Abogados de esta capital piden a la Fiscalía General del Estado (FGE) dejar de criticar el actuar de jueces federales que han otorgado amparos a presuntos delincuentes para dejarlos en libertad tras coincidir en que ese organismo necesita capacitar y certificar a sus fiscales para que las investigaciones vayan bien sustentadas y no se caigan a medio proceso.
¿Por qué critican los señalamientos de la FGE?
Coinciden en que las fallas se encuentran en la FGE, pues se trata de la autoridad encargada de demostrar y entregar elementos bien sustentados para que el proceso siga su curso y no poner en mal a la justicia o al derecho en el estado.
Rafael Hernández agregó que es importante que representantes de los Poderes del Estado dejen de quejarse ante medios de comunicación y acudan ante el Consejo de la Judicatura Federal, en donde podrán entregar los elementos y las pruebas que tengan en contra del juez o jueza federal que pudo haber incurrido en anomalías.
También manifestó que la falta de capacitación ha ocasionado que la FGE pida a los jueces que lleven los casos la medida cautelar de prisión preventiva cuando hay algunos que por ley no la ameritan.
Además, abundó, que en el Consejo de la Judicatura Federal "hay un representante del Poder Legislativo Federal y uno del Ejecutivo Federal, ante quienes podrán demostrar y seguir a ese juzgador que consideren que se ha apartado de la norma".
También destacó que "hay una ratificación periódica de los juzgados federales y que por ello (la FGE) debe capacitar y certificar a sus fiscales para estar a la par con métodos de evaluación y control de confianza muy rigurosa".
Por su parte, Daniel Guzmán señaló que casi a diario se conceden amparos a personas bajo proceso en el estado y que no se dan a conocer públicamente por no ser de relevancia, como los casos de la exjueza Angélica "N" y de exfuncionarios estatales.
Señaló que la FGE debe capacitar y certificar a sus fiscales para que desarrolle expedientes debidamente respaldados con elementos que garanticen que no serán declarados como infundados a mitad de los procesos.
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Por su parte, José Enrique, también abogado, citó: "la fiscalía no debe pedir la medida cautelar de prisión preventiva para todos los casos, pues hay algunos, como el de la exjueza detenida por presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, que legalmente no la ameritan por no ser considerados como graves".
Lo anterior, agregó, ha provocado que los casos no estén bien fundamentados y al final los indiciados sean beneficiados a través de amparos.