Sin importar el origen o la condición social, entre los escenarios y los protagonistas que conforman el ámbito natural en el imaginario infantil están, en primera instancia, el hogar y la familia, luego, la escuela, los maestros y condiscípulos. El resto queda fuera del círculo cercano y, por lo tanto, mucho más alejado.
Muy pronto la escuela se torna una continuidad de la casa y del ámbito familiar. Sin olvidar las realidades sociales y económicas, tanto en el medio rural como urbano, en todas las épocas, aquella aparece como actividad sustantiva. Los recuerdos de la escuela dan cuenta de un universo particular que no necesariamente complementa el doméstico. Desde la experiencia primigenia de ir a la escuela, enfrentar un espacio desconocido, gente diferente y empezar a socializar con otros niños, generó sentimientos y experiencias diversas. Con el vínculo cerrado de la familia, cuando la había, carecer de resguardo o protección, dar paso a una nueva forma de vida, horarios diferentes, espacios extraños, ordenamientos y disciplinas diversas, obligaron a los niños a procesos, el reconocimiento, primero del escenario y los nuevos protagonistas en su vida, para luego proceder a la adaptación e integración en la escuela (Eugenia Meyer, UNAM). Con la disposición el artículo tercero en la Carta Magna en 1917, se establece un ordenamiento jurídico, que reconoce el derecho a educarse al hacer de la educación básica un imperativo por parte del Estado asume que la misma deberá ser laica, gratuita, obligatoria y de calidad.
Sylvia Schmelkes del Valle, investigadora y maestra de la Ibero Ciudad de México, comenta: El Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) lanzó recientemente el Estudio Diagnóstico sobre el Derecho la Educación 2023, a la par de la Evaluación Integral de la Política Social Vinculada al Derecho a la Educación. Es de encomiar que Coneval lleve a cabo el monitoreo de las políticas sociales y de la situación que guarda la educación en el país desde un enfoque de derechos.
El derecho humano a la educación hace referencia necesariamente al derecho a una educación de calidad, que no es otra cosa más que el derecho a aprender lo que se requiere para vivir una vida digna y, como por definición el derecho es de todas y todos, también significa una educación con equidad respecto a la educación de calidad. Monitorear el Estado del derecho a la educación de calidad implica revisar (entre otros) el aprendizaje, pues el aprendizaje es la razón de ser del servicio educativo, su propósito en última instancia. La Dra. Schmelkes del Valle precisa: No tenemos información confiable sobre lo que aprenden las y los estudiantes en nuestro sistema educativo. Esto es muy grave sobre todo por el impacto que tuvo la pandemia del Covid-19 sobre la asistencia, la permanencia y los aprendizajes de los estudiantes, como se analiza en el reporte de la Comisión Independiente sobre Covid en México.
En el informe, apunta Schmelkes, se observa que Coneval no hizo algunos estudios comparativos “que permitieran analizar cómo se ha deteriorado el servicio educativo en el país: ha disminuido la matrícula, aumentado el abandono escolar, se han perdido aprendizajes y las brechas de desigualdad se han acentuado. A pesar de ello, el informe atinadamente aborda el derecho a la educación desde la interdependencia de los derechos humanos. Sabemos del carácter multifactorial de la educación –las causas de la asistencia, la permanencia, los aprendizajes, la empleabilidad– son múltiples.
La investigadora y maestra de la Ibero señala: El derecho a la educación también se entiende como derecho clave, o bisagra, o habilitante, porque permite el ejercicio de otros derechos. De ahí que hay que celebrar el que se lleve esta interdependencia de los derechos humanos al monitoreo del derecho a la educación. Juan Carlos Tedesco acuñó el concepto de “educabilidad”, que refiere a las condiciones que desde el hogar facilitan o impiden que pueda cumplirse cabalmente el derecho a la educación. Él resalta la obligación del Estado de atender las condiciones precarias de salud, alimentación, trabajo infantil, falta de tiempo para la convivencia familiar, reproducción de la pobreza educativa.
El informe de Coneval Diagnóstico y la Evaluación Integral de la Política Social orientada al Derecho a la Educación tiene como finalidad última emitir recomendaciones que efectivamente sean recogidas por quienes diseñan actualmente la política social. Para ello, se requiere, entre otras cosas, invertir más, distribuir el gasto adicional con criterios de equidad y romper el carácter inercial de los presupuestos educativos. Durante la administración que comienza habrá menos recursos, el reto es significativo. Habrá que procurar que el gasto se destine preferentemente a quienes se encuentran en condiciones de desventaja educativa. La única manera de lograr la vigencia del derecho a una educación de calidad con todas y todos.
El informe también registra que se requiere atender integralmente a los docentes, que son quienes llevan a cabo el cambio educativo: elevar el nivel de su formación inicial y procurar incorporar en ella lo que se requiere para atender la diversidad y para atender con calidad a la base de la pirámide. También es necesario afinar la actualización docente, enfatizando procesos de acompañamiento a maestras, maestros, directoras y directores, a fin de orientar la práctica docente hacia la inclusión y la equidad y hacia un buen clima de aula y escuela, y con esas bases priorizar las habilidades básicas, las superiores de pensamiento y los valores de convivencia con contenidos relevantes y pertinentes para los diferentes grupos sociales.
Coneval propone políticas de largo plazo, que trasciendan las administraciones. Es necesario desarrollar políticas de Estado en educación, por lo que habría que procurarse que los propósitos se identifiquen para el largo plazo –lograr que se cumpla con todas y todos el derecho a una educación de calidad, atendiendo la diversidad– y las metas para periodos quinquenales, a fin de asegurar, en lo posible, trascender las administraciones, apunta Schmelkes del Valle. “Las recomendaciones que emanan del informe son un claro ejemplo de evidencia orientadora de decisiones de política educativa, y también de lo que debe monitorearse y evaluarse. Especialmente resalta la identificación de las poblaciones en desventaja y el análisis de brechas. En el primer caso, la lista es larga: personas con discapacidad, indígenas, migrantes, mujeres con embarazo temprano y maternidad, niños en situación de calle, adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, primera infancia, adultos mayores, entre otros”.
Sylvia Schmelkes es categórica con relación al informe sobre el estado de la educación en México: Expreso mi convicción de la conveniencia de que sea una instancia autónoma la que desarrolle algunos indicadores y las evaluaciones de la política social, pues no es recomendable que el Ejecutivo actúe como juez y parte. Coneval, a pesar de no ser un organismo autónomo, está en la lista de los organismos que la iniciativa de reforma constitucional que pronto comenzará a discutirse propone desaparecer. Ello sería lamentable, pues no es fácil que otra instancia pueda, con independencia, asumir la función de evaluar la educación y la política educativa con un enfoque de derechos, necesaria para contar con los elementos que permitan avanzar hacia un país más justo y equitativo.
