Veracruz, Ver.- Ante el arribo ilegal de kayakistas a la Isla de Sacrificios el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) desplegará una campaña de información y prevención junto con autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Capitanía del Puerto y del municipio de Boca del Río para exhortar a la población a respetar el área protegida porque de lo contrario se tomarían otras acciones que podrían llegar a sanciones y multas.
De acuerdo con el director del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, José Carlos Pizaña Soto se pretende orientar y encauzar la actividad del kayak, antes que empezar a aplicar multas o sanciones, que corresponden a la Profepa.
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Expuso que tras los reportes, han estado en pláticas con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Parque Nacional y del ayuntamiento de Boca del Río para hacer la campaña de difusión.
“Estamos poniéndonos de acuerdo para poder orientar y encauzar la actividad del kayakismo, es decir no queremos que esta actividad se cancele, sino más bien que se encauce de mejor manera y eviten, por seguridad no rebasar las zonas de actividades costeras donde está permitido”, expresó.
Aclaró que, para algún procedimiento, tendrán que intervenir varias autoridades como Capitanía de Puerto, por el tema de la seguridad marítima a fin de que los kayak cumplan de acuerdo al reglamento de navegación, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por el uso de la zona federal marítima terrestre y por el arribo al área natural protegida que tiene limitado el descenso a la isla y el Parque Nacional Sistema Arrecifal por ser los administradores del área.
“Si ya no tenemos respuesta de la gente que hace esas actividades pues entonces se tendría que hacer una acción sancionadora, sería competencia de Profepa, hasta este momento no se ha hecho infracción ni operativo, estamos en la etapa de ponernos de acuerdo y lanzar la campaña de difusión”, reiteró.
Recordó que el tema del kayak se presentó después de la pandemia, con la necesidad de que la sociedad tuviera actividades luego del encierro.
Afirmó que el kayakismo está permitido realizarse dentro de la zona porque se trata de una actividad recreativa sin embargo hay un límite que debe respetar y no habían tenido ningún inconveniente hasta hace tres meses, donde se registró la presencia de estas personas en la Isla de Sacrificios, pues incluso los mismos usuarios subían fotografías a sus redes sociales.
Y es que dijo que actualmente hay cerca de once negocios establecidos de Kayak los cuales tiene autorizado el ingreso a las zonas costeras, que su límite es de la playa en la parte continental hacía 800 metros hacia al mar.
“No habíamos tenido problemas hasta hace tres o cuatro meses que empezó a haber difusión de redes sociales, y actividad de kayak, no solamente de maneras privada o particular, de hecho ya no es solo una actividad deportiva sino también una actividad comercial y hemos notado que no solo se van a la parte de los 800 metros sino que cruzan hasta la Isla de Sacrificios y también hacen playa en la Isla”, dijo.
Mencionó que los deportistas cruzan hasta la Isla Sacrificios que está a 1.6 kilómetros de la parte más cercana, que es exactamente en la playa conocida La Bamba, perteneciente al municipio de Boca del Río.
¿Cuándo cerraron la Isla de Sacrificios?
Reiteró que la Isla de Sacrificios está cerrada al público desde 1982 por lineamientos de seguridad que tomaron las autoridades de la Secretaría de Marina y otras civiles, por lo que dentro del programa de manejo del Parque Arrecifal la isla sigue cerrada porque además se encuentra el Faro de Señalización Marítima por la actividad frecuente de navegación de grandes embarcaciones.
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“Nosotros no tenemos permitido el acceso a la isla y sobre todo porque hay anidación de tortugas marinas y otras especies, regularmente aves, todo el año y también por el origen de que se cerró que fue para tratar de recuperar las condiciones ambientales de la isla”, agregó.
Cabe destacar que en México, las sanciones por ingresar a un área natural protegida sin autorización pueden ser severas, incluyendo multas y, en algunos casos, penas de prisión.
Según el Código Penal Federal, las sanciones pueden incluir multas de 300 a 3,000 días de salario y penas de prisión de uno a nueve años para aquellos que dañen o alteren el ecosistema en áreas protegidas.