El control en los precios del gas licuado de petróleo (L.P.) en todo el país, se ha convertido en el talón de Aquiles de los funcionarios responsables de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, debido a que la promesa hecha en campaña por el jefe del ejecutivo federal, no se ha cumplido, pues el escalamiento sobre el precio máximo, dado a conocer oficialmente, ha sido imparable y ha rebasado por mucho, la capacidad de compra de las y los jefes de familia, no obstante el aumento desmedido al salario mínimo, decretado desde el Palacio Nacional.
En México, se estima que un 75% de la población, consume en sus hogares el gas L.P. Y se afirma por las empresas gaseras, que ha disminuido el consumo de gas, siendo sustituido por aparatos electrodomésticos como los hornos de microondas, estufas eléctricas, calentadores solares y en el medio rural la leña y el carbón evitan el uso del gas L. P., por la insuficiencia de recursos económicos o por vivir en zonas de amplia marginación.
El pasado domingo, fue transmitido en televisión nacional y redes sociales un “zafarrancho” protagonizado por policías de la CDMX y choferes y ayudantes de distribuidores de los tanques de gas L. P., por diversos motivos como la falta de control en el precio de los tanques de 20 y 30 kilos. ¿Hasta dónde pretende el gobierno de la 4T, continuar con esa pasividad?, Permitiendo confrontaciones entre ciudadanos y agentes del orden público, hechos que ahondan más la división que abandera el gobierno morenista, para aplicar la máxima maquiavélica de “divide y vencerás”.
En los tiempos del expresidente José López Portillo, después de la devaluación del peso frente al dólar y de la nacionalización de la banca, el mexicano común se consolaba al decir: “con López Portillo, todo lo prometido es deuda”.
La realidad es que el empobrecimiento generado por un gobierno irresponsable como el de José López Portillo, carente de vinculación y solidaridad social, no debe repetirse ya que si esto sucede, la rebelión de los mexicanos podría alcanzar dimensiones inimaginables, que acabarían con las instituciones y el estado de derecho y todo se volvería un gran caos.
