México ha etiquetado cientos de millones de dólares de gasto en infraestructura para combustibles fósiles de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como gastos para enfrentar el cambio climático y promover la transición energética en la última década, demuestran documentos.
En un esfuerzo por rastrear el gasto de México hacia esas metas verdes bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se analizaron las cuentas públicas y se obtuvieron documentos y bases de datos de la estatal Pemex a través de una solicitud de información pública que mostraba partidas presupuestarias identificadas con esas etiquetas.
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Los documentos mostraron que el Gobierno también etiquetó como parte de sus esfuerzos contra el cambio climático rubros tan dispares como operativos de seguridad de la Marina y la distribución de leche fortificada entre población rural de escasos recursos.
Bajo el mandato de López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre de 2018, varias dependencias del Gobierno dijeron haber gastado un total de 462 mil millones de pesos en la lucha contra el cambio climático y 99 mil millones de pesos en la transición energética. Las cifras incluyen las propuestas para 2024, el último año del sexenio de López Obrador.
De estas cifras, Pemex gastó cinco mil 600 millones de pesos en cambio climático y mil 300 millones de pesos en transición energética en el mismo periodo, muestran las cuentas públicas. Pemex no menciona proyectos de energías renovables en sus cuentas públicas.
Desde que López Obrador asumió el cargo a fines de 2018, México impulsó la exploración y producción de combustibles fósiles a pesar de las crecientes preocupaciones ambientales, construyó una nueva refinería y adquirió otra y paralizó proyectos de energía renovable.
La información de Pemex muestra que el gasto en infraestructura de combustibles fósiles fue frecuentemente etiquetado como verde, lo que complica una evaluación de los esfuerzos de México para abordar el cambio climático, como se comprometió en el Acuerdo de París de 2015. El patrón de etiquetar ese gasto como verde se remonta a 10 años y continuó durante la presidencia de López Obrador.
Víctor Gómez, exfuncionario de Hacienda, dijo que las reglas laxas y la falta de transparencia significaban que las diferentes ramas del Gobierno podían declarar casi cualquier cosa como verde.
Etiquetas verdes
Pemex proporcionó tres bases de datos inéditas y otro documento que enumera los gastos en la lucha contra el cambio climático y la transición energética.
Los documentos contienen 709 entradas relacionadas con la vasta infraestructura de combustibles de Pemex, que van desde pozos hasta ductos y centros de procesamiento de gas, identificadas por ubicación y año, y designadas como parte de los esfuerzos de cambio climático y transición energética en la última década.
Algunos fondos se destinaron a estudiar los efectos de los gases de efecto invernadero en el maltrecho centro de procesamiento de gas Cactus y a vigilar la calidad del aire en el gran yacimiento petrolero marino Ku-Maloob-Zaap.
Media docena de investigadores mexicanos que revisaron los documentos dijeron que era difícil calcular las sumas de dinero gastadas en proyectos que podrían tener un valor medioambiental cuestionable debido a la falta de criterios transparentes para las asignaciones y a la vaguedad en los detalles de las partidas.
Pero afirmaron que gran parte del gasto se destinó a operaciones ordinarias que cualquier empresa energética responsable debería realizar. Incluía la eliminación de residuos peligrosos, limpieza de terrenos contaminados y mantenimiento y reparación de infraestructura como ductos. La CFE etiquetó como verdes la construcción de infraestructura de gas natural.
El ramo de Agricultura y Desarrollo Rural, por ejemplo, asignó fondos a una empresa privada que distribuye leche enriquecida en zonas rurales; la Marina para "salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales"; el ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales para tratar agua potable y construir drenajes.
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La Secretaría de Hacienda recaudó unos 56 mil millones de dólares en los mercados de bonos desde finales de 2018, según mostraron datos de LSEG, de los cuales siete mil 700 millones de dólares fueron en forma de bonos sostenibles.
Los fondos se han destinado principalmente a atención médica, educación y subsidios a pequeños agricultores.