El país registra una extendida precariedad laboral agravada, según el caso, por razones de sexo y edad. Un ejemplo es la baja tasa de participación en el mercado laboral de las mujeres (casi la mitad de la que corresponde a los hombres) y su menor disposición a ampliar las horas de trabajo, lo que puede relacionarse con la falta de acceso al servicio de guarderías o jornadas flexibles de trabajo.
El estudio Diagnóstico del derecho al Trabajo 2018, elaborado por el Coneval, expone que un primer déficit de la política sectorial en cuanto al derecho al trabajo digno es la falta de participación plural de la sociedad en el diseño, implementación y evaluación de la política sectorial.
Agrega que ésta sería una condición necesaria, aunque no suficiente, para revisar los objetivos e instrumentos de esa política con el propósito de cerrar las brechas y asegurar el acceso a un trabajo digno, al tomar en cuenta las necesidades de todos los trabajadores.
En lo que se refiere a la accesibilidad y la identificación de empleo disponible (incluyendo el acceso a trabajo remunerado) se mostraron a la luz del limitado alcance de la intermediación entre oferta y demanda a cargo del Servicio Nacional del Empleo, que decreció como efecto de los recortes presupuestarios al programa, y fue semejante en el caso de las agencias privadas de colocación.
Por lo anterior, la principal vía utilizada para encontrar vacantes y empleo fueron los medios informales, lo que llevaría a personas de bajo nivel socioeconómico a ocupar empleos precarios.
Como parte de la dimensión disponibilidad, los problemas del mercado laboral no se expresan en el porcentaje de trabajadores desocupados, sino, en mayor medida, en el número de desalentados, subocupados y empleados en el sector informal.
También se identificó un importante déficit en el disfrute del derecho a la capacitación, ya que 57.6% con antecedentes laborales no había tenido capacitación para el trabajo en los tres últimos años; las mujeres (61.1%) se encontraban en peor situación que los hombres (53.4%), así como el grupo de edad de 45 años o más (65%) respecto a los más jóvenes (50.6%).
La brecha frente a otros países de la región en el caso de los más jóvenes es muy preocupante y significativa al igual que la referente a los recursos públicos destinados a la capacitación para el trabajo, esto según datos de la Organización Internacional del Trabajo.
Algo semejante ocurre en la capacitación en el trabajo, ya que sólo 30% de los trabajadores permanentes inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social estaban incluidos, en 2012, en el padrón de capacitados de la STPS, el cual cubría 68% de los patrones inscritos en ese organismo.
En cuanto al alcance del Programa de Apoyo al Empleo, que combina intermediación, subsidios al desempleo y capacitación a través de cuatro subprogramas, se advierte que el subprograma Bécate, que recibió la mayor parte de los recursos y las acciones de atención, ha experimentado una severa disminución en su cobertura desde el año 2000, aunque mejoró su capacidad de colocación.
Menciona que la evaluación de impacto de este programa arroja resultados positivos de corto y mediano plazo en la calidad del empleo de los colocados por medio de este servicio, pero también importantes áreas de mejora que fueron presentadas en el análisis de la oferta gubernamental.
En cuanto a la calidad del empleo, las brechas más profundas se observaron en la falta de contrato escrito (que influye en el acceso a prestaciones y se agrava en los establecimientos de menor tamaño), la informalidad causada por la falta de inscripción en la seguridad social (casi 6 de cada 10 ocupados no gozan de ella).
Esa situación afecta más a quienes tienen menor escolaridad, los domésticos, los jornaleros agrícolas, entre otros) y la alta tasa de rotación laboral anual, que es de 60% y vulnera el derecho a la estabilidad laboral, sobre todo de los jóvenes que emplean en establecimientos de menor tamaño.
Los bajos ingresos que obtienen los asalariados y ocupados merecieron una atención particular en virtud de la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo general, ubicado por debajo de la línea de pobreza; esto permite establecer la correlación entre la pobreza de la población y la política gubernamental en esta materia.
En resumen, el diagnóstico revela una extendida precariedad laboral en el país agravada, según el caso, por razones de sexo y edad, así como entre los grupos más vulnerables.
Al comparar las brechas en el acceso a un empleo de calidad de estos grupos frente a la situación de la población trabajadora que no presenta esas características, se identificaron los problemas para hacer efectivo el derecho a la igualdad y la no discriminación, atributo del derecho al trabajo digno.
Hay una baja tasa de participación en el mercado laboral de las mujeres (casi la mitad de la que corresponde a los hombres) y su menor disposición a ampliar las horas de trabajo, lo que puede relacionarse con la falta de acceso al servicio de guarderías o jornadas flexibles de trabajo.
Al considerar, finalmente, la dimensión de efectividad en el disfrute del derecho al trabajo digno se observa que los tres pilares que deberían garantizar su vigencia plena y evitar la desigualdad en el acceso a la protección por parte de la población (la justicia laboral, la inspección del trabajo y el libre ejercicio de los derechos colectivos) muestran serias fallas de diseño e implementación que requieren una urgente atención.
