En lo que se considera un hecho histórico, el pleno del Congreso local aprobó el juicio político en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta, planteando su inhabilitación por un periodo de 5 años y su destitución, lo cual deberá ser validado por el pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Esta será la primera vez que en el Poder Judicial se resuelva un juicio político.
Tras analizar el dictamen generado por la Comisión Instructora, los legisladores actuaron como jurado de acusación y determinaron que la expresidenta del Poder Judicial sea juzgada por sus homólogos.
El juicio político se generó a petición del Juez José Clemente Zorrilla Rostro, luego de haber sido destituido de su cargo.
En la solicitud de juicio político el Juez señaló que la magistrada afectó los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho por usurpar funciones que le correspondían al Consejo de la Judicatura, entre ellas, destituirlo del cargo.
Este día, en sesión privada, 35 de los 44 legisladores presente emitieron su voto a favor del juicio político en contra de Martínez Huerta, quien será la primera expresidenta del Poder Judicial que sea sometida a este proceso.
La decisión fue tomada, luego de que los abogados por un periodo de 30 minutos expusieran los medios de defensa de la magistrada en contra del dictamen que fue generado con los votos de dos de los tres legisladores integrantes de la Comisión Instructora: Víctor Vargas Barrientos y Jessica Ramírez Cisneros.
A la sesión acudieron 44 legisladores, ya que registró la ausencia de María Graciela Hernández Íñiguez, Bingen Rementería Molina, Mónica Robles Barajas, Libni Adaelsi Sánchez Núñez, Arturo Serna Barajas y Enrique Cambranis Torres. Este último integrante de la Comisión Instructora.
En contra del dictamen votaron nueve legisladores: María Josefina Gamboa Torales, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, María de Jesús Martínez Díaz, Montserrat Ortega Ruiz, Omar Miranda Romero, Judith Pineda Andrade, Carlos Alberto Triana García, Sergio Hernández Hernández y Brianda Kristel Hernández Topete.
Al haber sido aprobado el dictamen, este pasará a la Secretaría General de la Legislatura, desde donde se remitirá al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que los magistrados integrantes de la Sala Constitucional notifiquen a la denunciada para que formule alegatos a su favor y a la Comisión Instructora para que ratifique la acusación.
La Sala Constitucional realizará un proyecto de resolución, mismo que puede confirmar o no la decisión de la Comisión Instructora. El documento se enviará al pleno del Poder Judicial, que fungirá como jurado de sentencia y en sesión solemne los magistrados votarán a favor o en contra.
En caso de que se apruebe la responsabilidad de la magistrada, la sanción puede ser su destitución e inhabilitación por el plazo que los magistrados determinen.
En diciembre de 2019 el pleno del Congreso local otorgó el nombramiento a Sofía Martínez Huerta como magistrada por un periodo de diez años.
En noviembre del 2020, el juez José Clemente Zorrilla solicitó juicio contra la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tras ser removido del juzgado a su cargo.
La decisión de remoción tenía que ser tomada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pero la instrucción fue dada por Martínez Huerta, motivo por el que fue acusada de usurpar funciones del máximo órgano al interior del Poder Judicial.
Se debe recordar que el 23 de octubre del año pasado Martínez Huerta fue destituida de su cargo como presidenta del Tribunal por el pleno de magistrados presidentes de Sala, quienes la acusaron un mal manejo de cometer irregularidades durante los diez meses que estuvo a cargo de la presidencia del Poder Judicial.
Ese día se nombró a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz como la nueva presidenta del Tribunal.