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Es enemigo acérrimo de las energías limpias, las califica de onerosas, de no servir todo el tiempo y hasta de ser un atraco a la nación. Paradójicamente, es en sus manos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha confiado la política federal para combatir el cambio climático.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que encabeza Manuel Bartlett Díaz, ejerce este año 73 por ciento de todos los recursos destinados para mitigar y adaptarse al cambio climático, indica el Anexo 16 del proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.
Que la CFE maneje tanto dinero para esta meta —40 mil 800 millones de pesos de 55 mil 800 millones aprobados por el Congreso de la Unión— es algo inusual, al considerar que antes de la Cuarta Transformación ejercía menos de 15 por ciento.
Aún más insólito es el uso que la paraestatal da a ese dinero. Casi 40 mil 300 millones de pesos se están yendo a “servicio de transporte de gas natural”, es decir, a la construcción de gasoductos que llevan el combustible a las generadoras de energía de la empresa en el país.
“Esto es un contrasentido porque mitigar no es transportar gas natural, eso no es ninguna acción de mitigación. Mitigar es reducir emisiones y ese dinero se está yendo indebidamente a un rubro que no significa mitigación”, considera Carlos Álvarez Flores, ingeniero químico industrial y presidente de la asociación México Comunicación y Ambiente.
La Ley General de Cambio Climático, reformada en 2018, especifica dos tipos de acciones para enfrentar el efecto invernadero: la mitigación y la adaptación.
Según la legislación, mitigar es aplicar políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de efecto invernadero. Adaptación, por otra parte, es implementar medidas de respuesta a cambios climáticos y sus efectos para moderar el daño o aprovechar sus beneficios.
Para Álvarez Flores, la construcción de gasoductos no encaja en las definiciones.
“Mitigación al cambio climático quiere decir reducir emisiones de CO2 (dióxido de carbono) y para reducirlas hay que dejar de usar combustibles fósiles y en su lugar utilizar energías renovables”.
El gobierno, sin embargo, apuesta por los combustibles fósiles, incluido el gas natural, y emplea para ello el dinero que debería destinarse a todo lo contrario.
“Es claro que en esta administración los combustibles fósiles forman parte fundamental de la política energética, están bastante arraigados en la política económica —al menos en cuestión ideológica— y ahora lo grave es que también permean en la política climática”, dice Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace en México.
LA APUESTA: ENERGÍA SUCIA
“Tenemos energía buena y tenemos otro tema importante: tenemos gas”, presumió Manuel Bartlett al periodista Carlos Marín en una entrevista transmitida el 1 de junio.
El plan del político octogenario es tender una infraestructura de ductos que lleven gas natural desde la Cuenca Pérmica del sur de Texas hacia todas las centrales de ciclo combinado de la paraestatal. Estas plantas generan electricidad a partir de vapor de agua y la combustión del gas.
En enero, la CFE contrató a la firma francesa Engie para construir un ducto de 16 kilómetros que conecte a la península de Yucatán con el Sistema Nacional de Gasoductos. La obra será capaz de transportar a diario 240 millones de pies cúbicos de combustible a esa zona del país.
Un mes después, el 7 de marzo, la empresa pública lanzó una convocatoria para suministrar gas natural a las plantas de generación eléctrica que tiene en el estado de Baja California Sur, dando así un paso más en el ambicioso proyecto.
Aunque es menos contaminante, el gas natural es un combustible fósil que genera gases de efecto invernadero y legalmente no clasifica como energía limpia.
El artículo 16 Transitorio de la Ley de Transición Energética señala que “la generación eléctrica mediante ciclos combinados no podrá considerarse como cogeneración eficiente”. Para que un recurso natural se considere energía limpia, agrega la legislación, debe tener una tasa de emisiones de dióxido de carbono no mayor a 100 kilogramos por megawatt (kg/ MWh), requisito que no cumplen las centrales que funcionan a partir de gas.
De acuerdo con un estudio de la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), los procesos más eficientes de generación eléctrica de ciclo combinado (que utilizan vapor de agua y gas natural), tienen emisiones en promedio de 350 a 400 kg/ MWh, mucho mayores al umbral máximo de 100 para ser considerado limpio. Incluso el promedio europeo se encuentra por arriba de 500 kg/MWh, refiere.
Para Pablo Ramírez, “el gas natural no podría ser una fuente de generación eléctrica si de lo que estamos hablando es de combatir el cambio climático”.
México importa 70 por ciento del gas natural que consume, principalmente de Estados Unidos, lo que ahonda su dependencia energética del extranjero. “Si en algún momento nos cierran la llave, el país se queda sin electricidad”, advierte.
Durante tres días se buscó una postura de la CFE, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta de la empresa pública.
¿BECAS CONTRA EL EFECTO INVERNADERO?
La red de ductos no es el único programa que llama la atención en los esfuerzos del gobierno lopezobradorista para mitigar los efectos del cambio climático. Para cumplir la meta, la 4T aumentó de un año a otro (2018-2019) los recursos a las becas Elisa Acuña y sumó a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.
En contraste, redujo el presupuesto destinado a apoyos para el desarrollo forestal sustentable; programas de fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura; la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y la conducción de la política energética.
MÉXICO METE REVERSA
México firmó en diciembre de 2015 el Acuerdo de París dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21). El país se comprometió así a reducir 22 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 51 por ciento sus emisiones de carbono negro para 2030. También aceptó reducir sus emisiones del sector industrial, generando 35 por ciento de energía limpia en 2024 y 43 por ciento en 2030.
En armonía con este tratado firmado por 195 países, el artículo tercero transitorio de la Ley de Transición Energética mexicana fijó como meta una participación mínima de fuentes limpias en la generación de energía eléctrica de 25 por ciento para 2018; 30 por ciento para 2021 y 35 por ciento para 2024.
Pero la obstinación del gobierno por usar combustibles fósiles aleja cada vez más al país de cumplir sus compromisos. “El gobierno no está cumpliendo con su propia Ley General de Cambio Climático, no está cumpliendo con su Ley de Transición Energética y México, como país, no cumple con sus compromisos que firmó en el Acuerdo de París”, sentencia el especialista Álvarez Flores.
El 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) frenó 44 proyectos privados, algunos ya en construcción, para la generación de energía eólica y solar. Dos semanas después, el viernes 15 de mayo, el gobierno mexicano publicó un nuevo acuerdo energético que limita la generación de energía renovable.
Diversas organizaciones ambientalistas han advertido ya que la política del gobierno del presidente López Obrador en materia de generación de energía eléctrica acelera el cambio climático.
A principios de este mes, exsecretarios de Medio Ambiente enviaron una carta al mandatario mexicano exigiéndole “dejar de minar y desdibujar a las instituciones ambientales de México” y “suspender decisiones contrarias al marco legal que nos rige en materia ambiental y a nuestros compromisos internacionales”.
Las consecuencias de las decisiones que la 4T toma hoy sobre cambio climático repercutirán en las generaciones venideras, lamenta Pablo Ramírez. “Las personas que están ahora dirigiendo México tienen una responsabilidad ética y moral con las generaciones que vienen… y ahora mismo les están dejando una bomba”.
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