El concepto de “la educación indígena” nace a partir del encuentro entre indios y españoles y cuando aparece el deseo de transformar a los habitantes originarios del país en algo diferente o cuando se les define desde categorías ajenas a sus culturas. La educación indígena siempre se ha referido a aquello que se considera que los indígenas deben saber, y no a la instrucción o enseñanza que los indios mismos imparten o impartieron. Desde siempre, hablar de educación indígena supone una apreciación externa de sus culturas. (La educación indígena en México. Revista de Cultura Científica. UNAM)
En opinión de Elisa Ramírez Castañeda: El papel de las diferentes poblaciones, culturas y lenguas que deben compartir un mismo territorio o participar en un solo proyecto de nación ha sido conflictivo; las diferencias siempre se consideran valorativamente, otorgando a los indígenas una categoría inferior a la de otros mexicanos: al hablar de diferencias nos referimos a la desigualdad económica, política y social. El sometimiento, la explotación, la exclusión de las esferas de decisión —en educación y política— han hecho de la diferencia una debilidad. Toda política indigenista —o educativa— se ha encaminado desde el principio a hacer menores las distancias entre las culturas para así zanjar la brecha pero tal acercamiento implica siempre la renuncia del indio a su cultura para adoptar la dominante.
La educación indígena en México ha sido un tema de gran importancia y desafío. A lo largo de los años, se han implementado diversas políticas y programas para mejorar la calidad educativa de las comunidades indígenas, que representan una parte significativa de la población del país. México es el país de Latinoamérica con mayor población indígena, seguido por Perú y Bolivia. Además, México posee una de las mayores riquezas y diversidades lingüísticas del mundo, con 364 variantes lingüísticas y 68 agrupaciones lingüísticas. En 2017 el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEE registró que “esta heterogeneidad de población indígena —autoadscrita, hablante de lengua indígena o monolingüe— e idiomas se distribuye por toda la geografía nacional, con mayor concentración en los estados de Oaxaca (14.9%), Chiapas (11.9%), Veracruz (10.9%), Estado de México (9.3%), Yucatán (9.1%), Puebla (7.4%), Hidalgo (5.7%) y Guerrero (4.3%).
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) considera que existe una deuda histórica con poblaciones docentes y estudiantiles en contextos indígenas, ya que a pesar de que se reconoce su derecho a una educación escolar en su lengua materna, aún es necesario destinar recursos para ello, destacó Silvia Valle Tépatl, comisionada presidenta de la junta directiva de este organismo público. De acuerdo con datos de Inegi y Coneval, “mencionó que —en 2019— 7.8% de los preescolares indígenas no contaban con un docente que hablara la lengua materna de la comunidad. En Chiapas —segundo estado con más población hablante de lengua indígena y la entidad federativa con el mayor número de personas en pobreza— sólo 20% de docentes era hablante de la lengua de la comunidad. A pesar de la inmensa cantidad de alumnos indígenas por atender, diversos indicadores permiten afirmar que el derecho a la educación para la población indígena no está garantizado, y que se encuentra limitado por distintas carencias y vacíos que afectan a este grupo”. Finalmente, comentó que la distribución de recursos en las escuelas que atienden población indígena es desigual en relación con aquellas que atienden estudiantes no indígenas, una situación que ha prevalecido a lo largo de la historia de la educación en México.
En su momento el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEE recomendó: Fortalecer el enfoque de inclusión, equidad y no discriminación en la política educativa nacional, con énfasis en la atención y la participación de la población indígena. Esto adquiere visibilidad en tópicos específicos: el fortalecimiento del presupuesto correspondiente, la aplicación de políticas educativas con enfoque de salvaguardia cultural acentuada en el idioma -incluye la solidez de las áreas gestoras y la vinculación interinstitucional- con pleno reconocimiento de las características poblacionales locales, y el impulso a los programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que apuntalan la multiculturalidad y la colaboración activa de otras instituciones gubernamentales que permiten desarrollar políticas integrales acordes con la realidad escolar y su contexto.
También el INEE habló de robustecer el vínculo entre la escuela y la comunidad, como ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, y base de la pertinencia y la calidad de la educación que reciben. En aras de esto, las poblaciones locales requieren espacios, métodos y regulaciones para la expresión clara y oportuna sobre la oferta educativa que recibirán. A su vez, estas voces deben tener cauces de valoración y validación en tiempos y formas útiles para el sistema educativo. A lo anterior se debe sumar “el desarrollo profesional de docentes y directivos acorde con las necesidades educativas y los derechos de la niñez indígena. Esto implica que los docentes y los directivos posean características profesionales y culturales acordes con las características del contexto: dominio de la lengua madre, conocimiento de las artes y las tradiciones, reconocimiento de la cosmovisión, conciencia del calendario cultural y competencias de gestión comunitaria. Estas particularidades se convierten en elementos esenciales de la formación inicial y continua docente. Y asimismo garantizar centros escolares con infraestructura y equipamiento que respondan a las necesidades de las comunidades indígenas. Esto -unido a los correctos servicios y equipamientos - instaura ecosistemas locales de conocimiento y aprendizaje. Es decir, la singularidad cultural se refleja en la singularidad escolar construida con apego a las normativas vigentes.”
Acorde a estas reflexiones el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) después de la experiencia de la pandemia de Covid-19 analizó diversos problemas sobre la atención a la población indígena en el estudio “Educación para la población indígena en México: El derecho a una educación intercultural y bilingüe”. Ahí se expone que en 2020, en el país había 11.8 millones de personas que habitaban en hogares indígenas (5.8 millones hombres y 6.0 millones mujeres). También, con base en los resultados de la medición de la pobreza en México del Coneval, alrededor de 8 de cada 10 personas que declararon hablar alguna lengua indígena se encontraban en situación de pobreza (76.8%), cifra significativamente superior a la que presenta la población no hablante de alguna lengua indígena (41.5%); en cuanto a las carencias sociales, el 47.0% presenta rezago educativo, el 80.9% no cuenta con seguridad social y el 67.4% no cuenta con los servicios básicos de la vivienda. El 19.8% del total de la población hablante de lengua indígena era analfabeta (es decir 1.3 millones de habitantes), lo que representa que 2 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena no sabían leer ni escribir. Estas proporciones varían según grupos de edad. Para la población hablante de lengua indígena de 12 a 17 años la tasa de analfabetismo es de 3.2%; para el grupo de 18 a 29 años, este porcentaje aumenta a 5.1%; para el grupo de 30 a 64 años se incrementa hasta el 20.6%. Si bien en los últimos 20 años hubo avances importantes en materia de alfabetización de la población hablante de lengua indígena, aún queda mucho por hacer. Existen brechas generacionales y de sexo considerables entre esta población.
Hoy en el campo de la educación en general y el derecho a la educación intercultural y bilingüe en particular, se permiten florilegios demagógicos, discursos intrascendentes de las autoridades educativas.
