Sería penoso para Veracruz quedarse sin futbol profesional, como parece inminente, no sólo por tratarse de una actividad deportiva que sirve de recreación para miles de veracruzanos aficionados al balompié; sobre todo y lo más importante son los empleos que podrían perderse en un sinfín de actividades formales e informales, desde las refresqueras, cerveceras, comerciantes, hoteleros y restauranteros con sus trabajadores, hasta transportistas foráneos, gasolineros, taxistas, vendedores de playeras, volovaneros, taqueros y hasta revendedores.
El juego del sábado entre el equipo veracruzano ante las Chivas en Guadalajara pudo ser el último juego de los escualos. El asunto es complicadísimo para su dueño, Fidel Kuri Grajales, por la falta de liquidez para pagar a sus jugadores, las deudas atrasadas que no reconoce, entre ellas cubrir un millón y medio de dólares por el traspaso del jugador argentino Matías Cahais, y ahora una sanción de la FIFA que acorrala al empresario orizabeño prohibiéndole comprar o vender a jugadores, lo cual lo condena a desaparecer; peor es que, debido a esa insolvencia o negativa de pago, cinco de sus jugadores extranjeros (Iván Santillán, peruano; Bryan Carrasco, chileno; Sebastián Rodríguez, uruguayo; Kazim Richards, turco-inglés, y Abraham González, español) rescindieron legalmente sus contratos por incumplimiento salarial, cartas que dejaron de pertenecer al club escualo y significan importantes activos que Kuri también pierde.
Ahora, sólo falta que la Liga MX cumpla su amenaza de desafiliar al Veracruz, lo que se sabrá pronto, el próximo día 3 de diciembre, cuando los dueños de clubes realicen su Asamblea en Toluca para decidirlo, o se tome la determinación de entrar al rescate del equipo y ésta se haga cargo para evitar que por falta de uno de los clubes se entorpezca su calendario de juegos del próximo torneo, o aceptar la venta del club a otro propietario, que sí los hay, incluso de Veracruz con una propuesta que hace tiempo hizo la política y empresaria sureña Regina Vázquez Sáut en nombre de un grupo de socios y, hace unas horas, de otro empresario de servicios de logística y gestión deportiva que ha planteado ese interés a FKG.
El costo de una franquicia de primera división se calcula de entre 10 a 15 millones de dólares, lo que no es cualquier suma, aparte de las millonarias contrataciones que deban hacerse.
A todo esto, ¿qué papel juega o ha jugado el gobierno del estado, dueño del estadio Luis “Pirata” de la Fuente? En una entrevista que concedió el pasado 10 de octubre, cuando ya se veía venir toda esta situación, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó otorgar apoyo económico para que el equipo permanezca en esta plaza. Dijo: “sería una lástima que se llevaran al equipo del estado, pero (…) Hay otras prioridades” y planteó la “opción (de) buscar a alguien que se haga cargo.
Somos dueños del estadio y del nombre de Tiburones Rojos, habría que buscar quién pueda entrarle”. Acaso en parte tenga razón. Este deporte es un negocio, y como tal debe estar en manos de empresarios, no del gobierno, como se hizo incluso hasta con tintes políticos en tiempos de Dante Delgado Rannauro y Fidel Herrera Beltrán.
Sin embargo, ese argumento tampoco puede justificar el abandono de una actividad deportiva que brinda oportunidades de desarrollo a la juventud y de miles de empleos a la zona, como aquí mismo se señala, y en este caso, el gobierno podría intervenir e intermediar para evitar la sentencia de muerte que pende en contra del futbol profesional en Veracruz, que además evitaría que el estadio se convierta en otro “elefante blanco” como ahora son el estadio de beisbol “Beto Ávila” y el auditorio “Benito Juárez”, que se encuentran en desuso y deteriorándose por falta de mantenimiento.
Ahí queda este análisis para la reflexión.
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