Después de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, que trastocaron el orden citadino y pusieron en riesgo la estabilidad política en la capital del país, por las decisiones que se tomaron en altas esferas de la burocracia y desembocaron en hechos sangrientos, se abrieron espacios en el gobierno para dar lugar a la prospectiva política, con el fin de identificar escenarios y actores, para anticipar o pronosticar hechos y consecuencias que podrían influir en la gobernanza de las 3 esferas u órdenes de gobierno.

El presidente Miguel de la Madrid, consideró que hasta su llegada a Los Pinos, sus antecesores confundían la seguridad del estado con la seguridad del gobierno, y eso le llevó a cancelar las distintas áreas burocráticas que trataban de cubrir (sin éxito) la seguridad del Estado mexicano. De la seguridad del estado, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se encargó una oficina de operación política que se convirtió en la Dirección Federal de Seguridad, haciendo un trabajo de coordinación con la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales.

Muchos consideran que todo lo anterior arrojó resultados insuficientes para prevenir y evitar hechos políticos que desencadenaron la violencia y que dieron pauta para que los disidentes calificaran esas acciones como provenientes de un gobierno represor que coartaba los derechos humanos y las libertades de reunión, asociación y libre expresión de las ideas, por lo que el sucesor de de la Madrid, tomó medidas que perduraron hasta el inicio del actual gobierno de la 4T.

El 13 de febrero de 1989, Jorge Carrillo Olea y Jorge Tello Peón crearon el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), siendo designado como primer director Carrillo Olea y como encargado de los servicios técnicos de la mencionada dependencia, se designó a Tello Peón y siempre se dijo que ambos personajes fueron los responsables del trabajo de inteligencia y espionaje del gobierno federal.

El desbarajuste nacional que se vive en la actualidad, ha llegado a rebasar los límites de la tolerancia, que los gobernantes tienen obligación de sobrellevar y que la gente reclama a los depositarios del poder político para que pongan orden y se garantice la seguridad y la paz. Al presidente López Obrador, le hace falta dejarse orientar por el área de prospectiva política y reconsiderar el “error de diciembre” de 2018, que lo llevó a desaparecer el CISEN, mandando sus restos a la Secretaría de Seguridad Pública.