La planta cementera de Cruz Azul en Tula, que disputan dos grupos, habría realizado operaciones de desvío de dinero con una treintena de empresas y personas físicas calificadas como “factureras”, a las cuales el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México les congeló cuentas el mes pasado por un total de 194.3 millones de pesos.
De acuerdo con una sentencia publicada en marzo por la autoridad judicial, estas empresas y personas hicieron pagos y depósitos por la venta de cemento a favor de compañías sin relación alguna con la Cooperativa, dueña de la planta.
“Persisten en la conducta de diseñar esquemas y llevar a cabo maniobras tendientes a continuar vendiendo el cemento de la Planta de Producción de Cemento que se encuentra en Tula, Hidalgo, sin la autorización de quienes de manera legítima administran la empresa, así́ como de cobrar el precio del producto a través de empresas ajenas a Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. y al grupo que esta conforma”, señala el documento cuya copia posee El Sol de México.
Estas acciones, agrega, redundaron en graves daños económicos para los socios y trabajadores de la cementera.
Previamente, en febrero, la misma autoridad congeló las cuentas de las empresas LASOID Group y Pestore Comercializador, por los mismos motivos.
El congelamiento de estas cuentas se dio a casi un año de que los cooperativistas encabezados por José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel levantaron una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), acusando a un grupo que controlaba la planta de Tula de comercializar el cemento con empresas “factureras” con el fin de desviar recursos.
De acuerdo con la denuncia, de la que este diario posee una copia, un grupo de personas dentro de la planta modificó ilegalmente el formato de procedimiento de despacho de cemento para realizar pagos a entidades que “aparentemente pudieran tener las características de empresas que facturan operaciones simuladas”.
“El citado procedimiento ilegal para el despacho de cemento consiste en que se emita un ‘formato de remisión’ en cada una de las distintas plantas, que es un papel que no ingresa a sistema alguno dentro de la Cooperativa, con el que se valida la entrega del producto al distribuidor, sin que el mismo sea cargado en el sistema, facturado y mucho menos pagado a las cuentas bancarias de la Cooperativa.
Igualmente, el volumen de cemento entregado es decidido a discreción en las respectivas plantas de cemento, sin respaldo o registro en los sistemas correspondientes”, explica el documento.
La denuncia señala que LASOID Group había recibido 30 millones de pesos. “Se tiene conocimiento de que se han vendido ilícitamente miles de toneladas de cemento, siendo que el producto de esas ventas ha sido pagado tanto en efectivo como depositado a cuentas, las cuales no figuran dentro del portal oficial JD Edwards de La Cooperativa para los distribuidores”.
ESCENARIO DE ENFRENTAMIENTOS
Los cooperativistas solicitaron el aseguramiento físico de la planta de cemento en Tula, cuyo control está bajo un grupo encabezado por Federico Sarabia. La instalación cementera fue escenario esta semana de enfrentamientos entre grupos antagónicos que dejaron un saldo de ocho muertos y 12 heridos.
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El conjunto encabezado por Federico Sarabia, que tiene la posesión física de la planta, argumentó que los hechos fueron perpetrados por “delincuentes contratados por la administración de facto” de la Cooperativa, encabezada por José Antonio Marín y Víctor Velázquez.
Añadió que fue la cuarta ocasión en la que los directivos intentaron hacerse del control del inmueble de forma violenta.
En tanto, Marín y Velázquez denunciaron como responsables a disidentes que se ostentan como presidentes de los Consejos de Administración y de Vigilancia de la Cooperativa quienes, dijeron, “han permitido el acceso a grupos de vándalos ajenos a las instalaciones”.