Debe ser obligatorio un plan de pensiones en cada empresa, con las ventajas fiscales respectivas y regresar incentivos fiscales a las que ya brindan planes privados corporativos de pensiones, proponen expertos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Como parte de la propuesta de Reforma al Sistema pensionario exponen que con base en la experiencia internacional, se debe hacer obligatorio un plan de pensiones en cada empresa.
Asimismo, como parte del plan señalan que se deben eliminar los retiros anticipados permitidos del monto ahorrado en la Afore, por matrimonio o desempleo y hay que promover un estricto cumplimiento del régimen de inversión de las Afore para la protección de los recursos que pertenecen a los trabajadores, así como la ampliación de instrumentos de retiro e impulsar el mercado de rentas vitalicias.
El documento donde se hace la propuesta del IMEF agrega que a nivel global la situación actual del sistema de pensiones es insostenible al representar un serio problema financiero que amenaza con propiciar una crisis social de gran magnitud, de la cual no está exento nuestro país y por ello la urgencia de tomar medidas inmediatas.
Indican que tan sólo en 2017 y de acuerdo con datos de la SHCP, el gasto de pensiones en México se ha venido incrementando desde el año 2000, en una proporción de 1 a 3.5% del PIB actual.
El panorama se recrudece con el resultado de estudios realizados al interior del IMEF, donde se indica que la seguridad social nacional (pensiones y salud) presenta grandes deficiencias, como alcance, congruencia, justicia social, suficiencia y solvencia.
Agregan que en virtud de lo anterior y en línea con el compromiso profesional de presentar alternativas de solución a problemas o situaciones de coyuntura, el IMEF propone contrarrestar la baja cobertura, que representada en cálculos actuariales, basados en datos del INEGI, sólo de 25 a 30 de cada 100 personas de la población económicamente activa (PEA) cotiza al sistema de pensiones.
Indican que eso debe revertirse al reformar los sistemas estatales de pensiones y de universidades públicas que aún no han hecho la transición a cuentas individuales y concluir la plena transición a cuentas individuales iniciada en CFE y Pemex, además de homologar los sistemas de otras empresas estratégicas del estado, así como la Banca de Desarrollo que mantienen enormes pasivos pensionarios.
Por último, se hace un atento llamado a respetar las condiciones legales que prevalecen para las pensiones asociadas a la Ley 73 del IMSS, sin buscar reducirlas en aras de igualarlas (a la baja), con las pensiones asociadas a la Ley 97, generando con ello un estado de incertidumbre a los derechohabientes.
Lo mismo se invita a mejorar el sistema de salud, integrando al IMSS, ISSSTE y otros sistemas, para facilitar el intercambio de servicios, además de habilitar el expediente médico electrónico universal.
En conclusión, las propuestas aquí expuestas tienen un sentido de urgencia ante la cercana probabilidad de tener una población en vejez empobrecida, reflejada en el reconocimiento por parte de la Consar, de que la población de la Generación AFORE (IMSS) tiene una cotización promedio cercana a 14 años de los casi 25 años que se requieren y con ello, sólo 23.9% estaría en condiciones de acceder a una pensión al llegar a los 65 años. El 76.1% restante no cumpliría con dicho requisito y no podría pensionarse.
