Previo a su remoción como presidenta del Consejo Distrital 29 del Organismo Público Local Electoral con sede en Coatzacoalcos, Nora Isabel Torres Aguilar, presentó un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, mediante el cual acusaba actos de presunta violencia política en razón de género de parte del director ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Gerardo Junco Rivera, y por omisiones del consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón.
Este día se buscó al consejero para que emitiera su opinión al respecto, pero no se presentó a las instalaciones del organismo ni estuvo de manera presencial en la sesión que se desarrolló a las 13:30 horas.
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El recurso presentado por la expresidenta quedó radicado en el Tribunal Electoral de Veracruz con el expediente TEV-JDC-75/2024 y fue enviado desde la Secretaría Ejecutiva del OPLE.
¿De qué actos de violencia política en razón de género ha sido víctima la expresidenta del Consejo Distrital de Coatzacoalcos?
Mediante un escrito, dirigido al Consejo General del organismo, la exfuncionaria electoral indicó que el director ejecutivo de Asuntos Jurídicos fue omiso en atender la documentación que presentó en su defensa, luego de que el pasado 15 de marzo el Vocal de Capacitación presentara su renuncia argumentando presunto hostigamiento laboral.
En el documento se señaló que el 11 de abril en las instalaciones del Consejo Distrital se presentó personal de la Secretaría Ejecutiva del OPLE para notificarle el procedimiento de remoción en su contra con el número CG/SE/DEAJ/PR/001/2024. Con este se le permitió presentarse a audiencia de pruebas y alegatos.
Ante ello, acusó que el documento que presentó el 7 de febrero no tuvo el seguimiento correspondiente.
Argumentó que en la audiencia presentó las pruebas que tiene en su defensa sobre conversaciones de WhatsApp que “se me hicieron llegar de manera anónima donde se encuentran involucrados integrantes del Consejo Distrital y un escrito en donde la persona declara haber sido coaccionada a declarar en contra de la suscrita, además en las conversaciones se lee la intromisión del Secretario Ejecutivo y el director se Asuntos Jurídicos con la profesional administrativa, donde, a decir de ella, estos funcionarios le hicieron declarar que la situación era insostenible”.
Ante ello, aseguró que el consejero encargado de los Consejos distritales de la zona sur, Quintín Antar Dovarganes ha incurrido en omisiones y ha actuado con incompetencia.
“A raíz de su propuesta de integración del Consejo Distrital 29 en un primer momento no realizó las entrevistas de manera presencial, pues a través de ellas se logra observar las competencias y habilidades de quienes aspiramos a integrar los Consejos Distritales”, expuso en el documento.
Asimismo, aseguró que se han registrado las denuncias del secretario por problemas familiares, de la vocal de Capacitación y de la vocal de Organización.
“El consejero nunca visitó la sede del Consejo ni apoyó los trabajos para que el proceso electoral de ese Distrito saliera de la mejor manera, además de no observar que las y los integrantes de dicho Consejo representaran los valores del OPLE”, recriminó.
“Desde el día que interpuse el JDC en contra del director ejecutivo de Asuntos Jurídicos del OPLE Veracruz, el ambiente se tornó difícil, pues debía atender los asuntos del Consejo que encabezaba, responder por cada uno de los señalamientos de los que fui objeto en un procedimiento de remoción falto de exhaustividad como lo menciona el Reglamento de Designación y Remoción de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del OPLE Veracruz, y por otro lado realizar las actividades de la Vocalía de Organización la cual quedó acéfala desde el 16 de abril y hasta hoy en día sigue sin ser designada la persona idónea al cargo, esto me ha afectado no solamente de manera física sino emocional y psicológicamente, lo que he considerado una violencia política en mi contra por todos los actos y omisiones”, agregó.
El pasado martes el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinó removerla del cargo y en su lugar tomó protesta Ashly Susana Ponce González, quien era suplente.
La presidenta saliente fue removida del cargo, luego de haber recibido acusaciones en contra sobre presuntos actos de acoso contra el personal que estaba a su cargo.
En sesión extraordinaria el Consejo General del organismo emitió la resolución al Proyecto de Resolución relativo al Procedimiento de Remoción con número de expediente CG/SE/DEAJ/PR/001/2024 iniciado en contra de la funcionaria electoral.
El proyecto fue declarado fundado por el máximo órgano de dirección del OPLE Veracruz, con fundamento en el Reglamento para la Designación y Remoción de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, (artículos 7, numeral 1; 8, fracción II; y, 50) por la comisión de actos y/o hechos que configuran alguna de las causales de remoción previstas en la citada reglamentación.
Al respecto, el organismo dio a conocer que, en todo momento, las áreas del árbitro electoral veracruzano que intervinieron en las distintas diligencias que fueron efectuadas en torno al expediente, respetaron las formalidades esenciales que ameritaba el caso, principalmente, la debida y oportuna garantía de audiencia para la ex funcionaria involucrada.
De acuerdo con la resolución, la funcionaria electoral habría incurrido en la "transgresión de los principios de profesionalismo, independencia y autonomía del personal a su cargo”.
La expresidenta fue señalada por presuntos actos de hostigamiento y acoso laboral en contra de otros trabajadores del Consejo Distrital 29, de Coatzacoalcos, así como también tiene señalamientos por posibles actos de discriminación.