La evasión fiscal sigue siendo un delito y problema grave en el país. Una de sus más agresivas y dolosas modalidades es la compra-venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Práctica que subsiste ante la oferta y demanda, advierte la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
En su calidad de ente que tiene como objetivo garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal, dio a conocer una propuesta de modificación legal para inhibir la comercialización de comprobantes fiscales que avalan operaciones existentes.
Expone que en la medida de que algunos sujetos no paguen los impuestos que por ley les corresponde, esa carga económica repercute en forma injusta e indebida en el resto de los contribuyentes, rompiéndose la proporcionalidad que debe prevalecer en materia tributaria.
Agrega que quien demanda una factura de este tipo es el contribuyente que busca disminuir o eliminar el pago de los impuestos que le corresponden a través de la obtención de comprobantes que amparan operaciones que en realidad nunca existieron, por ejemplo la compra de mercancía o la contratación de algún servicio, es decir, busca fingir más gastos de los que realmente tuvo que pagar menos impuestos.
Indica que quien ofrece estos documentos, en cambio, es un grupo de individuos, comúnmente organizados a través de múltiples empresas o la prestación de ese servicio, a cambio de un porcentaje de lo facturado.
Advierte que para nadie es un secreto esta práctica, porque basta con buscar “venta de facturas” en la red para darse cuenta de lo evidente de este ilícito y lo arraigado del mismo. “Es un cáncer que correo al sistema fiscal mexicano y que genera ganancias ilícitas millonarias”, advierte la Prodecon.
Explica que el delito, en esencia, consiste en vender comprobantes fiscales auténticos, es decir, emitidos a través de la plataforma digital del SAT, con flujos comprobables, pero amparando operaciones inexistentes. Posteriormente el comprador de la factura recibe en efectivo, a través de un tercero, la devolución de la cantidad erogada para pagar la factura, menos la “comisión” cobrada por el traficante de comprobantes.
Ante esas, y muchas otras situaciones, la Prodecon propone obligar tanto a personas morales como a la federación, los estados, la Ciudad de México, los municipios y sus respectivos organismos descentralizados, a retener y enterar las dos terceras partes del IVA que se cause cuando se reciban servicios prestados por otras personas morales.
Aclara que la propuesta no afectaría a las verdaderas prestadoras de servicio.
Resalta que no tendría impacto presupuestal la medida, pero coadyuva eficazmente al combate a la corrupción en el sector público, al establecer nuevas obligaciones fiscales de control cuando las entidades de dicho sector paguen contrataciones de servicios que general IVA.
OBJETIVOS
Con la propuesta de modificación de la Prodecon se busca transparentar y democratizar la discusión sobre el asunto de la evasión fiscal para buscar soluciones de solución al grave problema del país.