Mientras que para la producción de granos y alimentos básicos son magros los incrementos en los Pre-Criterios 2023, al programa Sembrando Vida se le incrementan en mil 174.4 millones de pesos a pesar de que muestra un fracaso rotundo y un foco de corrupción, denunció José Amadeo Hernández, líder de la Central Campesina Independiente (CCI).
Es importante luchar desde los ejidos, las comunidades y sobre todo, ir a la Cámara de Diputados a exigir un mejor presupuesto para el campo. En los Pre-Criterios de Presupuesto 2023, son magros los incrementos. “Se debe rediseñar el apoyo al agro, abandonar la visión asistencialista y dar paso a una política de Estado”, demandó Hernández Barajas.
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El presidente de la CCI, advirtió: “Vamos a convocar a irnos a la calle a decirles en la Cámara de Diputados que necesitamos presupuesto para el campo de México, para producir granos, los alimentos de la mesa de cada uno de los mexicanos”.
Señaló que de acuerdo a los Pre-Criterios 2023 se propone un aumento en el presupuesto para fertilizantes de 5 mil 404 millones de pesos. El incremento es de 204.2 millones de pesos, cuando el costo de estos insumos aumentaron más de 150%. México los adquiere de Rusia y Ucrania.
Señaló que otro programa que se le asigna un presupuesto reducido es Producción para el Bienestar con tan solo 550 millones de pesos más para quedar en 14 mil 556 millones de pesos.
Y no se le asigna presupuesto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para resolver los conflictos agrarios.
Pero se privilegia al programa Sembrando Vida con más de 31 mil millones de pesos, esto es un aumento de mil 174 millones de pesos a pesar de que muestra un fracaso rotundo y es un foco de corrupción.
En la clausura de los trabajos del LVIII Congreso Agrario Nacional, que tuvo lugar en la sede de la CCI, su dirigente sostuvo que “es indispensable que se rediseñe el presupuesto de apoyo al campo, abandonar la visión asistencialista y dar paso de una vez por todas a una política de Estado para el campo”.
“Nos pronunciamos por un cambio en las políticas públicas hacia las organizaciones sociales, que este año sufren un nuevo embate a través de nuevas reglas fiscales”, apuntó.
Se pronunció por una agenda campesina y social que se sustente en un ordenamiento territorial a través de abatir el rezago agrario para dar seguridad y certeza jurídica en la tenencia de la tierra.
Que se hagan realidad los derechos de los pueblos, ejidos y comunidades indígenas; se apoye a la población rural y urbana popular para titular terrenos habitacionales.
Que haya organización y capacitación de los productores para el desarrollo de sus capacidades humanas y productivas; que tengan transferencia de nuevas tecnologías y se preserven los saberes tradicionales.
Demandan protección y restauración de los recursos naturales para aprovechar de manera sustentable tierra, agua, bosques y biodiversidad en la producción agropecuaria y pesquera.
También la recuperación del fomento productivo para apoyar a los pequeños productores que les permita abatir los altos costos de producción y agregar valor a sus productores y comercializar en condiciones equitativas.
Se incluye financiamiento para las actividades agropecuarias en condiciones especiales en tasas, plazos y garantías a los productores del sector social.
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