Para defensores de los derechos de la infancia, es necesario repensar cómo focalizar las políticas de protección de salud y educación para los niños y niñas pensando en los rezagos y marginalidades de sus localidades y municipios y darle prioridad en grupos altamente marginados, precarizados y excluidos.
Tras el caso de dos menores que comieron pan envenenado en Soteapan, Veracruz, de los cuales una niña de 5 años perdió la vida, mientras que su hermanito fuera trasladado para ser atendido en el puerto de Veracruz, Arturo Narváez Aguilera académico de la facultad de Sociología de la UV, dijo que muchos municipios tienen históricamente procesos acumulados de desigualdad y marginación, y no cuentan con todos los servicios de salud y educación por lo que contar con esto debería ser prioridad porque en varias de éstas no cuentan ni con un centro de salud digno y se les imposibilita o dificulta el traslado a centros más especializados.
Para Juan Martín Pérez García coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, ahora, se necesita un plan de restitución de derechos que contemple el tema de salud, además de que se debe investigar si hay otras condiciones de vulnerabilidad de estos niños y cómo se le puede apoyar a la familia desde el Estado.
Consideró que es evidente que las localidades con una fuerte presencia indígena, son las que tienen menos acceso a los servicios de salud y los servicios públicos porque hay una discriminación estructural.
Y es que los hospitales suelen estar en las ciudades o las cabeceras y los servicios médicos que tienen disponibles en pequeñas comunidades no están preparados ni tienen los recursos tanto económicos como de personal para emergencias, lo que va en contra de niños y niñas, añadió.
Tras el caso en Soteapan en el que de acuerdo con la madre de los menores habrían ingerido pan con veneno de manera accidental y con el que presuntamente se pretendía matar a animales, dijo que el hecho de que tuvieran que trasladarse a una distancia importante jugó contra la vida de la menor que murió porque no tuvo una intervención oportuna lo que es una violación a sus derechos como la salud, asociado a una discriminación estructural, lamentó.
“Claramente la condición de precariedad por donde suceden los acontecimientos y que nos llevan a una primera pregunta, cómo es que los niñas y niñas toman alimento aparentemente por lo que narran las notas, del suelo, si es que tenían hambre, si es que había alguna cosa ahí que es necesario explicarse y tener respuesta, seguramente en las investigaciones se tendrá que dar más aportes e información”, dijo.
Por ello consideró importante que la Fiscalía General del Estado (FGE) realice una investigación criminal porque el hecho de que ya existieron antecedentes de agresión hacia alguna de las mascotas no es un acto inocente, sino que ya hay responsabilidades penales por el riesgo y ahora la evidencia de daño a niños y niñas.
“La procuraduría de protección de niñez del sistema DIF tiene que realizar también un análisis detallado de la condición en la que estaban las niñas y niños para descartar cualquier riesgo de daño interno, como una expresión de violencia. Partimos de que no hay un acto como tal, pero es obligación de la autoridad, explorar con la niña sobreviviente y la hermanita mayor cómo están y cuál es su condición”.
Arturo Narváez consideró que este caso señala que se debe empezar a incorporar el nuevo paradigma de cómo se incorporan programas para pensar espacios de protección seguros para los niños a nivel de las familias, pero también del barrio, los vecinos y la comunidad, además del soporte institucional.
“La protección comunitaria, integral de derechos, requiere del soporte institucional, de las políticas públicas porque cada actor tiene un papel fundamental. Incluso la propia ley de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, ya incorpora que el gobierno es el responsable de garantizar la protección de derechos, las familias también tienen responsabilidad en esa protección de derechos, pero también ahora la sociedad y las comunidades”.
Ante ello, insistió en que se debe repensar en esos casos, el tema de la protección de derechos desde un nivel comunitario, de espacios de protección seguros para la niñez.
“Porque pensemos, de los espacios de recreación de los niños, de los espacios en donde las niñas, niños, adolescentes caminan, ¿qué tanto estos espacios son seguros a nivel vecinal, del barrio, de las comunidades, qué tanto son seguros y qué tanto en estos espacios se está pensando cuando se diseña el tema de obra pública o del diseño urbanístico o de los espacios, qué tanto están pensados desde el cuidado y desde interés superior, y de la protección?”, cuestionó.
Es necesario, subrayó, promover una cultura a nivel social, comunitario, barrial y vecinal, del cuidado de los niños pues así este tipo de situaciones serían pensadas de otra forma.
Exigen sanciones para los responsables
El diputado local, Gonzalo Guízar Valladares solicitó a las autoridades investigar y sancionar a los responsables del envenenamiento con un pan de los dos menores de edad del municipio de Soteapan.
Consideró como reprobable que este hecho haya sucedido, sobre todo porque, al parecer, la intención era dañar a un animal y terminó afectando a menores inocentes.
Como seres humanos nadie desea que este tipo de situaciones pase, es lamentable que un niño inocente se coma un pan y que esté envenenado porque se lo hayan dejado a un animal
El legislador manifestó que se trata de un delito grave, por lo que debe existir una sanción ejemplar para quien o quienes resulten responsables de dicho acto.
“Ningún ser merece morir de esa manera y menos un niño, es un tema complicado y lamentable que haya sucedido este acto porque terminó con la vida de una menor inocente que lo único que hizo fue probar un pan”, expuso.
Refirió que se debe investigar conforme a la situación generada, ya que más allá del accidente, una persona perdió la vida.
“Que la sociedad sepa qué fue lo que ocasionó la pérdida de la vida de la menor víctima de este acto”, agregó.
Soteapan, con alto grado de marginación
El municipio de Soteapan se ubica al sur del estado y colinda con los municipios de Catemaco, Tatahuicapan de Juárez, Mecayapan, Chinameca, Soconusco y Acayucan.
Tiene una población de 37 mil 676 habitantes, 18 mil 459 hombres y 19 mil 217 mujeres.
Su población indígena es de 29 mil 922 habitantes y se considera con un grado de marginación muy alto.
En situación de pobreza se encuentra el 89.3 por ciento de su población, correspondiente a 23 mil 652 personas, 13 mil 534 están en pobreza extrema y 10 mil 118 personas se ubican en pobreza moderada.
25 mil 382 de los pobladores son hablantes de lengua indígena, siendo el Popoluca la lengua principal.
En este municipio 7 mil 393 personas son analfabetas.
En Soteapan únicamente se cuenta con 12 clínicas, 8 de la Secretaría de Salud y 4 IMSS-Bienestar.
En las clínicas del Sector Salud se cuenta con 16 médicos que durante el 2020 otorgaron 38 mil 255 consultas internas, y en el IMSS-Bienestar se tienen 5 médicos que el año pasado brindaron 36 mil 157 atenciones.
Con información de Itzel Molina | Diario de Xalapa
