En un país demócrata como lo es México, el Poder Judicial es clave en el sistema de pesos y contrapesos, donde su función principal es interpretar la Constitución y las leyes, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos y revisando y vigilando que las acciones de los otros poderes (Ejecutivo y Legislativo) sean legales y constitucionales.
Pero todo parece indicar que a la primera mujer presidenta de este país, se le olvidó que existe una división de poderes, y no solo eso, sino que se tiene que respetar, porque ella es el ejemplo de cómo los ciudadanos deben reaccionar ante situaciones judiciales.
La semana pasada, una jueza veracruzana ordenó, con un plazo de 24 horas, que el Ejecutivo federal eliminará del Diario Oficial de la Federación (DOF), la publicación en torno a la reforma al Poder Judicial aprobada, y de no hacerlo se podría imponer una pena de 3 a 9 años de prisión o destitución del cargo público.
Pero la presidencia prefirió el desacato y la persecución, y dejó en claro que no eliminaría nada, y autoritariamente precisó que la impartidora de justicia sería denunciada ante el Consejo de la Judicatura Federal. Sin duda, la titular del Ejecutivo se extralimitó en sus funciones.
Y bajo el argumento de que es decisión del pueblo “reformar” al Poder Judicial, le decimos a la presidenta que no fue así: el pueblo votó por el cambio de Presidente de la República, diputados, senadores y en algunos casos de alcaldías, no por jueces y ministros de la Corte.
Dicha suspensión emitida es para corregir todo lo que se hizo mal y que así se aprobó en ambas cámaras, no para eliminarla, solo para modificar y revisar detenidamente una reforma hecha en las rodillas.
Además, en ningún rincón de la Constitución se dice que el Ejecutivo federal tiene la facultad de determinar la legalidad de lo que deciden los jueces y lo único que está demostrando es que la presidenta va contra la Constitución.
Y es una completa irresponsabilidad presidencial la respuesta y el actuar de la jefa del ejecutivo federal, porque la toma de decisiones para administrar un país no es por la vía del desacato; las leyes y procedimientos se cumplen; el ejemplo que está dando a los millones de mexicanos es que hagan lo que les dé la gana.
Un gobierno que desacata mandatos judiciales pierde legitimidad ante el ciudadano para exigir el cumplimiento de la ley, y la legitimidad no sólo emana de los votos en las urnas, sino también de las acciones. Ahora lo que hizo fue abrir la puerta a que todos los ciudadanos vivamos en desacato a la ley, a las autoridades, a la misma investidura presidencial.
*Diputado federal. PAN
