El acoso y hostigamiento sexual es un delito que pese a lo que significa para quienes lo sufren, no es considerado grave y las principales víctimas son las mujeres. De acuerdo con abogadas y feministas, aunque existen protocolos en instituciones o en la iniciativa privada para su atención, estos son limitados por lo que se sigue poniendo en riesgo a la víctima.
A nivel nacional el estado de Veracruz ocupa el lugar siete con más casos de acoso u hostigamiento sexual con 261 llamadas de emergencia relacionadas con ello de enero a mayo de este año, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Equifonía señala que hacen falta mecanismos de acción
Adriana Fuentes Manzo, coordinadora de Equifonía, dijo que la cultura de la denuncia es mínima en estos casos. De acuerdo con el Código Penal para el estado de Veracruz, este no es un delito grave a menos que sea en contra de una persona menor de 18 años, explicó.
“Y hay conductas de acoso y hostigamiento que se pueden dar en el ámbito laboral y que esas conductas además las podemos denunciar en las fiscalías especializadas y lo que deben tener es la querella porque no son delitos graves a menos que exista una menor de edad o una condición donde no se pueda comprender la conducta entonces podrían seguirse de oficio, pero solamente en esos casos”.
Multas por acoso y hostigamiento en Veracruz
Según el artículo 190, 190 bis y 190 ter del Código Penal del Estado de Veracruz, a quien, con fines lascivos, acose u hostigue reiteradamente a una persona de cualquier sexo, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de hasta trescientos días de salario. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años, se impondrá una pena de uno a siete años de prisión y multa de hasta quinientos días de salario.
En ese marco legal, la abogada feminista expone que cuando el sujeto activo de este delito se valga de su posición jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra condición que implique subordinación de la víctima, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de hasta trescientos días de salario.
Si el acosador fuere servidor público y utilizare los medios y las circunstancias que su encargo le proporcione, será destituido y se le inhabilitará para ocupar otro empleo o comisión públicos, hasta por cinco años.
Cuando la víctima sea menor de dieciocho años, se impondrá una pena de dos a ocho años de prisión y multa de hasta mil días de salario, además de que el delito de acoso sexual se perseguirá por querella; es decir, requerirá de una denuncia.
Adriana Fuentes consideró que denunciar no es solo una responsabilidad de las mujeres puesto que, en el ámbito laboral, hay pocas áreas de recursos humanos capacitadas con protocolos para atender estos casos, lo que se repite en las empresas y las propias instancias a nivel federal y local que ya están impulsando que se generen mecanismos para la atención.
“A nivel federal hay un convenio suscrito para la atención, para promover que en las diferentes dependencias exista al menos un mecanismo para saber a dónde voy a denunciar, quiénes van a confirmar ese comité que va a analizar mi queja, cuáles son estas pruebas que se pueden aportar, no vamos hablar de un careo, pero del desahogo mismo y cuáles van a ser las sanciones”.
Y es que expuso que, aunque en ocasiones haya conductas que no son adecuadas o propias en un ambiente laboral, culturalmente se normaliza y se puede pensar que “solo le dio los buenos días, hizo referencia a cómo venía vestida hoy y se normaliza o se justifica con que esa es su personalidad cuando en realidad se deben tomar medidas urgentes para la atención en ese tipo de casos”.
19 casos de violencia física y sexual en lo que va del año en Veracruz
La directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Xalapa, Zaira del Toro Olivares, dijo que al primer semestre de este año han dado atención a seis casos de violencia de carácter sexual, seis físicas, seis de acoso sexual y uno de hostigamiento sexual.
Consideró que es necesaria la difusión de los mecanismos y protocolos que se tienen tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal y que, a su decir, funcionan siempre y cuando se les dé el seguimiento oportuno.
Expuso que una de las cosas que han trabajado dentro del instituto es darles la apertura y la confianza a las mujeres xalapeñas que tanto en el ámbito público o privado, pueden sufrir situaciones de acoso u hostigamiento, llámese de carácter laboral o sexual.
Sin embargo, señaló que, cuando hay temas laborales lo canalizan a la Secretaría del Trabajo, quien tiene un protocolo específico para la atención a este tipo de situaciones y quien es la encargada, de acuerdo a sus atribuciones legales, de poder determinar si existe o no un delito tal o una situación que amerite ya sea una sanción administrativa o penal.
“Para el caso de nosotras en el ayuntamiento, tenemos un protocolo específico de casos de atención ante situaciones laborales y situaciones de índole sexual; nosotras fungimos como un enlace entre la Contraloría, que es la instancia competente para hacer el proceso de investigación y de sanción; lo que recibe es el acompañamiento psicológico y la atención por resultar alguna afectación que pudieran tener quien sufre este tipo de situaciones y las canalizamos con la instancia competente en temas o en materia de determinación, impartición, investigación y reparación de los daños”.
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Dijo que las asesorías jurídicas que se les brindan son si ellas desean hacer una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.
Precisó que hasta ahora han sido solo dos usuarias las que han decidido denunciar lo que obedece a una situación multifactorial.
“Nosotras somos muy respetuosas de los tiempos que las usuarias nos están determinando en el proceso que ellas llevan de forma psicológica, porque esa es una parte en la que tenemos que trabajar muchísimo, el darles la autonomía y la seguridad a cada una de ellas, de saberse protegidas, acompañadas, pero sobre todo de que existe una ley que nos da la garantía a nosotras las mujeres de estar en espacios laborales seguros y libres de violencia y de discriminación”.
Una realidad, expuso, es el temor de las mujeres que son víctimas de esos delitos de que puedan perder su trabajo, “porque es nuestra única herramienta con la cual tenemos esta autonomía económica; sin embargo, la ley es muy clara y nos protege en muchos sentidos garantizando uno de nuestros derechos que es el derecho a trabajar”.
El promedio de edad de las mujeres que han pedido atención por alguno de esos casos son entre los 34 y 48 años, añadió.
Iniciativa de ley para crear registro de acosadores sexuales en Veracruz
La diputada local Maribel Ramírez Topete recordó que justo hace dos años y para visibilizar la problemática, propuso una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado para que exista un registro de acosadores sexuales.
Lo anterior, dijo, va a permitir darles seguimiento a las personas que han cometido este delito para poder fortalecer el tema de la reinserción social y que no vuelvan a cometer un delito de esta índole.
“Esto es un registro que se va a compartir desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres, pero va a tener acceso la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y de esta manera hacer un trabajo integral de reinserción social y de prevención del delito”.
Dijo que esto se lograría con el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Banesvim) que lleva el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que está para visibilizar las violencias.
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“En este banco se tendría este registro de acosadores sexuales y hostigadores. Las mujeres podrían acudir al Instituto para poder actualizar o también para poder revisar, porque también muchas veces lo que se busca es que estos violentadores no vivan cerca de escuelas o no sean contratados en universidades y vuelvan a incidir en cometer este delito”.
Lo que se busca, añadió, es tener una visión de prevención con este registro de acosadores y hostigadores sexuales.
“Y esto va muy bien con el tema de la 3 de 3 contra la violencia, una iniciativa que primero fue una acción afirmativa por parte del Instituto Nacional Electoral que busca que las personas que contiendan a cargos de elección popular no tengan estos antecedentes y mucho menos lleguen también a los espacios públicos, sean servidores públicos”.
Y es que, subrayó, la propuesta que presentó en el Congreso del Estado tiene la visión de quitarle el poder a la violencia.
“No queremos personas violentadoras en los espacios de decisión, creo que eso es un avance significativo que además viene de los tratados de Belém do Pará y que nos obliga como Estado a estarnos reinventando, a estar buscando soluciones para deconstruir esta cultura machista”.
Agregó que, aunque son pocas las denuncias al respecto, la incidencia es “dramática” pues según las estadísticas, nueve de cada diez mujeres han dicho que han sufrido violencia.
“Algo está ocurriendo que no nos estamos enfocando correctamente con políticas públicas y de lo que se trata es justamente de que la víctima no se revictimice, por eso el marco normativo, la ley, tiene que ir avanzando y tiene que ir acuerpando a las víctimas para justamente no caer en la revictimización”, abundó.
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