En el periodo 2017-2018, el Gobierno de Veracruz dispuso de más de 137 millones de pesos, entre recursos estatales y federales, para atender la política de género; y, en la recta final del ejercicio fiscal 2018 tendrá hasta el 31 de octubre para ejecutar el último proyecto de inversión federal que integra las acciones establecidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
De acuerdo con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación (Segob) Ángela Quiroga Quiroga, en el ejercicio fiscal 2018 se autorizaron 7 millones de pesos para el “Proyecto de seguimiento para el fortalecimiento a las acciones establecidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Veracruz”, el cual se encuentra en proceso de firmas de los convenios correspondientes.
Al respecto, dentro de los lineamientos federales, se establece que la ejecución del proyecto no podrá extenderse más allá del 31 de octubre del presente año, y a más tardar el 15 de noviembre la entidad federativa deberá presentar el acta de cierre de ejercicio.
En dos años la Conavim ha destinado 12 millones de pesos para atender las declaratorias de Alerta de Violencia de Género en Veracruz.
Para el ejercicio fiscal 2017 se transfirieron 5 millones de pesos al “Proyecto para la atención de la declaratoria de violencia de género contra las Mujeres del Estado de Veracruz”, que incluyó la realización de 20 acciones institucionales de las autoridades veracruzanas.
Asimismo, el 13 de enero de 2017, el Gobierno del Estado, a través del fiscal general Jorge Winckler Ortiz, solicitó a la Conavim recursos federales para el acceso a subsidios y, durante un convenio modificatorio, la Federación destinó 13 millones 580 mil 104 pesos para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres de Xalapa, la cual aún no se concluye.
Este centro, proyectado en tres etapas, tendría el objetivo de ofrecer servicios relacionados con el acceso de la justicia para las mujeres, así como la investigación, atención médica y psicológica, capacitación, otorgamiento de medidas de protección y apoyos a refugios temporales en atención a víctimas de los municipios de Coatepec, Emiliano Zapata, Banderilla, Tlalnelhuayocan, Pacho Viejo, Jalacingo, Las Vigas, Emiliano Zapata, Jalcomulco, Teocelo, Naolinco, Xico, Actopan, Perote, Villa Aldama, Cardel y Veracruz.
EL PRESUPUESTO DEL IVM
De acuerdo con la información presupuestal, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) dispuso de 31 millones 494 mil pesos durante los dos últimos años para su funcionamiento y operación, con la misión de realizar los trabajos de seguimiento y evaluación de indicadores con perspectiva de género de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.
En los ejercicios fiscales 2017 y 2018, el IVM obtuvo recursos provenientes de programas federales tales como el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad, el Programa de Centros para el Desarrollo de Mujeres (CDM) y el Programa de Derechos Indígenas (CDI) que sumaron 39 millones 922 mil 958 pesos.
Dentro del Presupuesto de Egresos 2017 y 2018, el Gobierno de Veracruz destinó 40 millones 478 mil 311 pesos, que fueron distribuidos, de acuerdo con la clasificación programática y capítulo del gasto, en las Unidades de Género (8, 778,490 mdp), la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en las dependencias estatales (14, 329,821 mdp) y en Políticas de Igualdad y Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (1, 737,000 mdp).
Si bien al IVM, como organismo público descentralizado —perteneciente a la Secretaría de Gobierno— se le identifica como la encargada de fomentar e instrumentar las condiciones para la igualdad de género e implementar las políticas públicas en favor del desarrollo integral de las mujeres, en la actual administración estatal sus funciones fueron compartidas.
Lo anterior, de acuerdo con el capítulo II, artículo 9, del decreto número 385 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2018, se designó a la Dirección General de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal como el área responsable de la coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones e indicadores asociados a la Declaratoria de AVGM (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres), “con el objetivo de realizar un seguimiento preciso de Veracruz en dicha Actividad Institucional Transversal”.
De esta manera, las acciones para dar atención a las alertas de violencia de género contra las mujeres en la entidad veracruzana quedaron centralizadas en la Secretaría de Gobierno.
LOS RETOS INSTITUCIONALES
Las acciones para atender las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) aún presenta deficiencias, mismas que han sido señaladas ante organismos nacionales e internacionales como obstáculos para el óptimo funcionamiento del mecanismo de alerta, que en el caso de Veracruz cuenta con dos, una por agravio comparado.
Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de las Naciones Unidas ha identificado que diversos temas que constituyen recomendaciones para las entidades con procedimientos de AVGM tienen que ver con el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.
Entre las diversas acciones incompletas se encuentran el funcionamiento y alimentación de los bancos estatales de información delictiva, generar unidades especializadas para la investigación del feminicidio, implementar protocolos para investigar el feminicidio, revisión y análisis de expedientes para identificar deficiencias en la investigación ministerial.
Por parte del Poder Legislativo, quedan pendientes regular la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en su reglamento, y en sus diversas fases, para que el Poder Judicial como el Legislativo y los gobiernos municipales sean interlocutores para hacer frente a la violencia feminicida.
La atención a las recomendaciones nacionales e internacionales representan los retos que en materia de política de género y justicia enfrentarán los próximos gobiernos federal y estatal.