En el estado de Veracruz no se cuenta con ningún espacio que pueda albergar a personas con problemas o trastornos mentales por lo que quienes tienen algún padecimiento y requieren de un lugar así, quedan al desamparo de las autoridades.
Aunque en Veracruz existe una Ley General de Salud, que contempla la salud mental, en ésta solo se considera la atención “ambulatoria”.
Desde la organización Cáritas, que pertenece a la iglesia católica, se ha señalado que las personas que se observan en las calles con algún problema mental no cuentan con la opción de acudir a algún centro donde se les pueda atender digna e integralmente. "Hablando de los hermanos con trastornos mentales no hay un lugar en el estado de Veracruz para atenderlos, ninguno", dijo la contadora de Cáritas Xalapa Leticia Villagrán Ramírez.
Incluso señaló que en ocasiones, cuando son reportados por causar algún problema en el centro de la capital, se les lleva a las “orillas” de la ciudad. "A ellos solo los toman ciertas personas y si causan problemas en el centro de la ciudad o algún lugar, los toman una dependencia y los va a dejar a las orillas", criticó.
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Recordó que hace algunos sexenios, buscaron tener un acercamiento con autoridades estatales para trabajar en conjunto y buscar un lugar para enfermos mentales, pero no prosperó. "No hubo respuesta de la otra parte" abundó la contadora de Cáritas al referirse a ese problema social.
¿Qué dice la Ley General de Salud?
Cabe recordar que el artículo 74 de la Ley General de Salud establece que para garantizar el acceso y continuidad de la atención de la salud mental y adicciones, “se deberá de disponer de establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios de psiquiatría en hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud”.
Asimismo, para eliminar el modelo psiquiátrico asilar, no se deberán construir más hospitales monoespecializados en psiquiatría; y los actuales hospitales psiquiátricos deberán, progresivamente, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud.
Al respecto, el director del Instituto Veracruzano de Salud Mental, Víctor Manuel Villanueva Hernández señaló que la nueva Ley General de Salud, tiene la observación para los hospitales psiquiátricos de que sean tratamientos ambulatorios y no albergados.
“¿Cuál es la diferencia entre un hospital y un albergue? El hospital tiene un régimen de horarios, visitas, medicamentos. Hay pacientes agudos que pueden agredir a las otras personas y, por eso, el albergue tendría que tener un sistema más abierto, ahora sí como de puertas abiertas, no restringirle la libertad a la persona”.
Expuso que en algunos casos entra una crisis del cuidador que ya no quiere hacerse responsable de sus familiares y más cuando hay un trastorno crónico y deteriorante como es esquizofrenia o la bipolaridad.
En ese sentido, el artículo 75 refiere que el internamiento de la población usuaria de los servicios de salud mental y las personas con consumo de sustancias psicoactivas, y de adicciones, como último recurso terapéutico, se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos, la dignidad de la persona, así como los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables.
“El internamiento sólo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte mayores beneficios terapéuticos para la persona que el resto de las intervenciones posibles; se realizará por el tiempo estrictamente necesario y en el Hospital General o de pediatría más cercano al domicilio del usuario. Por ningún motivo el internamiento puede ser indicado o prolongado, si tiene el fin de resolver problemas familiares, sociales, laborales o de vivienda y de cuidado del paciente”.
Salud mental, prioritaria
También explica que la salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Detalla que el Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones a las personas en el territorio nacional.
“Toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad, la expresión de género, la filiación política, el estado civil, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos”, agrega.
“Son los que más les tenemos que apoyar a sus familiares; aquí ya entran las instituciones públicas como, el DIF, los ayuntamientos y son los que tendrían que entrarle), y la Secretaría de Salud no se escapa”, dijo.
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