“Haremos más con menos”. Ésta es parte de una de las afirmaciones de María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y que marcó el inicio de su administración pública, así como la vida académica y administrativa y procedimental de los miembros de la comunidad científica y tecnológica en México. Esta aseveración no es más que un acatamiento —sin la menor crítica, análisis y discusión de una postura poco clara en cuanto a política científica— a los mandatos del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.
CIENCIA MEXICANA EN DECLIVE
Si bien es cierto que en años anteriores la situación por la que atravesaron estas áreas de conocimiento no fue la mejor (no se cumplió, por ejemplo, el compromiso de llegar al 1% del PIB), lo que va de 2019 nos ha permitido ver algo patente y alarmante a la vez: el inicio de una de las peores crisis de la ciencia mexicana en lo que compete a su historia contemporánea. La gestión en esta línea va en declive. Tenemos ante nuestros ojos iniciativas por parte del gobierno actual que en nada resuelven los problemas que ya existían y que fueron legados por sexenios anteriores.
Recortes presupuestales, propuestas de leyes totalmente incongruentes, desinterés en el progreso y posicionamiento de las investigaciones nacionales ante la escena de la sociedad del conocimiento a nivel global, entre otras cosas, marcan y determinan el apogeo de la oscuridad de nuestra política científica.
Es un hecho palmario que la gravedad del asunto deviene de gestiones precedentes. Pero no es cuestión de mirar atrás hacia la búsqueda de los iniciadores de la catástrofe, de revirar a las críticas de los medios de comunicación ni las emitidas por miembros de la comunidad científica a partir de un cambio de enfoque. Todo lo contrario.
La actual directora de Conacyt debe asumir la responsabilidad total de lo que abarca su labor: dar respuestas significativas, propuestas de solución, iniciativas que hagan pensar que existe un futuro para la investigación nacional. Una vez que se tenga el diagnóstico de este problema, comenzar a diseñar alternativas reales, plausibles. Se trata de progresar, no de involucionar. Como encargada del Consejo, tiene la obligación moral y política de hacer las cosas al margen de intereses de un partido unipersonal.
LA AUSTERIDAD REPUBLICANA: UN PANORAMA NEGRO PARA LA CIENCIA
Cambio climático, calentamiento global, derechos humanos, estudios sobre el cáncer, desarrollo social o energías limpias son sólo algunas de las investigaciones que se ven en tela de juicio o penden de un hilo muy endeble tras la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado y la emisión del memorándum regulador de medidas de austeridad, este último documento enviado por el mandatario federal para “regular” el uso del presupuesto en ciencia y tecnología.
Seamos analíticos. Aquí hay dos cuestiones totalmente relacionadas entre sí: una ley de austeridad que por extrapolación tiene implicaciones severas en la sociedad científica en términos de uso de infraestructura y formación de personal técnico y académico, y, por otra parte, tenemos un documento que limita la actividad de los investigadores en cuanto a su presencia en eventos internacionales, como estancias, participación en congresos, foros, encuentros, etcétera.
FRENO A INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Con relación al primer aspecto, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC, se manifestó en contra de esta ley de austeridad, dado que para los integrantes de su Mesa Directiva, con este tipo de iniciativas sólo se frena el avance de la generación de conocimiento, su progreso y trascendencia. Así, investigaciones como las señaladas líneas arriba no podrían ver la luz de manera efectiva. Esto se reflejará, sin duda alguna, en recortes de personal tanto técnico como administrativo y académico, principalmente aquellos que aún están en formación y que, como suele ocurrir en nuestras instituciones, son los primeros en “pagar los platos rotos” de las decisiones políticas, educativas y universitarias.
El segundo punto es aún más alarmante. Según lo establecido en el memorándum, a partir de esto los investigadores que pretendan viajar al extranjero deberán, como en los viejos regímenes tiránicos, ser avalados por el presidente de la República. El argumento que se ha presentado ante la opinión pública señala que los miembros de la comunidad científica han derrochado el recurso por su turismo académico “a expensas” del erario público.
Para el mandatario nacional, los investigadores que quieran viajar al extranjero con el recurso público deben enviar una solicitud, la cual podrá ser aceptada o rechazada por puño y letra del presidente, de acuerdo con, hasta el momento, dos criterios objetivos: una aportación significativa a la ciencia y, además, que no pretendan hacer turismo académico. Si es así, entonces podrán trasladarse al país donde se les requiera.+
Pero ¿qué investigaciones serán avaladas?, ¿habrá un grupo de expertos en cada temática, como comité especializado y dictaminador, que decida qué investigaciones son más relevantes que otras? O, todo lo contrario: ¿dependerá del ejecutivo nacional la decisión completa? Éstas son unas de las interrogantes que se han desprendido de la inconformidad generalizada de la academia y apenas nos encontramos, me temo, en la antesala del verdadero apogeo de la crisis de la ciencia mexicana en términos contemporáneos. Debemos ver el posicionamiento de los diferentes colectivos, agrupaciones, asociaciones y centros de investigación respecto de este problema. Necesitamos un reclamo serio, cabal y frontal. De lo contrario, estas medidas que carecen de una evaluación estricta y de un marco de referencia con otros países que producen ciencia a nivel internacional terminarán con lo que queda del incierto futuro, si es que lo tiene, de la práctica científica, tecnológica y de innovación mexicana.
*Filósofo, periodista de ciencia y divulgador. Presidente del Instituto Interdisciplinario de Educación Científica, AC, y codirector de la Revista Cronopios y Divergencias. Facebook: Eduardo Russell
