Lograr la gratuidad de los estudios en universidades públicas y buscar cumplir la meta de ampliar las matrículas son dos de los tres principales desafíos de la educación superior en México, expresa el investigador Imanol Ordorika Sacristán.
En entrevista, el experto en educación superior y movimientos sociales ahonda en las necesidades de las universidades públicas, en las afectaciones pospandemia en este sector y en la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
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En la construcción de esta nueva Ley, el Doctor Honoris Causa por la Universidad Veracruzana opina que se ha perdido una muy buena oportunidad para desarrollar un proyecto integrador para la ciencia en México.
“Se mantienen más o menos la estructura y las cosas como estaban antes, sin abrir una vertiente de desarrollo clara”, declara en visita a Xalapa, donde tuvo distintas actividades.
“No ha habido los espacios colectivos necesarios para mostrar una democratización de la ciencia y, con razón, el sector de la investigación del país se siente excluido y marginado del proceso; hay una sensación de intención de control por parte de quienes actualmente dirigen el Conahcyt”, puntualiza.
El investigador titular en la Universidad Nacional Autónoma de México lamenta que a lo largo de la historia del país nunca haya habido representaciones adecuadas y democráticas del sector científico en los sectores de toma de decisiones.
“Lo que pudo ser una gran aportación en este momento, simplemente no se dio. No avanza un proyecto más integrador de la educación superior y centros de investigación que son los lugares donde verdaderamente se desarrolla la ciencia en al país con algunas contribuciones más pequeñas del sector privado y empresarial”.
Sobre los distintos cuestionamientos al funcionamiento del Sistema Nacional de Investigadores y si habrá afectaciones para becarios de posgrado, sostiene que en realidad no se trata de algo nuevo.
“Todo lo criticado venía ocurriendo hace mucho tiempo y también se han cambiado los reglamentos, en este sexenio y anteriores”.
Al referirse a la distribución de becas de posgrado nacionales y en el extranjero, observa que existe la idea de que establecer programas prioritarios de una agenda de investigación nacional es algo negativo.
“Yo pienso que si se vuelve excluyente de otras actividades sí es negativo, pero si es una cosa meramente indicativa para establecer un conjunto de áreas de las que es importante desarrollar investigación, me parece que eso puede estar bien”.
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En cuanto a las afectaciones que el confinamiento por pandemia tiene en la educación superior, afirma que las secuelas todavía están por verse.
“Lo que sí se puede tomar como una lección es que actuamos tarde, de manera titubeante. Y sí, así se dan las cosas cuando hay imprevistos pero faltó mayor decisión de decir ‘nos vamos a lo virtual’… Además, el regreso todavía está muy mal organizado”.
Ve la necesidad de una revisión al sistema educativo universitario pues ahora están los problemas añejos y suman nuevos, con afectaciones a los más vulnerables. Las desigualdades en estudiantes de educación superior, las condiciones reales de aprendizaje de quienes sí tuvieron acceso a Internet, los efectos de clases impersonales y tan indirectas, muchas veces con pantallas apagadas, indica que son temas pendientes de reflexión y estudio.
En la dinámica del regreso a clases presenciales, opina que poco se habla de la población estudiantil que abandonó sus carreras y ha tenido dificultad para reincorporarse o definitivamente ya no se reincorporó.
Piensa que si ya de por sí las universidades públicas contaban con organismos limitados para la representación democrática y la participación en la toma de decisiones en todos los niveles, al hacerse vía indirecta y en reuniones virtuales se ha lesionado todavía más “un sistema autoritario, imperfecto y cada vez con más problemas”.
¿Cuáles son los desafíos de las universidades públicas?
Al ahondar en algunos de los retos de las universidades públicas en el siglo XXI, subraya la necesidad de que se otorguen los fondos para el financiamiento de la gratuidad. “Con fondos federales hay que sustituir las cuotas que pagan las y los estudiantes. También faltan los recursos para ampliar la matrícula y alcanzar la que había sido la meta sexenal”.
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Otros desafíos que menciona son la reconstrucción de la vida interna de las universidades para reconocer la existencia de divergencias y problemas, de construir canales adecuados de discusión y de construcción de acuerdos. “Esto sería un principio para la democratización universitaria y fortalecimiento de la vida colegiada”.
El tercer punto que nombra es lograr que las universidades asuman su papel como espacios de la sociedad: “No es que las universidades tengan que asumir un papel activista pero sí de generar conocimiento y estudio, así como ofrecer alternativas o diagnósticos para un mejor entendimiento de los problemas actuales”, indica.