Xalapa, Ver.- El abogado defensor del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo “N”, Rodolfo de la Guardia García, se presentó en el Congreso local a presentar una denuncia de juicio político en contra del extitular del a Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares, y ell Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.
Indicó que en la solicitud también se incluye al ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié y a otros funcionarios de menor nivel que si no son sujetos a juicio político sí son sujetos al tema jurídico penal. Refirió que los hechos están relacionados con tres hechos fundamentales: una simulación del procesal para obtener bienes inmuebles bajo la apariencia de llegar a acuerdos preparatorios, tortura psicológica y acciones que funcionarios del Gobierno del Estado hicieron en Pacho Viejo, y la ilegalidad con la que se hizo la investigación de desaparición forzada.
“Hay una serie de nombres, desde el extitular del poder Ejecutivo, pasando por el Fiscal General del Estado, el Secretario de Seguridad Pública y otros funcionarios de menor nivel que si no son sujetos a juicio político, sí son sujetos al tema jurídico-penal”, dijo. Mencionó que existen algunos hechos que se han manifestado en los medios de comunicación, ya que la Ley de Procedimientos Penales establece figuras específicas para llegar a acuerdos preparatorios, las cuales no reconocen ningún tipo de culpabilidad, sino que implicaba una negociación “perfectamente” permitida por la Ley; sin embargo, se acabó el Gobierno y el Fiscal General no ha dado cumplimiento a la misma.
Respecto a los acuerdos que se tenían con su cliente, aseveró que no se pueden revelar porque se estaría entorpeciendo la investigación de los mismos. “Sobre los hechos específicos de la narración de los puntos de la denuncia éstos son del conocimiento del Congreso. Esta situación es para que se investigue que esos acuerdos nunca se llevaron a cabo y que fueron un fraude procesal en contra de Arturo (“N”)”, expresó.
Aseguró que lo que se solicita es que investiguen los actos delictivos cometidos por servidores públicos y proceda conforme a la normatividad de la Constitución, es decir, que se aplique el juicio político correspondiente. “Lo que buscamos es que se aplique el derecho y si el derecho lo que justificaba era hacer figuras jurídicas, eso es lo que se está buscando; sin embargo, no perdamos de vista que no venimos a pedir la libertad de Arturo porque esta se pide en tribunales, trabajando en la mesa de litigación en los juzgados”, expuso.