El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una sentencia donde anula, de forma definitiva, una asamblea en la que fue electo Federico Sarabia Pozo como presidente de la Cooperativa La Cruz Azul.
Con el dictamen publicado también se ratificó que Sarabia Pozo carece de facultades para presentarse u ocupar cargos como representante legal, gerente, director o presidente de algún consejo relacionado con la Cooperativa.
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De igual forma es inválido e ilegal cualquier instrumento público protocolizado en la asamblea celebrada el pasado 31 de marzo, así como los supuestos acuerdos tomados en ella, según el documento del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX),
“Además, al existir un cambio en la situación jurídica, todos los amparos presentados recientemente han quedado sobreseídos”, señaló Rafael Anzures, director general jurídico de Cooperativa La Cruz Azul.
Fue en abril de este año, durante la última asamblea general de Cooperativa La Cruz Azul, cuando Federico Sarabia y Guillermo “Billy” Álvarez perdieron su calidad de socios por votación unánime.
Sin embargo, en fechas recientes Joel Vázquez Dolores y Alberto López Morales, socios ligados a Sarabia y “Billy” Álvarez, revelaron el modus operandi de la venta ilegal de cemento en la planta de Cruz Azul Hidalgo, que está secuestrada desde hace un par de años.
También circularon mensajes entre los allegados a la comunidad para realizar una serie de donativos a favor de los trabajadores de la fábrica.
“Los socios de la Cooperativa Cruz Azul, cuya legalidad ha sido refrendada por la autoridades judiciales, se deslindan de cualquier solicitud de apoyo económico o de cualquier otra índole, que se realice a nombre de la cementera”, expresó Rafael Anzures.
De acuerdo con el directivo, actualmente la compañía opera con finanzas saludables y transparencia administrativa, al tiempo que va al corriente con sus compromisos y obligaciones fiscales, laborales y patronales.
Otra problemática que enfrentó la Cooperativa Cruz Azul en agosto fue cuando se quedó sin electricidad en su planta de Tula, Hidalgo, por casi 20 días, dejando daños económicos equivalentes a 300 millones de pesos.
Ello provocó manifestaciones en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, quien dijo que el restablecimiento del suministro eléctrico sería hasta recibir la notificación de un juez o autoridad competente.