Ante el incremento de ciberdelitos contra menores, madres y docentes subrayan la necesidad de supervisar el uso que niños y adolescentes hacen de las redes sociales. Esta preocupación se da en un contexto de aumento de delitos cibernéticos tanto a nivel estatal como nacional.
La falta de tipificación de estos delitos en el Código Penal de Veracruz deja a muchas víctimas sin una vía efectiva de justicia. A pesar de los esfuerzos preventivos de las autoridades de seguridad y justicia, la respuesta legal sigue siendo insuficiente para frenar el crecimiento de estos ilícitos en el entorno digital.
Los reportes ciudadanos presentados ante la Guardia Nacional (GN) muestran una tendencia creciente en la comisión de delitos cibernéticos. Según el informe GN/UAJT/UT/2081/2023, del 1 de julio de 2019 al 3 de mayo de 2023, se registraron 1,005 denuncias relacionadas con ciberdelitos en el estado de Veracruz.
En 2019 se reportaron 75 casos; en 2020, 124; en 2021, 146; en 2022, 322; y entre enero y mayo de 2023, se contabilizaron 338 reportes.
¿Cuáles son los ciberdelitos más comunes en el estado de Veracruz?
De las 1,005 denuncias relacionadas con ciberdelitos en el estado de Veracruz, un 6.4 por ciento correspondió a delitos cometidos contra menores. Entre los ilícitos más frecuentes contra menores en Veracruz se destacan:
- Acoso por internet (32 casos)
- Amenazas en línea (18)
- Pornografía infantil (14)
- Grooming (9)
- Bullying en línea (9)
- Extorsión (89)
- Pedofilia (3)
- Pederastia (2)
- Sexting (1)
En 2021, el C4 (Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) atendió 78 reportes de delitos cibernéticos contra menores en Veracruz. Los delitos más comunes fueron pornografía infantil (33 casos), amenazas a menores (19), acoso cibernético (12), extorsión (11) y grooming (3).
Obstáculos para denunciar ciberdelitos en Veracruz
Delitos cibernéticos como el grooming, el ciberacoso y el ciberbullying no están tipificados en el Código Penal de Veracruz, lo que dificulta su persecución y castigo, y limita la protección de los menores ante los peligros en línea.
Informes de transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) evidencian que, aunque existen programas de prevención, el marco legal es insuficiente para atender y sancionar adecuadamente estos delitos.
Según el informe de transparencia 04446419, emitido por la FGE, en septiembre de 2019, los fiscales especializados en delitos sexuales y violencia contra menores son competentes para investigar crímenes como la pederastia, violación y pornografía infantil, pero no para delitos cibernéticos específicos como el grooming o el ciberbullying, debido a su ausencia en el código penal local.
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Un informe adicional, con fecha de mayo de 2022, indica que la FGE no cuenta con información sistematizada para denunciar ni atender a víctimas menores de edad por estos delitos.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de su Unidad de Policía Científica Preventiva, carece de facultades para investigar o sancionar delitos cibernéticos como el grooming, ciberacoso o ciberbullying, limitándose a canalizar reportes mediante el servicio de emergencias 911 o la denuncia anónima 089.
Esta unidad, encargada de atender incidentes relacionados con el uso indebido de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) solo puede recibir denuncias y derivarlas a las autoridades correspondientes, tal como lo establece la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz.
Sin embargo, su capacidad de acción es limitada, ya que estos delitos no están tipificados en el Código Penal del estado.
El impacto en las familias de los ciberdelitos
Guadalupe González, madre de un menor, cuenta cómo su hijo desarrolló interés en los juegos en línea, en especial en la plataforma Roblox, por influencia de sus primos. Aunque ella controlaba el uso del celular y limpiaba regularmente su dispositivo, pronto comenzó a recibir mensajes amenazantes en su correo personal. Sospechó que los datos personales fueron expuestos a través de dicha plataforma.
Para Guadalupe, Roblox es un juego peligroso, tanto por su contenido violento como por la falta de medidas de seguridad para proteger a los menores. Tras la experiencia, decidió supervisar más de cerca los juegos a los que accede su hijo, además de orientarlo sobre los riesgos en línea. También ha optado por reducir el tiempo que su hijo pasa frente a la pantalla, promoviendo actividades al aire libre y deportes como la natación.
Lizelli Velázquez, docente de preescolar y madre de dos hijos, también tiene un enfoque estricto en cuanto al uso de tecnología en su hogar. “Mi hija pequeña no tiene permitido descargar juegos o aplicaciones sin nuestra autorización”, relata.
Velázquez comparte cómo un caso en redes sociales la hizo reflexionar sobre los peligros que enfrentan los menores. Un padre denunció que su hija había sido engañada por un adulto que se hacía pasar por una niña en Facebook, pidiéndole videos comprometedores que luego fueron vendidos en una página de pornografía infantil.
Como docente, Velázquez se asegura de conversar con los padres en reuniones escolares sobre la importancia de monitorear las actividades en línea de sus hijos. “La tecnología no debe ser una niñera”, afirma, advirtiendo sobre los peligros de juegos como Roblox, que considera inapropiados por incitar a la violencia.
Nadia Gómez, docente de Educación Básica, comenta que en su escuela se llevan a cabo pláticas con padres de familia para informarles, concienciarlos y exhortarlos a que vigilen a sus hijos y eviten que sean víctimas de engaños en internet.
Además, en la asignatura de Formación Cívica y Ética, se fomenta entre los estudiantes la lectura de casos reales y la reflexión sobre cómo actuar en caso de enfrentar situaciones de riesgo o engaños en el ámbito digital.
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¿Qué opinan los académicos de los ciberdelitos?
María Santos Becerril Pérez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), enfatiza que niñas, niños y adolescentes son especialmente vulnerables al ciberacoso, en particular al grooming, en el que adultos se hacen pasar por menores para ganarse la confianza de sus víctimas.
Según un estudio de Grooming Latam, cuatro de cada diez menores en América Latina han tenido conversaciones con desconocidos a través de internet, y tres de cada cuatro desconocen los riesgos que enfrentan.
Becerril subraya que los padres deben ser guías tecnológicos, acompañando a sus hijos en el uso de dispositivos y enseñándoles a identificar posibles riesgos. “Los menores deben entender que en los espacios digitales pueden encontrarse con personas malintencionadas que buscan aprovecharse de ellos”, advierte.
El Gobierno de México sugiere varias medidas para proteger a los menores de delitos como el grooming. Entre ellas, se destacan el uso de herramientas de control parental, la configuración adecuada de la seguridad en redes sociales, y el seguimiento cercano de las interacciones de los menores en internet.
En Veracruz, la Policía Científica Preventiva ofrece asesoría a través de las líneas de emergencia 911 y 089.
Tendencia nacional en ciberdelitos contra menores
A nivel nacional, la Guardia Nacional reporta un incremento en los delitos cibernéticos cometidos contra menores entre 2022 y 2023.
Según un informe obtenido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el robo de contraseñas en redes sociales dirigido a menores aumentó un 96.3 por ciento, pasando de 20 casos en 2022 a 532 en 2023.
Otros delitos, como la difamación contra menores, subieron un 55 por ciento, con 53 reportes en 2023, frente a los 36 del año anterior.
Los delitos de índole sexual también presentaron un alza. Los casos de pedofilia aumentaron de 1 a 10 en un año, mientras que la pornografía infantil creció un 52 por ciento, con 72 casos en 2023.
El grooming, una forma de acoso sexual en línea, incrementó un 33 por ciento, alcanzando 53 reportes.
El acoso en redes contra menores subió un 47 por ciento, con 531 casos en 2023, y las amenazas virtuales aumentaron un 48%, pasando de 145 a 277 casos. La suplantación de identidad se duplicó, con 36 reportes en 2023, y la corrupción de menores creció un 46 por ciento.
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