La libertad de la Angélica “N”, quien fuera jueza del Poder Judicial, está restringida y a ello se le suma ahora presión de conseguir un millón de pesos que es una cantidad exorbitante y desproporcionada, afirmó el abogado Lázaro Ignacio Flores Díaz del despacho Jurídico Flores y Aguilar al negar que hubiera “mano negra” tras modificar la medida cautelar.
En entrevista consideró que a lo largo de este proceso se han encontrado con diversos obstáculos por parte de la Fiscalía General del Estado para hacer sus actos de investigación; sin embargo, dijo que la defensa está acostumbrada a ello por lo que seguirán trabajando en demostrar su inocencia.
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“Se celebró una audiencia de control, en cumplimiento a una resolución del Tribunal Colegiado en materia penal en donde le indicó al juez de control que dejara insubsistente la medida cautelar de la prisión preventiva justificada y que en base a lo que alegáramos las partes hiciera procedente, dictara otra medida cautelar menos la de prisión preventiva justificada”.
El juez, recordó, después de escuchar los alegatos y las argumentaciones de las partes, la Fiscalía General del Estado y la defensa, optó por imponerle el resguardo domiciliario y una garantía económica de un millón de pesos.
“Al respecto, la libertad sigue estando restringida, no obtuvo su libertad para enfrentar el proceso en plena libertad personal. Si bien es cierto, está dentro de su hogar que ya es bastante, no son las mismas condiciones de estar en un centro de reclusión, está en su casa, con sus familiares, aún así, su libertad está restringida con la presión ahora de conseguir un millón de pesos que la economía de la familia y de la misma, es una cantidad exorbitante y desproporcionada”.
Refirió que el juez consideró 30 días para justificar el cumplimiento o los trámites que se estén dando para acatarla.
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Al respecto señaló que la defensa interpuso un amparo indirecto ante la resolución a vinculación a proceso por lo que se espera que se revierta todo lo que ha hecho la Fiscalía General del Estado y las decisiones jurisdiccionales locales, “en base a ello estamos en espera de ese juicio de amparo”.
Luego de que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, criticara que el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Séptimo Circuito le haya otorgado “fast track” una suspensión provisional a la jueza acusada de los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública, el jurista dijo que la obligación de los magistrados en ese recurso de queja era resolver rápido, por lo que no hubo ninguna preferencia.
“No hubo ninguna situación de que se dijera que hubo mano negra como vulgarmente lo dicen, no, es algo normal, de un trámite normal para ella y para cualquier justiciable. Como defensa están trabajando en demostrar la inocencia de la jueza Angélica”.