Luego del asesinato de Jesús Ociel Baena Saucedo, primera persona no binaria en ocupar un cargo en el Tribunal Electoral de Aguascalientes, representantes de la comunidad de la diversidad sexual de Veracruz manifiestan sentir miedo.
Pese a sentirse vulnerables, afirman tener el coraje necesario para luchar por la creación de la Fiscalía de crímenes de odio y defender los derechos políticos ganados, ahora en riesgo.
“Los derechos políticos son progresivos, no puede haber un retroceso en las acciones afirmativas”, expresan sobre la disminución de espacios, de 18 a cuatro curules a nivel federal y una en el congreso local.
En entrevista, Benjamín Callejas Hernández, presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI-Veracruz, y Leonardo Ruiz, fundador de Orgullo Xalapa AC, coinciden en la necesidad de soluciones contundentes; en 2024, enfatizan, no habrá pretexto para la creación de la fiscalía de crímenes de odio por homofobia.
“Si el gobernador dijo que habrá 160 millones extras para la Fiscalía General del Estado y la fiscal ha mencionado que para abrir la de Crímenes se necesitan cuatro millones al año, habrá el presupuesto suficiente para poder llevarla a cabo”, declaró Benjamín Callejas.
“Los crímenes de odio siguen aumentando. Lastimosamente, vemos con temor lo que le pasó al magistrade. Si eso le pasó a una figura importante en la política, ¿qué nos puede pasar a nosotros?”, cuestiona Leonardo Ruiz.
Las personas activistas se pronuncian además por un trabajo real en la Secretaría de Seguridad Pública en el tema de acoso y violencia a sus compañeras de Lázaro Cárdenas y a la población diversa al interior de la misma institución.
“Hemos estado incidiendo en la Contraloría General del Estado para que la Ley de Responsabilidades Administrativas en la Secretaría de Seguridad Pública no solo quede en una comisión de honor y justicia para dictaminar si realmente se trata de asuntos violatorios a los derechos humanos. El tema se debe atender de fondo”, indican.
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Sostienen que hay poco avances en Veracruz, donde las acciones han sido sustantivas, de promoción de los derechos de la población de la diversidad sexual de parte del Estado, pero “no es suficiente”.
“Se tienen que hacer los cambios de fondo y no de forma. Que no quede solo en el discurso. La lucha de los derechos humanos, civiles y políticos de nuestra población es con litigio estratégico y argumento jurídico”.
Político-electoral
En el tema del Proceso Electoral 2023-2024, con elección el próximo 2 de junio, llaman al cumplimiento de las cuotas LGBTQ+ en todos los partidos políticos.
Benjamín Callejas habla de la reducción de cuotas y destaca que son más de cien denuncias las interpuestas para que el Instituto Nacional Electoral eche abajo la reducción.
“El OPLE está esperando la resolución. En la legislación pasada eran 19 y la Coalición hizo lo propio para que no solo se queden cuatro curules a nivel federal”.
El exhorto, añadió, es también para los partidos en el estado, se busca que las personas de la población diversa no entren a las encuestas.
“Es un engaño de los partidos ir por encuesta. Las acciones afirmativas se tienen que aplicar de facto porque ya es algo ganado en tribunales desde 2020”, puntualiza.
Añade que el exhorto es a los partidos para que no manejen a conveniencia las cuotas de la diversidad sexual.
“El Partido del Trabajo ya tiene la cuota cubierta. Que los demás lo hagan; traemos iniciativas y queremos trabajar en conjunto. Que no se nos violenten nuestros derechos políticos electorales. Tenemos el derecho a ser votados y votar”, subraya Leonardo Ruiz.
Reiteran que tanto lo sucedido a Jesús Ociel Baena como a otras personas de la comunidad de la diversidad sexual, así como las afectaciones a derechos políticos “son una muestra de que han fallado los esfuerzos del gobierno para atender a la comunidad pues no existen políticas públicas que den protección”.
