Personal médico y familiares de la doctora Judith Michelle, acusada de presunto homicidio doloso de un preso del Cefereso de Villa Aldama, se manifestaron en los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Federación en Xalapa para solicitar que su proceso penal se realice conforme a derecho.
Al respecto, María de los Ángeles, madre de la doctora, dio a conocer que se le imputó el presunto homicidio por el fallecimiento de un preso que estaba diagnosticado con leucemia y no recibió sus medicamentos a tiempo.
Explicó que el deceso de la persona sucedió en el año 2010, pero fue hasta febrero del presente año que la detuvieron acusándola del presunto delito de homicidio doloso con agravante profesional, pese a que la doctora prestó sus servicios únicamente por tres meses en el penal sin recibir un pago por ello.
"Prestó sus servicios en el Cefereso de Villa Aldama, pero nunca fue contratada, por tres meses estuvo ahí, atendió un paciente con leucemia que tenía cinco años de evolución de la enfermedad, pidió revisar el expediente y ordenó que se le hicieran análisis de laboratorio, la doctora encargada del penal tomó el caso y a ella no le dio acceso al expediente", expuso.
En defensa de su hija, detalló el día 12 de mayo de 2010 fue la primera vez que atendió al paciente, mismo que perdió la vida el 27 y para el día 30 del mismo mes le dieron a conocer que ya no trabajaría en el penal.
"El día que el preso se puso mal, un custodio bajó a decirle a ella que lo atendiera, le brindó RCP para poder estabilizarlo, además de pedir que le hicieran un electrocardiograma y ultrasonido, desafortunadamente murió y para el 30 de mayo le señalaron que ya no iba a trabajar", expresó.
Manifestó que ante el despido, su hija presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la falta de contratación y pago, ya que prestó sus servicios por tres meses y en ningún momento recibió honorarios por ello, así como tampoco se le dio de alta como trabajadora.
Mencionó que a pesar de que los hechos sucedieron en el 2010 fue en el 2012 cuando le llegó un citatorio para que se presentara a declarar y acudió con su representante legal, donde se le señaló que ahí concluía su proceso.
Tras ello, el 11 de febrero de 2022 fue detenida sin aviso alguno, "nunca le mandaron notificación, ni citatorio, fue aprehendida en la calle, se la llevaron y ahora está en el penal de Pacho Viejo por una nota médica".
Ante los hechos, pidió al Juez Segundo de Distrito, Alejandro Quijano Álvarez, que analice el caso y este sea resuelto conforme a derecho, ya que, al igual que ella, fueron detenidas dos personas más; sin embargo, ella se encuentra bajo el proceso tradicional y las otras personas implicadas con el sistema oral.
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Asimismo, comentó que supuestamente el personal del penal no avisó a la familia del preso que había fallecido, sino que presuntamente se enteraron por uno de sus compañeros, "nadie les avisó, el proceso legal se complicó por muchas cosas, nadie quiso asumir la responsabilidad y se le otorgaron a mi hija, cuando ella quería ayudar al preso y no se le permitió".
"Se señaló que el preso perdió la vida porque no le dieron el medicamento, supuesta no fue proporcionado por los familiares, es injusto que a mi hija la estén sentenciando por este delito, pero a la persona responsable no, ni el director, ni la trabajadora social, ni ninguna otra persona con responsabilidad ha sido señalada", agregó.