En el estado de Veracruz existe un rezago “casi criminal” en la atención a niñas de 10 a 14 años que son víctimas de violencia sexual lo que hace urgente la atención a esta problemática por parte de las instituciones de Salud considerando que casi en la totalidad de estos casos el perpetrador es mayor de edad y, por lo tanto, las niñas son víctimas de pederastia, afirmó Araceli González Saavedra de la asociación civil Equifonía.
En 2022, según los datos oficiales, hubo 747 nacimientos registrados en niñas de 10 a 14 años, dato que se incrementa con respecto al año anterior. En el mismo periodo, el sector salud, reporta que hubo seis niñas a las cuales se les otorgó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
“747 nacimientos contra seis IVES nos indican el grave rezago, es casi un rezago criminal el que está habiendo en el estado respecto a la atención de niñas víctimas de violencia sexual. Esto tendría que implicar una respuesta contundente por parte de titulares del ejecutivo, en este caso el gobernador, para instruir a su secretario de Salud a que atienda de manera urgente esta problemática”.
Otro indicador de que hay deficiencias en el sector salud en la atención de estos casos y el cumpliento de la NOM 046, es que en cinco de las seis IVES practicadas el año pasado, se usó el procedimiento de legrado uterino, cuando incluso el mismo protocolo que hay nivel nacional, establece que se debe utilizar el método más seguro que es la aspiración manual o el uso de medicamentos.
“Porque el legrado es una técnica contraindicada por la Organización Mundial de Salud que incluso dentro del propio programa de aborto seguro no se recomienda justo porque es una técnica de muy alto riesgo para estas niñas. Es tan grave que incluso se podría sospechar de un encarnizamiento en contra de las niñas por parte del personal de salud. Es decir, están causándole un sufrimiento innecesario a estas niñas que deberían de ser protegidas por las instituciones puesto que son víctimas de violencia sexual”.
¿Qué dice la NOM 046?
La Norma 046 establece que, en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación, en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
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El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas. En todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables.
Responsabilidad de las fiscalías y procuradurías
Aunado a ello, dijo, la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tendría que estar mejorando su coordinación con las procuradurías municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes porque existe también una responsabilidad dado que tendrían que estar representando a estas menores para garantizarles el acceso a los servicios de salud incluyendo el acceso a la IVE.
“La coordinación interinstitucional sigue siendo limitada y en muchos de los casos errónea porque también hay una responsabilidad de la Fiscalía General del Estado; es decir, cuando ocurre un nacimiento en una niña, cuando a una niña se le obliga a ser madre es un indicador de que las instituciones y muchas veces también las familias le están fallando a esta niña”.
De ahí que remarque que se tendría que estar actuando de manera urgente para que, en cada uno de los casos, con la implementación de la Norma 046 y de otros ordenamientos que están ya protegiendo los derechos de estas niñas, pudieran ser atendidas de manera adecuada.
Expuso que como Equifonía han dado seguimiento sobre cuántas Interrupciones Voluntarias del Embarazo se realizan en el estado a partir de la reforma al Código Penal y respecto al número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años y de IVE que se hayan realizado, lo que tiene una relación directa pues es parte de la implementación de la Norma O46.
“Desde el año pasado insistíamos en que era muy alarmante el IMSS se negara a practicar las IVES argumentando que se regían por lo que está establecido a nivel federal porque además a nivel federal ya está reconocido que las víctimas de violencia sexual deben acceder a una IVE”.
Destacó el que se haya colocado a nivel nacional esta problemática porque dijo que no solo no se está garantizando la aplicación de la Norma 046 sino que también en el sector salud hay graves deficiencias en cuanto a la aplicación del programa de aborto seguro que hay a nivel estatal y que debe ser perfeccionado.
Y es que subrayó que en todos los casos de embarazos de niñas de 14 años o menos hay violencia sexual porque la ley no reconoce el consentimiento y porque, además, casi en la totalidad de estos casos el perpetrador es mayor de edad y, por lo tanto, las niñas son víctimas de pederastia.
Discurso contra los hechos
Pese a lo dicho por el secretario de Salud, Gerardo Díaz Morales sobre que Veracruz es ejemplo en la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo, subrayó que hace falta profesionalización del personal de salud, mejorar la coordinación interinstitucional e informar a la población sobre esto.
“Eso es el discurso, pero en los hechos es que las niñas siguen siendo obligadas a ser madres en Veracruz y que hay una responsabilidad institucional y que las familias deben ser informadas respecto a los derechos que tienen sus niñas y adolescentes”.
¿Qué hacer si se detecta algún caso de violencia sexual?
Y es que dijo que muchas veces existe desconocimiento y por ello como organización han estado difundiendo este tipo de información pues la detección de violencia sexual por parte de las familias, es muy importante.
“Y que sepan además a dónde acudir va a reducir el tiempo para que esas niñas sean atendidas y si las familias saben cuáles son los derechos que tienen sabrán también cuáles son los servicios que se les deben otorgar a estas niñas, pero justo ahí entra el papel de la Secretaría de Salud porque la mayoría de estas niñas llegan a los servicios de salud en el primer trimestre del embarazo, por eso decimos que deben mejorar la coordinación con la Fiscalía”.
Recordó que en todos estos casos se debe dar aviso a la FGE y ésta a su vez, debe acudir de manera inmediata para iniciar una carpeta de investigación y realizar las diligencias correspondientes para identificar al agresor e iniciar el proceso de procuración de justicia.
Además, dijo, se debe dar aviso a las procuradurías municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes dado que son las que tienen la atribución de tomar la representación legal de la niña en caso de que uno de los padres o ambos sean los agresores y que haya complicidad con él.
Explicó que, a partir de los 12 años, la niña puede decidir sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo y en menores, tendrían que ser las procuradurías municipales quienes tomen la representación en caso de que los padres quieran imponerles el embarazo a las niñas, “el continuar con el embarazo, es una forma de torturar a estas niñas y de incrementar la vulnerabilidad que ya están padeciendo”
