La contralora general del estado Mercedes Santoyo Domínguez revela que, con corte a octubre del 2021, se reportan 203 análisis de evoluciones de situación patrimonial y de intereses de servidores y ex servidores por posibles irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, que van desde omisiones hasta posible enriquecimiento ilícito.
Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, explica que llevó a cabo análisis de “evolución patrimonial" con el objeto de verificar la congruencia de los datos entregados y detectar posibles omisiones, inconsistencias e incluso algún presunto enriquecimiento ilícito.
Detalla que con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas el 19 de junio de 2017, el universo de servidores públicos obligados a declarar su situación patrimonial en el mes de mayo de 2021, creció de 20 mil a más de 202 mil.
Precisa que durante el periodo de enero a octubre de 2021 se han recibido y procesado en el Sistema Declaranet Plus un total de 202 mil 545 declaraciones.
De estas, 18 mil 640 se generaron por inicio de funciones; mil 612 por conclusión de servicio y 182 mil 293 declaraciones de modificación de situación patrimonial.
Así, en este universo se declaraciones, se detectaron 203 casos con alguna irregularidad que amerita un análisis especial de las evoluciones de situación patrimonial y de intereses de servidores y exservidores públicos
Asimismo, revela que en el periodo de enero a octubre de 2021 ha emitido 69 resoluciones por omisiones o actos de corrupción en el ejercicio de sus encargos, de este total, hubo 30 inhabilitaciones sin sanción económica, 2 sanciones económicas con inhabilitación, una destitución, una amonestación, dos apercibimientos y 33 resoluciones fueron absolutorias.
Lo anterior, en el marco de sus atribuciones como órgano preventivo, fiscalizador y sancionador de servidores y ex servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado que hayan cometido omisiones o actos de corrupción en el ejercicio de sus encargos y aplicando los procedimientos disciplinarios administrativos.
Detalla que, en el marco de la inspección y vigilancia de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones, que fueron emitidos en el informe de gobierno, la Contraloría General a través de sus Órganos Internos de Control en la Administración Pública Estatal, aplicó acciones con enfoques preventivo y correctivo mediante la fiscalización al ejercicio del gasto.
Por ello, se realizaron 40 auditorías a Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, determinándose 100 observaciones relevantes de las cuales 49 fueron solventadas; y 111 observaciones generales, de las cuales setenta y cinco han sido solventadas y el resto sigue en proceso de solventación.
Explica que con el apoyo de los auditores externos se fiscaliza también a dependencias y entidades a través de auditorías financieras y técnicas.
La Dirección General de Fiscalización de la Contraloría ha dado seguimiento a las 83 auditorías financieras, presupuestales y programáticas del ejercicio fiscal 2019 practicadas por despachos externos.
“Durante el proceso de fiscalización externa al ejercicio 2020, la Dirección General de Fiscalización dio seguimiento a 83 auditorías financieras y técnicas, de las cuales 11 se encuentran en proceso y 62 en contratación por parte del ente”.
Refiere que la Contraloría General da seguimiento y acompañamiento a la fiscalización realizada por entes federales a las dependencias y entidades del Estado de Veracruz; la Auditoría Superior de la Federación (ASF) proyectó 34 auditorías a la Cuenta Pública 2020, de las cuales se han concluido 15 y 19 se encuentran en proceso.
“La Secretaría de la Función Pública programó 3 auditorías a fondos y programas federalizados, determinando realizarlas de manera conjunta con el personal de nuestra dependencia”.
