilares fundamentales de la democracia mexicana, proporcionando contrapesos esenciales en áreas como la energía, las telecomunicaciones, y la evaluación de políticas sociales. Su autonomía garantiza que las decisiones técnicas sean tomadas con transparencia y basadas en evidencia, sin interferencia política.
El desmantelamiento de estos órganos no solo erosiona la transparencia y el acceso a la información, sino que también pone en riesgo la evaluación independiente de políticas sociales críticas. La politización de decisiones técnicas puede llevar a la adopción de políticas ineficaces o incluso perjudiciales.
Además, este movimiento regresivo compromete los derechos humanos, limitando la participación política equitativa, el acceso a un juicio justo, y la protección de derechos económicos y sociales. Vamos a participar en el debate parlamentario, para exhibir esta distorsión a la democracia y al Estado de Derecho.
@lorenapignon_
