Pierre Alarie, Embajador de Canadá en México, aseguró que hay preocupación por las reformas al marco legal, propuestos por Morena en el Senado de la República, para endurecer la vigilancia del Estado en las concesiones mineras.
“Todo lo que toca a las mineras nos preocupa bastante y es importante tenerlo claro”, señaló el representante del gobierno canadiense cuando se le cuestionó sobre si había incertidumbre entre las compañías por las modificaciones a las leyes.
“Prefiero esperar el texto final (de las reformas), pero Canadá tiene entre 65 y 70 por ciento de toda la inversión extranjera (del sector minero) en México”, dijo a El Sol de México.
En 2017 Canadá se convirtió en el segundo inversionista más grande en México, después de Estados Unidos, recordó el embajador, quien fue uno de los invitados especiales a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018.
“Estamos dentro de los cuatro inversionistas más importantes de México. Sin embargo hay que formalizar más la arquitectura y vamos a ver cómo vamos a traer más inversionistas a México y viceversa”, declaró Alarie.
Al tercer trimestre de 2018, había en el sector minero unas 176 compañías canadienses, 45 empresas son de Estados Unidos, 13 firmas de capital chino y 10 más australianas, según el prontuario de la Industria Minero Metalúrgico de la Secretaría de Economía (SE).
Las mineras canadienses invirtieron en México aproximadamente 914 millones de dólares de enero a septiembre de 2018, según el padrón de inversión extranjera. Y desde 1999 a la fecha, esas compañías han traído capitales por unos 15 mil 588 millones de dólares.
A mediados de noviembre, la senadora Angélica García Arrieta, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), propuso realizar cambios a la Ley Minera del país para aumentar la vigilancia del Estado de las concesiones que otorgue a empresas de ese sector y obligar a que las compañías atiendan el impacto social que tienen en las comunidades.
La integrante de la fracción parlamentaria con mayoría en ambas cámaras, dijo que es necesario que las compañías interesadas en obtener una concesión minera debían hacer estudios de impacto ambiental y social, además de realizar consultas con los pueblos posiblemente afectados por esa actividad económica.
"Se trata de un descuido jurídico e institucional de la Secretaría de Economía y del Servicio Geológico Mexicano", dijo la senadora de Hidalgo, una de las entidades con mayor actividad minera en México.
"Es muy importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales porque pasa esto: se extraen, se causen daños y no se deja beneficio de la explotación minera; no privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada", dijo García Arrieta.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a diputados y senadores de Morena, PT y PES, grupos aliados en el Congreso de la Unión para pasar una serie de iniciativas, construir un ambiente de confianza, estabilidad y certidumbre.
“Como ocurrió con las iniciativas sobre la eliminación de las comisiones bancarias y las modificaciones que se proponen a la Ley Minera, esta propuesta ha desembocado en una pérdida millonaria para inversionistas, así como una mayor desconfianza en el país”, agregó el organismo.
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