El 40% del presupuesto total del estado de Veracruz se destina al rubro de servicios personales, es decir, al pago de los salarios y sueldos del personal que labora en las diferentes dependencias que integran el Ejecutivo, según el reporte del Índice de Información Presupuestal Estatal (IIEP), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Para cumplir con los compromisos salariales, el 27 de diciembre de 2018 el pleno del Congreso local aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos en el que se estableció que de los 128 mil 361 millones 911 mil 179 pesos del presupuesto total del estado, 51 mil 111 millones 592 mil 186 pesos se destinarán a dicho rubro.
En dicha aprobación se estableció que el Estado recibiría de la Federación 117 mil 791 millones de pesos y de ingresos propios se generarían únicamente 10 mil 571 millones de pesos, cantidad insuficiente para cubrir los gastos generados por la nómina.
El 13 de diciembre de 2018 el gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió una iniciativa con Proyecto de Ley de Austeridad para la entidad, con el fin de regular la aplicación de medidas de austeridad en la planeación, programación, presupuesto, ejecución y control del gasto gubernamental, como política pública y la cual incluía ajustes a los sueldos y salarios.
Sin embargo, ésta permanece en la congeladora porque no ha sido incluida en las órdenes del día de las sesiones realizadas por el pleno del Congreso de Veracruz.
Conforme al reporte de IMCO el presupuesto ejercido desde el primero de enero y con fecha límite al próximo 31 de diciembre, fue distribuido de la siguiente manera: 38 mil 854 millones de pesos para ayudas sociales, 3 mil 608 millones para servicios generales, mil 111 para materiales y suministros, y el resto, equivalente a 33 mil 676 millones, para otras áreas.
Por ello, se determina que el rubro de servicios personales es el que cuenta con la mayor cantidad del presupuesto del Estado.
Para el pago de salarios y sueldos el Ejecutivo obtuvo para este año 82 millones 551 mil 512 pesos; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, 123 millones 532 mil 251 pesos; Secretaría de Salud, 7 millones 813 mil 868 pesos; Secretaría de Educación, 45 mil 795 millones 677 mil 195 pesos; Secretaría de Desarrollo Social, 285 millones 289 mil 338 pesos; Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, 54 millones 655 mil 351 pesos; Secretaría de Gobierno, 369 millones 144 mil 716 pesos, y la Secretaría de Finanzas y Planeación, 658 millones 945 mil 491 pesos.
Para la Coordinación General de Comunicación Social se destinaron 51 millones 635 mil 641 pesos; a la Contraloría General, 114 millones 70 mil 288 pesos; a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 186 millones 854 mil 340 pesos; a la Oficina de Programa de Gobierno, 25 millones 458 mil 142 pesos; a la Secretaría de Seguridad Pública, 3 mil 132 millones 899 mil 790 pesos; a la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, 74 millones 500 mil pesos; a la Secretaría de Turismo y Cultura, 46 millones 471 mil 910 pesos; a la Secretaría de Protección Civil, 62 millones 387 mil 459 pesos, y para la Secretaría de Medio Ambiente, 39 millones 704 mil 894 pesos.
Conforme al tabulador que existe en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan),mismo que se encuentra actualizado a enero de 2016, las percepciones ordinarias netas de los servidores públicos de mando están conformadas de la siguiente manera: gobernador, 74 mil 938 pesos; secretario de despacho, 60 mil 540 pesos; subsecretario, 52 mil 320 pesos; director general, 50 mil 274 pesos; director de área, 40 mil 476 pesos; subdirector, 34 mil 575 pesos; jefe de departamento, 27 mil 325 pesos, y jefe de oficina, 19 mil 813 pesos.
Mientras que los salarios establecidos para los analistas o administrativos especializados son de 17 mil 444 pesos, para los técnicos y puestos homólogos 11 mil 714 pesos, y para el auxiliar y puestos homólogos 7 mil 417 pesos.
ANÁLISIS DEL USO DE LOS RECURSOS
El investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Rafael Arias Hernández, señaló que se debe analizar si el trabajo asignado y las funciones desempeñadas corresponden al tipo de sueldos en cada uno de los empleados del Ejecutivo.
Se tiene que pagar bien a los que cuidan la salud, a los que dan educación y se tiene que pagar bien a los encargados de la seguridad pública, creo que es importante detenerse y volver a analizar con seriedad cuáles son los niveles de sueldos que deben tener las personas, según su carga de trabajo
Recordó que se carece de información relacionada con los ingresos reales que reciben algunos servidores públicos, incluidos los diputados locales, además de que ciertos funcionarios tienen periodos de “gracia” porque no siempre realizan actividades.
Refirió que debe insistir en la aplicación de la transparencia y el acceso a la información actualizada, así como en la aplicación de una revisión de la política económica porque la economía en ninguno de sus niveles gubernamentales es favorable.
Mencionó que una de las crisis evidentes que se han desatendido es el uso de los recursos, motivo por el que es urgente un replanteamiento de la cultura de la administración y finanzas públicas.
Tiene que haber rendición de cuentas, no de cuentos; tiene que existir una verdadera fiscalización y una evaluación. Hay, desde luego, decisiones acertadas como la austeridad o el evitar que el saqueo y la asignación de recursos a un grupito que estaba acostumbrado a hacerse rico, pero también se debe realizar una revisión a fondo de forma permanente
PROPUESTA EN LA CONGELADORA
En septiembre pasado el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, aseguró que los salarios de los funcionarios no han disminuido porque se está a la espera de que el Congreso local apruebe la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz.
El servidor público justificó el retraso por los tres meses que se solicitaron al Congreso del Estado para la reestructuración al proyecto de presupuesto; sin embargo, dijo, que se espera que para noviembre y diciembre se pueda tener un monto estimado del ahorro que se tendrá por este rubro.
Estamos esperando que el Congreso del Estado apruebe la Ley de Remuneraciones, de momento quedó en stand by porque estábamos en espera de que se concluyeran las resoluciones a nivel federal y en estos momentos estamos a la espera simplemente de lo que decida el Congreso del Estado
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió al Congreso local la iniciativa para esta Ley de Austeridad en diciembre pasado y en ella contempló cumplir con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público de que dispone la entidad.
En la propuesta se indica la reducción del gasto corriente respecto de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.
Además, se establece que se debe eliminar la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro; así como a contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.
De aprobarse se evitará el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas.
En el documento se especifica que sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta. En ningún otro caso se autorizará la erogación de recursos de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para funciones de escolta.
De la misma forma, se limitará el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población, ya que sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.
Se establecerán límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Además, se determinarán reglas para topar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación del servidor público comisionado.