El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que “endurecerán” las medidas contra Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), que brinda servicio de agua a los municipios de Veracruz y Medellín.
Rechazó que su gobierno haya sino omiso o que no haya señalado las irregularidades en las que incurre, por lo que criticó que dos medios de comunicación publicaran a “ocho columnas” que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la administración estatal por solapar el mal servicio de la empresa debido a la ineficiente actividad en el tratamiento de las aguas residuales.
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¿Qué dijo Cuitláhuac García Jiménez sobre Grupo MAS?
“Los medios nos quieren echar la bolita diciendo que nosotros solapamos al Grupo MAS cuando yo he dicho claramente que no lo vamos a hacer, anunciarles que vamos a endurecer las medidas contra el Grupo MAS, pero también advertir que ya hemos actuado contra el Grupo, hemos estado atentos a ese tema, por eso sí aceptamos la recomendación, que bueno que la hacen porque la hacen fundamentalmente a quienes tienen cartas en el asunto, quienes lo contrataron”.
Por ello dijo que aplauden y aceptan la recomendación 119/2024 que determinó que la ineficiente actividad impacta en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y en el Área Natural Protegida Arroyo Moreno, pues dijo que su gobierno siempre estará del lado del medio ambiente y sus usuarios.
A la conferencia acudió el secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, quien dio a conocer que Grupo MAS ha dejado trámites inconclusos en torno a las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y de las 29 plantas que tienen no cuentan con Manifiesto de Impacto Ambiental (MIAS).
Dijo que hay por lo menos 16 trámites de las PTAR que son irregulares por no contar con la manifestación de impacto ambiental.
“Deberían contar con las autorizaciones para la gestión de los residuos de manejo especial, al día de hoy desgraciadamente los procedimientos los han dejado inconclusos (…) queremos mostrarles los 16 trámites de las PTAR que desgraciadamente son irregulares por no contar con la manifestación de impacto ambiental”, dijo.
Contreras Bautista insistió en que la empresa inicia trámites y los dejan abandonados y por ello se deben dar por concluidos.
“Quiere decir que no cuentan con la autorización y la Secretaría ha dado por concluido estos trámites, en este caso, una solicitud para la autorización condicionada para el almacenamiento temporal y tratamiento de residuos; ingresan información, pero no llegan a terminar el procedimiento para el total cumplimiento de esas autorizaciones, por lo tanto, se dan por concluidas por incumplimiento”, refirió.
El procurador de Protección al Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés dijo que hay un convenio firmado con GRUPO MAS por la infinidad de denuncias por parte de los usuarios y un exhorto de la legislatura a diferentes áreas o dependencias públicas.
Acusó que las autoridades ambientales anteriores, cuando iniciaron las obras no tuvieron una evaluación ambiental, por lo que, de origen, no hay Manifiesto de Impacto Ambiental de las obras porque las hizo el gobierno del estado.
“Entonces no hay forma de evaluar, estas plantas no tienen una evaluación ambiental, no cuentan con una evaluación ambiental y han determinado que están expuesto o a multas de la Procuraduría o en este caso a hacer dictámenes (…)”.
¿Qué dice la recomendación de la CNDH?
En la recomendación se expone que, de la información y evidencias que obran en el expediente analizadas y valoradas, se acredita la responsabilidad institucional por violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, agua potable, saneamiento, acceso a la información y participación pública, en detrimento de la población de la zona metropolitana de Veracruz por parte de los ayuntamientos en esa zona a través de sus reguladores, Gobierno estatal a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Procuraduría estatal y SEDEMA; CONAGUA y PROFEPA.
“Dado que, por acción y omisión no se protegieron efectivamente los citados derechos humanos, la actuación de esas autoridades no cumplió con sus obligaciones en materia de derechos humanos, según los preceptos indicados en el apartado de obligaciones y derechos humanos”, agrega.
Asimismo, plantea que, más allá de revocar o suspender concesiones que amparan permisos de descarga otorgadas por CONAGUA, es necesario poner en marcha todas las medidas de mitigación y prevención en los casos en que no se traten las aguas residuales previamente a su vertido a los cuerpos receptores, principalmente en las ANP y el Golfo de México.
“Se observa la necesidad de que se establezca una efectiva coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno aquí involucradas, se pongan en marcha mecanismos efectivos de control y seguimiento a las medidas implementadas que, a su vez, brinde certeza de la continuidad de los programas, independientemente de los cambios de administración de gobiernos municipales”.
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