Xalapa, Ver.- El pleno del Congreso local aprobó las modificaciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la que se busca sancionar la violencia política de género.
Dichas modificaciones relacionadas en su mayoría con la redacción fueron enviadas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien pidió a los legisladores analizar por segunda ocasión sus propuestas de cambio al dictamen aprobado el pasado 30 de julio.
En mencionada fecha los legisladores avalaron cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la de Responsabilidades Administrativas; la Orgánica del Poder Judicial, de la Fiscalía general del Estado; y el Código Penal.
Sin embargo, el mandatario estatal regresó el decreto con observaciones a cinco artículos.
El 30 de julio el Pleno legislativo aprobó por unanimidad cuatro dictámenes en materia de igualdad de género y protección a las mujeres, emitidos por la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.
El primer dictamen fortalecía la definición de los términos empoderamiento de las mujeres y perspectiva de género y determina las acciones y políticas públicas que corresponderán a cada uno de los poderes del Estado.
De la misma forma, se redefinió el concepto de acoso sexual como “forma de violencia consistente en cualquier tipo de molestia de connotación sexual hacia la mujer, valiéndose de una posición jerárquica derivada de relaciones laborales, escolares, domésticas o de cualquier otra índole que implique subordinación, sea ésta emocional, de género o psicológica.”.
Y se agregó que hostigamiento sexual es el “ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente a la persona agresora en los ámbitos laboral o escolar, entre otros, que se expresa en conductas verbales, física o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotación lasciva”.
Ante ello, el mandatario estatal solicitó adecuar los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación que establezcan los gobiernos estatal y municipal, para proteger a las víctimas de violencia en el ámbito familiar, deberán favorecer la separación y alejamiento de la persona agresora respecto de la víctima.