Ante el anuncio del cierre de 29 Juzgados, abogados de diferentes municipios del estado tomaron la determinación de interponer amparos colectivos en contra de la decisión tomada por el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Ricardo Morales Carrasco, integrante del Colegio de Abogados y Juristas del Estado de Veracruz, señaló que la desaparición de estos espacios traerá consigo desempleo, ya que se concluye la relación laboral con jueces, secretarios de acuerdo y proyectistas. Señaló que la determinación, además encarecerá y retrasará la impartición de justicia en el estado. El pasado 30 de junio se dio a conocer que por decisión del Consejo de la Judicatura 29 Juzgados serán cerrados, a fin de generar un ahorro de 22 millones de pesos.
Al respecto, el abogado refirió que el ahorro generado al Poder Judicial provocará gastos mayores a quienes deban trasladarse a otros municipios para dar seguimiento a sus denuncias, además de que se va a incrementar la carga de trabajo de los juzgados a los que se les enviaron los expedientes.
“Al sumar todos estos expedientes a tribunales establecidos, a la larga, esto hará que el costo suba. Porque antes en un mes, un juez resolvía 100 casos, ahora tendrá que resolver 200, por decir un número, y eso implica más horas de trabajo, más papelería, más gastos en energía”, expuso.
En torno a la desaparición de los Juzgados digitales aseveró que la medida limitará a las personas que reclaman justicia especialmente en esta época de pandemia.
“Con ello se obliga a cerrar algunas oficinas en donde se realizaban los trámites, saldrán dañadas muchas personas que buscan obtener justicia, que desean lograr una resolución a sus problemas, con la pandemia se recurrió a los archivos digitales, lo cual significaba un avance, pero con el cierre de los juzgados iremos en retroceso”, agregó.
JUZGADOS, "INNECESARIOS"
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz, señaló que la creación de juzgados microregionales que fueron construidos en periodo del magistrado Edel Álvarez Peña fueron “innecesarios”, por lo que se tomó la decisión de desaparecerlos.
Refirió que la reingeniería interna que llevó al cierre de 29 Juzgados para generar un ahorro de 22 millones de pesos, era necesaria, pero fue “dolorosa”.
“Es lamentable y doloroso prescindir de espacios que brinden un mejor servicio”, respondió a las críticas y señalamientos de las barras y Colegios de abogados que se han manifestado en contra del cierre de Juzgados.
Indicó que el objetivo de los Juzgados que desaparecieron era acercar la justicia a quienes no tenían acceso a ella, pero el cometido no se cumplió.
Ante ello, se consideró aplicar una reingeniería en áreas operativas y jurisdiccionales en el Poder Judicial.
Lo que se pretende con dar marcha a los juzgados laborales es garantizar el acceso a una correcta y eficaz impartición de justicia a todos los veracruzanos. No es momento de repartir culpas sino de emprender acciones institucionales para garantizar la marcha del Poder Judicial, que deviene de recurso del pueblo veracruzano, y su patrimonio debe de cuidarse por el bien de todos, y cuidarse bien. Eso es lo que se hace hoy.
A detalle mencionó que el Poder Judicial logró mejores condiciones de pago a la construcción de las ciudades judiciales, mediante un contrato de asociaciones público-privadas heredado por Edel Álvarez Peña.
Manifestó que se logró regularizar por completo el pago de la construcción de las ciudades judiciales con un ahorro anual de 8 millones de pesos, además de una reducción de 2.5 millones al dejar de pagar compensaciones a magistrados y altos funcionarios.
En materia de Recursos Humanos, se llevó a cabo la mejora y actualización de las Condiciones Generales de Trabajo 2020-2022, garantizando los derechos los colaboradores del PJEV, destacando el apoyo para becas a colaboradores e hijos, la eficiencia de los recursos y los procesos administrativos.
De igual forma la reestructuración de la plantilla de personal, detectando y prescindiendo de 55 contratos que no obedecían a las necesidades para la atención de asuntos prioritarios en el ámbito jurisdiccional y de apoyo a dichas funciones, reflejando un ahorro de 1.2 millones de pesos de agosto a diciembre de 2020.
En Recursos Materiales se adquirieron 300 computadoras con la finalidad de actualizar el equipo tecnológico e inaugurar las ciudades judiciales de Martínez de la Torre, Papantla y Medellín mediante la modalidad de Asociación Público-Privada. Así mismo, se iniciaron y reiniciaron las obras de los municipios de Naolinco y Tuxpan.
En el área de Tecnologías de la Información se han realizado las siguientes estrategias como la actualización de cuatro salas de juicios orales, pues sus equipos no funcionaban desde el año 2007 en Palma Sola, Pacho Viejo y Amatlán.
“Lo que se busca con la reingeniería es encauzar recursos materiales y económicos, previo al inicio de los juzgados laborales. Esta modificación será un proceso paulatino, con adecuado estudio y reconocimiento a la labor desempeñada, se planea reubicar al personal a donde se requiera, donde haya mayor carga laboral”, agregó.