El gobierno mexicano podría imponer una política de control del tipo de cambio o devaluar el peso mexicano, como lo ha hecho en el pasado, admitió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un documento que envió a inversionistas internacionales a quienes pidió un préstamo de 900 millones de dólares.
México no ha aplicado el control de divisas desde 1982, sin embargo “no podemos garantizar que el gobierno mexicano mantendrá sus políticas actuales con respecto al peso mexicano o que el valor de la moneda mexicana no fluctuará significativamente en el futuro”, precisa el documento que preparó la empresa estatal de electricidad con motivo de la colocación de un bono por la cantidad mencionada en las bolsas de Taiwán y de Luxemburgo, en marzo pasado.
La CFE admite que ajustes en la política cambiaria de México pueden afectar negativamente su capacidad de atender su endeudamiento en moneda extranjera.
La empresa precisa en el documento que 55 por ciento de su deuda, excluyendo los pasivos por arrendamiento, está denominada en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras.
Al 30 de septiembre de 2019, su deuda total, incluidas las obligaciones relacionadas con Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas) y pasivos por arrendamiento fue de 984.9 mil millones de pesos, equivalentes a 50.2 mil millones de dólares, dice el documento consultado por El Sol de México.
“Las políticas del gobierno mexicano que afectan el valor del peso podrían impedirnos pagar nuestras obligaciones en moneda extranjera”, añade el memorándum enviado por la CFE a los inversionistas en las bolsas de Taiwán y Luxemburgo, con la intención de convencerlos de adquirir sus bonos de deuda.
La compañía que dirige Manuel Bartlett recordó que durante el periodo de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2019, el valor del peso mexicano se depreció 1.0 por ciento frente al dólar en comparación con el 31 de diciembre de 2018, y futuras caídas en el valor de la moneda podrían provocarle pérdidas cambiarias.
Además de los riesgos relacionados con el tipo de cambio, en su oferta, la CFE menciona que los eventos políticos en México pueden afectar significativamente la situación económica del país y, en consecuencia, sus operaciones.
“Las acciones del gobierno mexicano en relación con la economía y la regulación de ciertas industrias, incluido el sector energético, podrían tener un efecto significativo en nosotros y en las condiciones del mercado en México.”
De hecho, señala que el Presidente de México y la nueva administración podrían implementar importantes cambios en las leyes, políticas y regulaciones en México, lo que impactaría negativamente su negocio, condición financiera y resultados de operación.
Ante los inversionistas internacionales, la empresa señaló que opera en una industria fuertemente regulada por el gobierno mexicano, lo que se refleja en las tarifas de electricidad. En consecuencia, cualquier cambio en las leyes, reglamentos o políticas aplicables en México, o la interpretación de las mismas, así como una reducción en dichas tarifas afectarían su negocio.
“Si el gobierno mexicano mantiene o continúa estableciendo algunas de nuestras tarifas de electricidad en niveles inferiores a nuestros costos operativos, es posible que se nos requiera absorber el impacto de los subsidios otorgados a los consumidores por el gobierno mexicano y nuestro negocio, la situación financiera y los resultados de las operaciones pueden ser afectados negativamente.
“Tenemos una deuda sustancial que podría afectar negativamente nuestros resultados de operación y condición financiera. Hemos incurrido y, de conformidad con nuestro programa de gastos de capital, continuaremos incurriendo en cantidades sustanciales de endeudamiento”, anticipa la empresa que, en palabras del presidente López Obrador será rescatada de las condiciones desventajosas en que la dejó la apertura del sector eléctrico a las empresas privadas.
En la oferta de colocación, la CFE menciona que si bien en 2014 se convirtió en una empresa pública descentralizada del gobierno, sigue bajo su supervisión y regulación. La Secretaría de Energía actúa como presidente de la Junta Directiva y sus actividades son monitoreadas por esta dependencia y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Además, su presupuesto anual, señaló, puede ser ajustado por el gobierno como ha ocurrido en el pasado reciente.
“La influencia del gobierno mexicano puede causar que nuestros negocios y actividades sean impulsados por factores políticos que pueden no estar alineados con el aumento de nuestra eficiencia y/o rentabilidad”, señala.
Otro riesgo que identifica la CFE para su desempeño financiero es el aumento de la competencia por la participación de compañías privadas en el sector.
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