En los últimos seis años, Veracruz ha sido escenario de violencia contra las fuerzas de seguridad. Según el informe “Las policías en México: radiografía de un retraso crónico (2018-2024)” de la organización Causa en Común, un total de 141 policías han sido asesinados en la entidad, posicionándola como la sexta a nivel nacional en este conteo.
¿Cuántos policías han sido asesinados desde el 2018 hasta el 2024?
Del 1 de diciembre de 2018 al 1 de agosto de 2024, México ha registrado el asesinato de 2 mil 417 policías, de los cuales el 54.9 por ciento eran policías municipales, el 39 por ciento policías estatales y el 6.1 por ciento agentes federales.
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Veracruz, con 141 muertes, se suma a estados como Guanajuato (360), Guerrero (167), Estado de México (167), Zacatecas (166), Michoacán (152), y Jalisco (140), en esta lista negra.
En 2020, Veracruz se posicionó como uno de los estados con mayor número de policías asesinados, registrando 39 víctimas. Durante 2021, la cifra aumentó con 30 homicidios más, y en 2022, la entidad ocupó el quinto lugar a nivel nacional con 24 policías asesinados. En 2023, se sumaron 23 víctimas adicionales. Estos datos reflejan la violencia persistente que enfrentan los cuerpos de seguridad en la entidad.
Además de la violencia directa, los policías en Veracruz han tenido que lidiar con precarias condiciones laborales, que han motivado 10 movilizaciones de protesta entre diciembre de 2018 y agosto de 2024. De estas, 5 fueron paros, 1 fue un emplazamiento a paro y 4 fueron manifestaciones.
A nivel nacional, el panorama no es muy diferente. En el mismo periodo se registraron 413 movilizaciones de policías, incluyendo 183 paros, 165 manifestaciones y 65 emplazamientos a paro. Estados como Hidalgo, Oaxaca, Estado de México y Puebla encabezan la lista con el mayor número de paros y movilizaciones, evidenciando una crisis en las fuerzas de seguridad del país.
¿Cuáles son las principales demandas de los policías en México?
Entre las principales demandas de los policías se encuentran el aumento salarial, el pago de bonos y prestaciones, la mejora en las condiciones de trabajo y la dotación de vehículos y equipamiento adecuados.
A pesar de las movilizaciones, las respuestas de las autoridades han sido limitadas, con mesas de diálogo que en ocasiones terminan en compromisos no cumplidos y, en algunos casos, en represalias contra los manifestantes.
El impacto de la militarización y las fallas del sistema
La militarización de la seguridad pública, promovida durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha sido señalada como una de las causas del deterioro de las policías locales.
El Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, elaborado por Causa en Común, advierte que este proceso no ha logrado reducir la violencia ni la impunidad, y ha debilitado aún más a las policías estatales y municipales.
Además, el informe destaca los riesgos de violaciones a los derechos humanos, corrupción y la incompatibilidad del protagonismo militar con un sistema democrático. Señala que la inoperancia del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y los recortes presupuestales han contribuido al abandono de las policías, que operan en condiciones cada vez más precarias.
El CNSP, responsable de formular propuestas de programas nacionales y promover la coordinación entre las instancias de seguridad pública, ha demostrado ser insuficiente en su labor, según la organización Causa en Común.
Aunque en 2019 se aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, diseñado para fortalecer a las policías locales, la falta de presupuesto y la tendencia a incorporar mandos militares sin experiencia en materia policial han obstaculizado su implementación.
Para revertir esta situación, Causa en Común propone varias medidas, entre ellas, el cumplimiento de las responsabilidades del SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) y el CNSP (Consejo Nacional de Seguridad Pública) en el diseño y seguimiento de políticas nacionales homologadas para el desarrollo de policías, fiscalías y penales.
También se sugiere la homologación de las condiciones laborales de las corporaciones municipales y estatales, una reforma constitucional para que los policías puedan recibir denuncias y atender casos de investigación, y la implementación de mecanismos de supervisión externa.
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