BOCA DEL RÍO, Ver.- La agresión contra Ernestina Ascencio fue un hecho real pero las autoridades estatales y federales taparon, coaccionaron y torcieron la justicia, denuncia el presidente municipal de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos.
Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atrajera el caso 13 años después del violento hecho, para la realización de una audiencia pública, el alcalde, quien en el 2007 era dirigente estatal del PRD y fue una de las principales voces para pedir justicia por la indígena veracruzana violentada por miembros del Ejército, considera que el tema ya es un poco intrascendente.
En entrevista afirma que en su momento se mostraron todas las evidencias del abuso sexual que sufrió la mujer de 73 años y a las dos semanas se cerró el caso.
“Vivimos de cerca el hecho tan vergonzoso de algunos miembros del Ejército hacía doña Ernestina Ascencio, los que estuvimos en el tema, cerca con las autoridades municipales y con los dirigentes de Soledad Atzompa ese asunto no tenemos duda de lo que pasó, estamos ciertos que fue real la agresión y que el gobierno mexicano en todos sus niveles pues tapo o coaccionó, torció la justicia, se trata de un tema históricamente juzgado y no sé qué tan contundentes sean los alcances de la CIDH”, expresó.
Recordó que cuando se dio la agresión hacía la indígena Fidel Herrera Beltrán se encontraba como gobernador y Felipe Calderón en la Presidencia de la República y ambos callaron todas las voces para que no se diera el seguimiento jurídico para que los culpables aparecieran públicamente y cargaran por su delito.
El entrevistado mencionó que el caso de Ernestina Ascencio fue uno de los tantos hechos históricos que existen y que empañan la vida democrática del país.
A 14 AÑOS, SE PIDE JUSTICIA
La directora del Colectivo Feminista “Cihuatlahtolli”, Maricruz Jaimes García exigió justicia para Ernestina Ascencio, indígena náhuatl de la sierra de Zongolica quien fue violada y asesinada, presuntamente por militares, pues a casi 14 años de distancia del primer feminicidio, como fue catalogado, éste sigue impune.
En entrevista telefónica indicó que este caso fue “parteaguas de los clasificados como feminicidios”. Recordó que, en ese entonces, la agencia CIMA publicó una nota de que, entre Veracruz y Chiapas se superaba en número, a las muertas de Juárez.
“De ahí empezamos a investigar y descubrimos que había muchas mujeres asesinadas en la región de Orizaba y se veían como hechos aislados, sin ser contabilizados”, a partir de ahí comenzaron la cuenta. Refirió que el asesinato de doña Ernestina Ascencio visibilizó que “en esta sociedad a las mujeres nos matan todos los días y, aun así, el estado sigue sin cumplir la responsabilidad de garantizar la vida y seguridad de las mujeres y sigue sin ser realidad el acceso a la justicia para ellas”.
Agregó que ojalá al retomar el caso, la Corte Interamericana sea para que exista un antecedente de justicia porque “por quienes dicen que lo hicieron vimos que desde ese tiempo hay total impunidad y sería muy bueno que se revisara nuevamente y se hiciera justicia, porque sabemos perfectamente que quedó archivado y no se siguió como tenía que ser para que los responsables fueran castigados”, aseveró.
Añadió que el acceso a la justicia es un discurso político que usan los que están en el cargo, pero en la práctica es letra muerta, pues muy pocos casos se llegan a denunciar, se investigan y castigan. Resaltó que de cada 10 mujeres que sufren violencia, tres denuncian, pero solo el caso de una llega a término, porque para ello la mujer necesita, tiempo, dinero y esfuerzo.
Mencionó que la impunidad y corrupción deja entrever que la vida de las mujeres la consideran de menos valor en esta sociedad. “La mayoría de los violentadores y asesinos de mujeres está libre”.
Finalmente, Jaimes García, quien junto con el Colectivo Feminista exigió desde el primer momento justicia al crimen cometido, reiteró que a 14 años del feminicidio de doña Ernestina Ascencio, el estado Veracruz sigue sin garantizar la vida y seguridad de las mujeres y a éstas les sigue debiendo el acceso a la justicia.
Con información de Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba
ESTADO DEBE HACERSE RESPONSABLE DEL CASO: MAGISTRADA
El Estado mexicano debe tomar su responsabilidad en los hechos que hace casi 14 años provocaron la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, dijo la docente y magistrada María Lilia Viveros Ramírez, quien añadió que se llega a la audiencia pública que tendrá la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con la esperanza de conocer la verdad, así como que estos hechos provoquen ciertos cambios en las instituciones que brinden mayores garantías a las víctimas de violencia.
A la magistrada adscrita a la octava sala del Tribunal Superior de Justica le complace que bajo esta administración se dé la conciencia de que todos somos susceptibles de cometer errores y que algunos no son aislados, como en este caso, por lo cual todos los servidores públicos que cometan un delito deben rendir cuentas de sus actos.
Este caso en particular, añadió, es un paradigma y era necesario para el Estado Mexicano, porque la audiencia dará un poco de luz y esperanza, no sólo para este caso sino también para otros que continúen en el anonimato. Permitirá que no sólo las víctimas sino los ciudadanos y ciudadanas nos replanteemos qué estamos haciendo y cómo lo hacemos.
La audiencia de la CIDH representará un aprendizaje para todas y todos y aunque han pasado 13 años, casi 14 de los hechos las condiciones y circunstancias deben ser ejemplares para el Estado o cuando menos así se ha percibido, asentó.
Exhibió la vulnerabilidad de las mujeres en eventos bélicos y enfrentamientos armados en comparación con su contraparte masculina, como el que se dio en aquel entonces en el sexenio calderonista, sin embargo el caso de Ernestina Ascencio es quizá más sensible porque la agresión sexual fue contra una mujer más vulnerable a ser adulta mayor con 73 años, indígena nahua no hablante del español. Ella llegó con vida al hospital, pero no había traductor, de ahí que el dicho de sus hijas es que su madre afirmó que sus atacantes habían sido elementos del Ejército mexicano.
El primer gran error, en su opinión, fue haber destruido evidencias y desdibujar los rostros de los agresores, de ahí que quienes resulten responsables deben rendir cuentas.
Todo esto debe representar una reflexión para el Ejército Mexicano, así como para todas y todos los servidores públicos en virtud de que deben rendir cuentas y aceptar su responsabilidad. Sí debe el Estado tomar su responsabilidad y llegar a la verdad de los hechos, lo que beneficiará a todos.
Concluyó que le congratula que el caso haya llegado a la CIDH con altas expectativas de conocer la verdad, que esto se refleje en ciertos cambios al interior del Estado y su impartición de justicia y que México reconozca que tiene una deuda pendiente con los grupos indígenas vulnerables.
Con información de Celia Gayosso | Diario de Xalapa
