La remoción de la magistrada Sofía Martínez Huerta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado generó opiniones encontradas entre los abogados, pues algunos consideraron que el Pleno no cuenta con atribuciones para destituirla y otros argumentaron que ante su deficiencia en el trabajo no podría sostenerse en el cargo.
El abogado Tomás Mundo Arriasa aseveró que los magistrados incurrieron en una irregularidad, incluso el delito de coalición, al confabularse para removerla.
Consideró que fue ilegal y un “desconocimiento brutal del derecho”, ya que si la magistrada presenta denuncias se podría acreditar el delito de coalición.
Manifestó que, además, se podría sancionar por autoría y participación a quienes acudieron a la reunión de trabajo en la que se le destituyó, “ya mandaron un mensaje equivocado que el derecho no importa, que van a imponer a quien tengan que imponer, así como ocurrió en la Fiscalía”.
Consideró que se tendrá que exigir que se respete el Estado de derecho, sin embargo, dijo, que los dos órganos encargados de impartir y procurar justicia son ilegítimos porque surgen de procesos de elección al margen de la ley, “a pesar de eso hay que presentar denuncias”.
El presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Valentín Olmos, mencionó que fueron muchas las deficiencias de las que se acusó a la expresidenta, pues incluso, incurrió en el incumplimiento de un deber legal al no presentar una acción de inconstitucionalidad ante el nombramiento de seis nuevos magistrados de parte del Congreso local.
Destacó que también debe esclarecer cómo se gastó 60 millones de pesos del Fondo Auxiliar, que manejó de manera unilateral desde hace meses, cuando determinó desconocer al Consejo de la Judicatura, órgano responsable de validar el gasto de esos recursos.
Consideró que como presidenta no contaba con la facultad de poder cambiar a los magistrados presidentes de las Salas, tal y como lo quiso hacer, por lo que el actuar de siete de los ocho presidentes representados en el Pleno fue válido.
La decisión tomada por los magistrados se tendrá que respetar, ahora vamos a exigir que inicien las denuncias correspondientes de las irregularidades que se llevaron a cabo al interior del poder judicial.
El abogado Celestino Espinoza Rivera, reconoció que ni la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni la Constitución Política local establece atribuciones al Pleno para remover a la Presidenta; sin embargo, se aplicó la máxima de quien puede lo más, puede lo menos.
“Al ser la remoción un castigo debería estar fundado. El Poder Judicial es autónomo y se rige internamente, pero las causas de remoción no están en la Ley Orgánica, ni en la Constitución ocurre lo mismo que el Fiscal, está determinado por responsabilidad y por juicio político”, opinó.
En su opinión, era viable solicitar la declaración de procedencia, a fin de que respondiera por las irregularidades que se le señalan, pero lo ideal hubiera sido aplicar un juicio político para lo que era necesario que alguien solicitara su remoción.
En tanto, el abogado Arturo Nicolás Baltazar aseguró que era insostenible la permanencia de Sofía Martínez, quien, por dignidad, debió haber renunciado a su cargo por no contar con la experiencia y capacidad para cumplir con la impartición de justicia.
Mencionó que el trabajo de los integrantes del Pleno no fue apegado a derecho, pero sí la mejor opción ante los errores que se estaban cometiendo en el Poder Judicial y que salen muy caros a los veracruzanos.
“Lo procedente ahora es que se dé seguimiento para poderla mover de la magistratura, por lo que se tiene como vía jurídica el juicio de procedencia y la declaración de procedencia”, expresó.
Reconoció que la magistrada puede recurrir a un amparo, pero no es lo más recomendable, dado que sólo se entraría en una disputa que terminará de socavar la estructura del Poder Judicial.
No me voy a dejar; me amenazaron: Martínez Huerta
La magistrada Sofía Martínez Huerta, quien fue destituida del cargo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aseguró que el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos, la amenazó para dejar el cargo, por lo que lo responsabilizó de lo que le pueda ocurrir a ella o su familia.
En entrevistas con Joaquín López Dóriga, señaló de forma directa al presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, y al secretario general del Congreso local, Domingo Bahena Corbalá, de pedir su destitución ilegal como presidenta del Poder Judicial.
Hago pública responsablemente al secretario de Gobierno, al coordinador de la Jucopo, Javier Gómez Cazarín, al secretario del Congreso, Domingo (Bahena Corbalá), puntualmente sobre los que digo porque quien tenga que pagar, tendrá que pagar, pero si algo le pasa a mi familia, la verdad voy contra ellos, los denuncio públicamente.
Además, acusó que tras ser destituida solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para su protección, mismo que no recibió. “Inclusive ningún apoyo he recibido de Seguridad Pública, lo pedí en la mañana para que me ayudaran a resguardar, tampoco atendieron mi llamado, pero sí voy a hacer todas las acciones jurídicas y no me voy a dejar”, expuso. La magistrada aseguró que el pleno no tiene las atribuciones para removerla, ya que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo les permite nominarla, pero no revocar su mandato. Se dijo sorprendida de que expertos en derecho se prestarán a una situación al margen de la ley, en un día inhábil que se diera la invasión de su oficina ante un Notario Público.
“Soy una mujer con principios, que trabaja, honorable, mi honorabilidad la voy a limpiar y voy a salir al frente de todo, no es posible que un grupo de personas misóginas que no quieren a las mujeres no nos dejen trabajar, esos tiempos son arcaicos, ahora hay que dar lugar a todo tipo de personas que tengamos un trabajo honorable y que nos dejen trabajar”, agregó.
Viene nueva etapa para el Poder Judicial: Isabel Romero
La magistrada presidenta interina del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, aseveró que se buscará combatir la corrupción que ha permanecido al interior de este organismo.
Tras tomar protesta como representante del Poder Judicial, indicó que a partir de su nombramiento se generará una nueva etapa en la que se incluye dar oportunidades a los empleados con trayectoria para que crezcan en su carrera judicial.
Manifestó que es necesario tomar en cuenta al personal, sobre todo a los oficiales administrativos, proyectistas y personas que tienen 20 o 30 años de labor y no se les ha dado la oportunidad de crecer.
“Uno de mis deseos es transformar al Poder Judicial, se debe tomar en cuenta a todos los trabajadores y apoyarlos en las capacitaciones, también quiero que hagan conciencia y hacer conciencia en ellos de que la corrupción no se puede permitir”, dijo.
Manifestó que una de sus tareas será combatir el rezago que existe en las diferentes áreas del Tribunal: “Buscaremos abatir el rezago que creció a causa de la pandemia por el coronavirus, una de nuestras metas será dar paso inmediato a la implementación de la justicia digital”, expuso.
En torno a los señalamientos de corrupción al interior de este Poder, aseveró: “tenemos servidores públicos honestos y comprometidos con la impartición de justicia, gente muy responsable, no podemos generalizar, pero sí decimos que actuaremos en consecuencia cuando quede acreditado que algún servidor público actuó fuera de la Ley”.
Revocación fue apegada a la ley: Flores Saviaga
La magistrada Concepción Flores Saviaga aseveró que la revocación de la magistrada Sofía Martínez Huerta de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado fue apegada a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Indicó que la designación de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz como presidenta interina no se revertirá, pues las acciones realizadas por el Pleno de los magistrados estuvieron basadas en el artículo 89 de la norma interna del organismo. Refirió que, entre otras acciones, Martínez Huerta decidió no convocar a sesiones del Pleno, hecho que fue solicitado por los magistrados desde agosto pasado y por lo cual se consideró que actuó al margen de la ley. Destacó que ya se habían presentado algunos recursos en contra de Martínez Huerta, dada sus omisiones como Presidenta del Tribunal y del Consejo de la Judicatura.
“Convocamos a los magistrados, a todos los integrantes del Pleno para que se llevara a cabo la sesión precisamente porque es insólito que la Presidenta haya rendido protesta para cumplir y hacer cumplir la Ley y no la cumpla”, dijo.
Dijo que el procedimiento está justificado: "nosotros actuamos conforme a derecho, es importante e indispensable que el Poder Judicial trabaje en la profesionalización, capacitación técnica y actualizar la administración de justicia digital, esperamos que con este cambio se logren estas acciones”.