Xalapa, Ver.- La concesión de territorio veracruzano para la extracción de metales y minerales del subsuelo aumentó no sólo con el registro de 90 a 103 títulos de concesiones mineras, dentro del periodo 2012-2016, también con la ampliación de la superficie concedida en favor de las empresas que operan hasta con un permiso máximo de 48 años.
Hasta diciembre de 2016 la Secretaría de Economía dio cuenta de cuatro empresas que realizan trabajos de exploración regional y de barrenación en la entidad veracruzana: Almaden Minerals LTD, con el proyecto El Cobre, en el municipio Las Minas; Goldgroup Mining Inc., con el proyecto Caballo Blanco, en Alto Lucero; Unión de Ejidos “Lic. Rafael Hernández Ochoa”, S de RL de CV, con el proyecto de caolín en el municipio de Huayacocotla, y Source Exploration Corp/Chesapeake Gold Corp., con el proyecto La Miqueta, en los municipios Las Minas y Tatatila.
Por su parte el Servicio Geológico Mexicano reporta que las asignaciones a mineras nacionales son Gallo de Oro (Chiconquiaco, Juchique de Ferrer), La Cañada (Tenochtitlan), Aurora (Yecuatla y Chiconquiaco), Aurora I (Chiconquiaco y Yecuatla) y Aurora I, fracción B (Yecuatla, Chiconquiaco y Juchique de Ferrer).
De acuerdo con la información publicada por el Sistema Integral de Administración Minera (SIAM) de la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal las empresas mineras con títulos de concesión registrados dentro del periodo 2006-2017 tienen permisos con vigencias que alcanzan entre 38 a 48 años para operar en el estado.
El último registro de concesión minera se realizó en febrero de 2016, para el lote “Monta”, en el municipio de Perote, con vigencia hasta el 15 de febrero de 2066.
Las concesiones para empresas mineras contempla la operación en los municipios Las Minas, Alto Lucero, Actopan, Uxpanapa, Huayacocotla, Pánuco, Espinal, Chinameca, Jalacingo, Papantla, Playa Vicente, Tatalila y Apazapan.
Los municipios donde se concentran mayores concesiones a mineras son Las Minas, Alto Lucero, Actopan y Huayacocotla.
Hasta 2016 la Dirección de Control Documental e Indicadores Estratégicos de la Secretaría de Economía ubicó a Veracruz en la posición nacional 20, por su participación en el valor de la producción mineral nacional.
El valor de la producción mineral estatal (durante el periodo enero-diciembre de 2015) ascendió a 13,441,826 millones de pesos.
Los principales minerales producidos durante el periodo 2007-2016 fueron caolín, manganeso, sal y arena sílica, destacando en eso los municipios de Huayacocotla, Pánuco, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan y San Juan Evangelista.
Según datos oficiales proporcionados por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE) —en materia de títulos y superficies concesionadas—, en 2012 había 90 concesiones tituladas en el estado de Veracruz, las cuales incrementaron a 104 en 2013; en 2014 se mantiene en 104 títulos, y a pesar de que en 2015 disminuyó el número de títulos (103), se registró un incremento de la superficie trabajada en minería, que se mantiene hasta enero de 2016.
La superficie concesionada a mineras pasó de 226,242 hectáreas en 2012, a 243,924 hectáreas en 2016.
En Veracruz se localizan 14 regiones mineras: el Istmo, región caolinífera de Huayacocotla, región minera Orizaba, región Perote, distrito minero Las Minas, zona mineralizada Tatatila-Las Minas, zona Jáltipan, zona Sayula, zona Tatatila-Las Minas, área mineralizada El Bastonal, área mineralizada La Miqueta, área mineralizada Las Minas, área mineralizada Tatatila y el área prospectiva Caballo Blanco.
CASO CABALLO BLANCO
El proyecto minero a cielo abierto Caballo Blanco, de la empresa canadiense Goldgroup Mining Inc, ubicado en el municipio de Alto Lucero —a tres kilómetros de la central nucleoeléctrica Laguna Verde— es uno de los conflictos mineros más representativos en México, que opera con la autorización federal de la Semarnat y Profepa.
La oposición a los trabajos realizados por la empresa canadiense incluye no sólo a la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), sino a pobladores del municipio de Alto Lucero y comunidades aledañas.
El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) detalla que el proyecto Caballo Blanco amenaza al medio ambiente y la seguridad de la población, ya que aumenta el riesgo de un accidente nuclear con consecuencias mortales para los mexicanos.
“Además de encontrarse a tres kilómetros de la Central Nuclear de Laguna Verde, se encuentra a 1.5 kilómetros de cinco ductos de gas y petróleo de Pemex, que conducen y alimentan tanto a Laguna Verde como a los procesos industriales de los estados del norte”, reporta en su mapa de conflictos.
En enero de 2010 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) avaló las actividades de exploración —que iniciaron desde 1995—, lo que le permitió a la empresa Goldgroup Mining Inc. exentar el cumplimiento de otras normas ambientales.
El OCMAL detalla que en el proceso de operación la minera canadiense usará toneladas de cianuro, prohibida en su país de origen, en una zona que está frecuentemente afectada por huracanes que podrían ocasionar el derrame de agua cianurada directamente hacia la Central Nuclear, y hacia la carretera interestatal que comunica el sur con el norte del país.
NORMAS INTERNACIONALES
A pesar de que las actividades de minería han provocado cambios en la vida de las comunidades que son víctimas de una comprobada contaminación ambiental y de la transgresión de sus derechos a la vida, a la integridad, la salud y la propiedad, hasta el momento se carece del más mínimo cálculo prospectivo de las consecuencias negativas.
Desde 2014 diversas organizaciones de la sociedad civil, con presencia en países de América Latina, reportaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el impacto negativo de las empresas mineras canadienses, entre ellos el proyecto Caballo Blanco, localizado en el estado de Veracruz, a cargo de Goldgroup Mining Inc.
El informe “Impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” señaló que las actividades mineras se realizan sin consideración del cuidado especial que se debe tener a reservas naturales, zonas de protección o de la inviabilidad de los proyectos mineros.
El reporte advertía que la empresa canadiense realizaba exploraciones en la zona, a pesar de la oposición de diversos organismos que sustentaron, bajo diversos estudios, la inviabilidad del proyecto Caballo Blanco.
Refiere que el proyecto Caballo Blanco se ubica en un santuario de cícadas (especie de plantas milenarias en peligro de extinción). Sobre esto el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) negó el permiso para explorar el cerro La Paila por ser paisaje arqueológico; asimismo pidió suspender las explosiones, por tratarse de una región terrestre prioritaria.
El proyecto Caballo Blanco se localiza, además, a 7 kilómetros de la zona prehispánica de Quiahuiztlán (lugar de la lluvia), conocida por ser lugar de asentamiento totonaca y habitada por más de 16 mil pobladores.
Sin embargo, para organizaciones internacionales el nivel de reconocimiento por parte de empresas canadienses en materia de derechos humanos y responsabilidad social es bajo y frecuentemente se incumplen.
En el caso de la empresa Goldgroup Mining Inc, ni siquiera en su página oficial hace alguna mención a principios o a relaciones con las comunidades.
DAÑOS A LA SALUD
En febrero de 2015 la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública publicó en su informe “La Salud Ambiental en México” las consecuencias negativas de las explotaciones mineras en México.
En la investigación de la salud pública para evaluar el riesgo de daño a la salud por degradación ambiental y exposiciones a contaminantes se halló que los niños de las comunidades expuestas a manganeso tienen casi la mitad de la capacidad de memoria para el aprendizaje, comparado con los de una comunidad no expuesta y esto se encuentra asociado a las concentraciones de manganeso en el cabello.
También las exposiciones al plomo afectan a la población, en detrimento de su coeficiente intelectual.
A pesar de que el reglamento de la Ley Minera, reformada en 2014, establece que la nulidad, cancelación o suspensión de derechos se puede realizar a petición de la autoridad laboral, local o federal cuando se considere que las condiciones de seguridad e higiene existentes de las obras y trabajos ponen en peligro la vida e integridad física de los miembros de la comunidad, hasta el momento ninguna autoridad se responsabiliza de los daños provocados por los proyectos mineros.
