El representante de los transportistas que mantienen bloqueada la carretera Fortín-Conejos, Víctor Serralde Martínez pide al Gobierno del Estado privilegiar el diálogo para firmar los acuerdos que garanticen la rehabilitación de ese tramo, sin que haya represalias para los manifestantes.
En conferencia de prensa en esta ciudad, señala que en la zona se encuentran elementos de Seguridad Pública y de la Policía Ministerial que podrían llevar a cabo un desalojo violento.
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También sostiene que "es importante prevenir que se les criminalice a los transportistas por esa protesta y que la autoridad federal incurra en la represión para evitar un choque violento".
Los bloqueos reiniciaron alrededor de las 6 horas de ayer en la carretera federal Huatusco-Totutla, a la altura del entronque de Huatusco y la colonia Manuel González.
Los inconformes solicitan el apoyo del Gobierno del Estado para que gestiones ante la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes los trabajos que sean necesarios.
Según él, la carretera se encuentra en mal estado desde hace cinco años, al grado de que para algunos transportistas es difícil y peligroso realizar los viajes.
"El gobierno federal debe darle mantenimiento; en algunos puntos se encuentra en deplorables condiciones; se debe privilegiar el diálogo", agrega.
¿Quiénes participan en el bloqueo de la carretera federal Huatusco-Totutla?
En el bloqueo participan hombres y mujeres que integran el gremio de taxistas, del transporte de camionetas rurales y de camioneros de las uniones de transporte de la industria de la construcción, entre otros.
A más de 24 horas de protesta, asegura, no han tenido el acercamiento de alguna autoridad del estado y de la Federación, por lo que un grupo de ellos se trasladó a esta capital para buscar el diálogo con autoridades estatales.
Agrega que son cientos de familias las que dependen del servicio de transporte en sus distintas modalidades y que por ello es necesario que la carretera sea rehabilitada en un aproximado de 50 kilómetros.
Sin embargo, piden que las negociaciones se lleven a cabo de maneras civilizada, a través del diálogo, para prevenir conflictos o enfrentamientos que pudieran surgir a raíz del posible uso de la fuerza pública.