Grupos de interés como casinos, joyeros y notarios han puesto freno a las iniciativas de reforma contra el lavado de dinero, comentó a El Sol de México Santiago Nieto, procurador de Justicia de Hidalgo.
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda recordó que en los últimos cinco años se presentaron varias iniciativas en el Senado de la República para poder cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la materia, principalmente la número 23, que tiene que ver con regular operaciones sospechosas de actividades profesionales no financieras.
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El GAFI lanzó 40 recomendaciones como un esquema de medidas a implementar por los países para combatir el lavado de activos y de los delitos relacionados. Entre 2018 y 2022 México se ha mantenido en incumplimiento de la recomendación 23. Entre 2018 y 2021, los senadores Daniel Gutiérrez, Alejandro Armenta y Ricardo Monreal de Morena, así como Minerva Hernández del PAN, presentaron seis iniciativas para reformar la Ley Federal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de las cuales ninguna se ha aprobado.
Durante el sexto Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, organizado por Thomson Reuters, Nieto contó a este diario que hubo una reacción por parte de los sectores que no estuvieron de acuerdo y que cabildearon en el Congreso para que las reformas no avanzaran.
“Son 17 sujetos vulnerables como los que tienen que ver con la emisión de cheques de viajero, casinos, casas de empeño, vendedores de autos, comerciantes de arte y de joyas, así como con activos virtuales, que es un tema muy importante, notarios, corredores e, incluso, funcionarios públicos que tienen el ejercicio de la fe pública”, comentó. Según el funcionario, estos sujetos obligados a transparentar recursos han puesto resistencia a las reformas porque piensan que las nuevas obligaciones, acorde a las recomendaciones del GAFI, les van a significar costos económicos porque van a tener que pagar auditorías, sistemas computacionales y a personas que estén dando seguimiento a su actuar, una especie de oficiales de cumplimiento, explicó.
“Tienen razón en eso, pero deben tener claro que el beneficio para el país va a ser mucho mayor, porque si hay un cumplimiento de las obligaciones de GAFI habrá un reconocimiento para México y eso puede dar certeza para atraer más inversiones e impulsar el comercio exterior”, explicó.
REDUCEN CUMPLIMIENTO
Por su parte, la senadora panista Minerva Hernández, reconoció que de 15 recomendaciones del GAFI en las que México tenía cumplimiento parcial en 2018, el año pasado ya solo eran siete, mientras que las de cumplimiento mayoritario pasaron de 19 a 22 y las cumplidas de cinco a 10.
Durante el Congreso, expuso que resulta necesario que la legislación sea dinámica y que la investigación y fiscalización de las operaciones de lavado de dinero reditúen en un combate eficaz a este delito. Entrevistada por este diario tras su participación en el evento, la legisladora dijo que si bien no ha tenido interlocución con grupos como los mencionados por Nieto, resulta evidente que están interviniendo para detener las reformas.
Añadió que a ello se suma la falta de voluntad política del nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez, a quien señaló de no mantener un diálogo con el poder legislativo para avanzar en la materia.
“Me parece que se venía con un ritmo importante en el tema del marco jurídico, que es la base de la actuación de la UIF, pero a partir de la llegada del titular actual se paralizó todo porque, en lugar de cumplir estrictamente la función que tiene encomendada, está ocupado más en la persecución política que en la atención de las recomendaciones y el impulso del marco jurídico”, sostuvo la legisladora.
De acuerdo con Hernández, entre los cambios relevantes que señalan las iniciativas de reforma a esta ley está el de dotar a la UIF de autonomía, con el fin de que pueda recuperar activos relacionados con el lavado de dinero, así como adecuar la legislación al estándar del GAFI.
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“Hay dos fracciones parlamentarias que coincidimos (PAN y Morena), el tema es la ausencia de voluntad política, están las iniciativas técnicamente soportadas, tienen viabilidad, mejoran nuestro marco jurídico, evitarían precisamente el tema de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo no hay la voluntad desde el Ejecutivo para echarlas a andar”, concluyó.
La recomendación 23 del GAFI señala que debe exigirse a los abogados, notarios y otros profesionales jurídicos independientes y contadores que reporten operaciones sospechosas cuando, en nombre de un cliente o por un cliente, se involucran en una transacción financiera con relación a actividades como compra y venta de bienes inmobiliarios, administración del dinero, valores u otros activos del cliente; administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; y compra y venta de entidades comerciales.
