Investigadores coinciden en la urgencia de reforzar el sistema financiero mexicano al contar con “grietas” que llevan a pérdidas millonarias producto de engaños, violaciones de ciberseguridad, ingeniería social y el estigma que pesa sobre quienes han sido defraudados.
En conversatorio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, apuntaron que solo en 2023 en México se registraron ocho millones 098 mil 268 fraudes (924 cada hora).
Héctor González Amador, a partir de investigación acompañada con testimonios, expuso que en 2023 20 mil 18 millones de pesos en fraudes fueron reclamados; solo se recuperó el 30 por ciento.
Además de la relevancia de los datos, Teresa Carbajal Vázquez, representante legal del Barzón de Resistencia Civil AC, sostuvo que a los organismos a los cuales se puede recurrir después de un fraude se les puede calificar con un “tache”.
“Profeco y Condusef, ‘tache’ porque no son competentes; luego, la Fiscalía, también ‘tache’ porque no atiende este tipo de asuntos”, expresó.
Considera que el problema no sería tan grave si hubiera instituciones que tuvieran facultades y competencias legales para llegar a tribunales, ser justas y que las personas fueran restituidas en su dinero.
Las instituciones que reciben este tipo de quejas no tienen facultades y tampoco hay leyes en las cuales puedan apoyarse para revisar y brindar protección
Teresa Carvajal, Barzón
Al referirse específicamente a los casos de fraude por la vía electrónica en bancos, Ignacio Omar Mireles Loera, experto en ciberseguridad, observa el problema que hay entre el tecnicismo del área jurídica y del área informática.
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“Los abogados tienen que prepararse porque van a trabajar cada vez más con datos informáticos. El banco presenta bitácoras, informes que vienen de servidores; todo muy técnico, igual que ciberseguridad”, dijo.
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Detalla que las jurisprudencias piden demostrar a las instituciones bancarias que el día y hora del fraude su sistema funcionó de manera perfecta y que las transacciones en controversia fueron validadas por la banca en línea a partir de análisis de la firma electrónica del cuentahabiente.
Sí se puede recuperar el dinero
Puntualiza que no existe un sistema cien por ciento seguro y las instituciones bancarias son renuentes a entregar datos valiosos de informática con la justificación de que van a vulnerar a otros usuarios.
“Si los bancos dieran la información, sí es posible llegar hasta la computadora donde se hizo la transacción, pero como no sucede, es casi imposible saber quién está detrás de la computadora”, agregó Mireles Loera.
Aunque describe el proceso como tortuoso, declara que sí hay esperanza de recuperar el dinero si el trabajo jurídico se hace de manera correcta y en coordinación con periciales.
El especialista convoca a la población a tener presente que el mundo cambió: “A partir de 2020 hay bellezas de la tecnología y la comunicación, pero a los delincuentes se les fortaleció y se volvieron invisibles, situación aprovechada para extraer datos y crecer los ciberdelitos”.
Llama a los estudiosos del derecho a formarse en informática porque es cuestión de tiempo para que se recrudezca la problemática.
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A los usuarios los convoca a adaptarse y mantenerse alerta para no proporcionar datos a través de llamadas telefónicas, mensajería instantánea, correos electrónicos, etc.
Recuerda que aunque sí son más vulnerables los adultos mayores, en general, todas las personas están expuestas a la ciberdelincuencia y pérdida de dinero.
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