De modificarse el Título de Concesión de Teléfonos de México (Telmex), la crisis del sector de las telecomunicaciones se agudizará. Implica una regresión de los objetivos de la desincorporación en 1990; es un freno a la urgente digitalización de la economía, afecta a los trabajadores y solo beneficia a los competidores e intereses transnacionales.

“Sería la conclusión de un ciclo de acciones contrarias al interés nacional en detrimento del desarrollo de las comunicaciones digitales en México”, denuncia el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), que demanda la urgente intervención del gobierno federal para asegurar el cabal cumplimiento del Artículo 6º Constitucional.

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Cambiar el Título de Concesión, podría tener un impacto grave en el desarrollo del país, ya que a nivel internacional se transita hacia un paradigma científico tecnológico y productivo asociado con las redes de nueva generación (5G), que requiere una innovadora política de Estado así como de empresas con compromisos claros de inversión y responsabilidad social para incorporar a México dentro de este proceso, advierte.

"El proyecto de Título de Concesión que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), representa la continuidad de la regulación, ya que por un lado mantiene las mismas medidas de control asimétrico y por otro lado, demerita la riqueza de un acuerdo que debería anticipar la vertiginosa evolución tecno-productiva de las próximas décadas", señala el STRM.

Precisa que este horizonte debe reflejarse no tan solo en la concesión de la empresa más importante del sector de las telecomunicaciones en México, sino en los títulos de concesión de los demás operadores, en el marco regulatorio y en las políticas digitales de Estado.

En contraste, las concesiones expedidas por el IFT se otorgan con un mínimo de condiciones, sin responsabilidades para el desarrollo nacional ni de carácter social.

La propuesta del IFT carece de metas específicas para el despliegue de la banda 5T y para el acceso a internet y omite lineamientos como integrar la Red Nacional de Conectividad que deben estar contenidos en todos los títulos de concesión del sector.

Además se le niega a Telmex la plena convergencia digital, se le impide dar servicio de televisión restringida y pasa por alto que la convergencia es consustancial a la digitalización, que es a su vez, base necesaria para la participación activa en el contexto económico y tecnológico global.

Minimiza el papel de Telmex y de sus trabajadores que construyeron y modernizaron el sistema nervioso de las telecomunicaciones del país.

"Con todo esto, se frena el desarrollo de Telmex y del sector en términos de inversión, capacitación y avance tecnológico. Se da prioridad a la competencia de mercado en detrimento del despliegue de la infraestructura necesaria para garantizar la conectividad, el acceso y el servicio universal", agregó el sindicato.

Favorece la inversión extranjera

También se favorece la inversión mayoritariamente extranjera en un sector estratégico del país, al tiempo que se mantienen las sanciones en contra de Telmex, a pesar de que la empresa ya superó la condición de preponderante.

En un acto que no es de su competencia, cancela toda mención sobre el respeto a los derechos de los trabajadores. Y, en contraste, promueve el outsourcing al facilitar a empresas filiales y subsidiarias la realización de materia de trabajo del personal sindicalizado en clara contraposición a lo dispuesto en el nuevo modelo de Justicia Laboral.

Esta es una decisión política que implica una regresión de los objetivos en la desincorporación de Telmex en 1990 y representa un freno a la urgente digitalización de la economía y de los servicios públicos, por lo que de concretarse, México se alejará aún más de sus socios comerciales de Norteamérica en cuanto a capacidad tecnológica y competitividad.

El Título de Concesión de Telmex es el de mayor importancia en telecomunicaciones y puede convertirse en instrumento fundamental para el desarrollo nacional.

Sin embargo, al debilitar y achicar a la principal empresa nacional y omitir las responsabilidades que corresponden a los demás operadores del ramo, se afecta gravemente a los trabajadores, al sector y al país.

Y todo en beneficio de los competidores de Telmex y de los intereses transnacionales.

Ante este escenario, el STRM propone reincorporar la garantía y respeto irrestricto a los trabajadores, como se estableció en el Decreto de Reforma Constitucional del 11 de junio de 2013. Esto es prevalecer los derechos laborales como la inclusión de los telefonistas en toda la materia de trabajo actual y futura.

Piden conservar la condición de que el capital mayoritario de Telmex sea mexicano.

También respaldan la controversia constitucional que promovió el Ejecutivo federal en contra del IFT que se relaciona con el tema satelital. Así como el acceso de Telmex a la Convergencia Digital Plena para la provisión de todos los servicios y productos actuales y futuros.

La reincorporación de los servicios móviles de telecomunicaciones a Telmex y la autorización a la empresa para ejercer funciones de consultoría sobre el uso de nuevas tecnologías y servicios de valor agregado.

Además de establecer obligaciones en el Título de Concesión ligadas a los próximos Planes Nacionales de Desarrollo, demandan los telefonistas para salir de la crisis del sector ocasionada por la regulación del IFT.

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