Xalapa, Ver.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Trujillo Ortiz, presentó una reforma al artículo 9 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado con la que se pretende proteger y alejar de sus agresores a mujeres y menores víctimas de violencia por Covid-19 durante el aislamiento sanitario.
La legisladora indicó que por la cuarentena generada por el Covid-19 la violencia intrafamiliar aumentó en los hogares veracruzanos, donde la mayor parte de las víctimas son mujeres, orilladas a vivir en confinamiento con sus agresores.
Refirió que ante incidentes como: abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar, los “Centros de Atención de llamadas de Emergencia” de las 32 entidades federativas del país, que funcionan bajo el número “911”, recibieron tan sólo en marzo un total de 115 mil 614 llamadas.
Ello, dijo, significa un 28.6% más que las llamadas registradas en enero, cuando se realizaron 89 mil 880 y un 22% más que en febrero, cuando fueron 94 mil 518.
Señaló que ante lo anterior se aduce que diariamente durante marzo 3 mil 729 mujeres pidieron auxilio al verse involucradas en una situación de violencia; lo que significa un promedio de 155 mujeres violentadas cada hora.
Especificó que datos del “Boletín Epidemiológico” de la Secretaría de Salud federal revelan que el 40% de los casos de violencia intrafamiliar en Veracruz se registraron del primero de marzo al 11 de abril del año en curso.
“La comprensión y el entendimiento de la violencia familiar son fundamentales para poder detener el incremento del número de casos, así como para crear métodos preventivos para la población, que garanticen seguridad a sus vidas y un nivel de salud mental que les permita funcionar adaptativamente en la sociedad”, expuso la legisladora.
Detalló que conforme al estudio titulado “Feminicidios y asesinatos dolosos de mujeres y niñas en México en 2019”, elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativos del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Veracruz ocupó el primer lugar en los crímenes por razón de género el año pasado.
Manifestó que el mismo estudio especifica que Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz se encuentran dentro de los diez municipios del país con mayor número de casos de feminicidios.
Mientras que datos del “Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, indican que de enero a febrero del año en curso, Veracruz es el segundo estado del país que reporta mayores denuncias por los delitos de “Violencia de género en todas sus modalidades distintas a la violencia familiar”, siendo los municipios de: Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Boca del Río, Medellín, Tuxpan y Minatitlán, donde se concentran la mayor cantidad de denuncias.
Y, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz los municipios con el mayor número de denuncias de violencia intrafamiliar, sólo de enero y febrero de este año fueron: Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Orizaba.
En estos cinco municipios, destacó, sumaron 600 de las mil 538 carpetas de investigación iniciadas por este delito en el primer bimestre del año.
“Producto de lo anterior, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley”, expuso.
Puntualizó que en un contexto donde las medidas de aislamiento y resguardo domiciliario que tienen como objetivo mitigar la dispersión y transmisión del virus y la muerte por Covid-19 en la población han incrementado la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia, la protección de sus derechos, el establecimiento de mecanismos de prevención y atención a las víctimas es una de las principales obligaciones del Estado.
Lo anterior, a efecto de evitar que la violencia en los hogares se incremente durante periodos de aislamiento domiciliario, derivado de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe.
Ante ello, se busca favorecer la separación y alejamiento de la persona agresora respecto de la víctima, especialmente durante resguardo domiciliario dictado por autoridad competente, en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe.
